A pocas horas de la posesión presidencial, la Defensoría del Pueblo lanzó una tajante advertencia que podría definir la relación entre el próximo Gobierno y los organismos de control.
En una carta dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, la defensora del pueblo, Iris Marín, puso sobre el tapete varias preocupaciones — sobre anuncios y propuestas del futuro gobierno — que, a su juicio, podrían comprometer garantías constitucionales, libertades fundamentales y avances alcanzados en materia de derechos humanos.
En la comunicación, la señora Marín formuló un llamado preventivo para que las decisiones del nuevo gobierno se mantengan dentro del marco de la Constitución y de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.
Libertad de prensa
Uno de los puntos más sensibles del documento gira alrededor de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. La Defensoría recuerda que un jefe de Estado puede controvertir informaciones, solicitar rectificaciones o expresar desacuerdos, pero advierte que no le corresponde determinar quién puede ser considerado periodista.
El mensaje busca evitar cualquier escenario de estigmatización contra los medios de comunicación, en un momento en que el debate político mantiene una alta polarización.
La protesta social
La misiva también cuestiona el anuncio del eventual regreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) como mecanismo de control de manifestaciones.
Recuerda la defensora que la Corte Suprema de Justicia ordenó la adopción de protocolos estrictos para la actuación de la fuerza pública durante las protestas sociales, con el propósito de proteger la vida, la integridad y el derecho constitucional a la movilización.
Garantías para la oposición
Otro de los llamados está relacionado con el respeto a sus opositores políticos tras considerar preocupantes algunas declaraciones dirigidas al senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, al estimar que carecen de fundamentos suficientes y podrían interpretarse como un mensaje intimidatorio.
Preocupación por la Unidad Nacional de Protección
Uno de los apartes más delicados del descrito hace referencia al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Didier Blanco Rodríguez. La Defensoría señala que han circulado publicaciones anteriores del funcionario designado con expresiones ofensivas y estigmatizantes contra periodistas, líderes políticos, medios de comunicación y sectores de oposición.
La advertencia adquiere especial relevancia porque la UNP tiene la responsabilidad de proteger, precisamente, a quienes enfrentan mayores riesgos por su labor: defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, firmantes del Acuerdo de Paz y dirigentes políticos.
Futuro del Acuerdo de Paz
La eliminación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario también despertó inquietudes. La defensora Marín sostiene que desacelerar o suspender la implementación del Acuerdo de Paz no solo generaría cuestionamientos constitucionales, sino que podría afectar la seguridad de los territorios más golpeados por el conflicto armado.
Derechos indígenas
La Defensoría también manifestó preocupación por la eventual derogatoria de decretos relacionados con las Entidades Territoriales Indígenas. Según la entidad, estas figuras representan un avance en el reconocimiento de Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural, principio protegido por la Constitución Política.
Medio ambiente bajo la lupa
Las propuestas relacionadas con el retorno de la fumigación aérea de cultivos ilícitos y la reactivación del fracking también son objeto de observación.
La Defensoría solicitó que cualquier decisión en estas materias garantice la protección del ambiente, respete los derechos de las comunidades étnicas y se ajuste a la jurisprudencia constitucional.
Educación y pluralismo
Otro de los capítulos aborda la educación pública y recuerda que la Constitución establece que la formación académica debe promover los derechos humanos, la democracia, la convivencia y el respeto por la diversidad, luego de conocerse posiciones públicas de la ministra de Educación designada, Vivian Morales,que han sido asociadas con una visión religiosa específica.
Colombianos en el exterior
La carta también hace un llamado al gobierno de De La Espriellapara que fortalezca la protección de los connacionales residentes fuera del país. Miles de colombianos enfrentan situaciones de discriminación, xenofobia y vulnerabilidad jurídica en diferentes naciones, razón por la cual la Defensoría pidió que este tema sea una prioridad dentro de la política exterior del próximo Gobierno.
Advertencia no confrontación
Pese a la amplitud de las observaciones, la comunicación concluye con un mensaje de cooperación. La Defensoría del Pueblo reiteró su disposición de trabajar de manera armónica con el gobierno de Abelardo De La Espriella para enfrentar las problemáticas de derechos humanos que persisten en Colombia, dejando claro que su papel constitucional seguirá siendo el de vigilar, prevenir y advertir cuando considere que alguna decisión pueda afectar los derechos de la ciudadanía.
Más que una carta protocolaria, el documento representa la primera gran prueba institucional para el gobierno entrante. Las preocupaciones expuestas por la Defensoría anticipan que el debate, sobre derechos humanos, será uno de los ejes centrales del próximo cuatrienio y que cada decisión del Ejecutivo estará bajo el escrutinio de los organismos de control, la justicia y la sociedad civil.
