Apenas una semana después de asumir la presidencia de la República, Abelardo de la Espriella autorizó la realización de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en territorio nacional para combatir el narcoterrorismo y las organizaciones criminales.
La decisión fue revelada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una reunión de la coalición antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump. Según Hegseth, fue el propio Gobierno colombiano el que solicitó la cooperación estadounidense y autorizó las operaciones conjuntas.
El anuncio confirmó lo que De la Espriella había anticipado desde su campaña y que comenzó a concretarse incluso antes de su posesión. El nuevo mandatario había anunciado que Colombia ingresaría al denominado Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad liderada por Washington contra los carteles del narcotráfico, y posteriormente notificó que Medellín sería la sede colombiana de esa estrategia.
Pero lo que hasta hace unas semanas podía interpretarse como una alianza internacional contra el crimen organizado adquiere ahora una dimensión mucho más delicada: Estados Unidos anuncia que podrá realizar operaciones militares juntamente con las fuerzas colombianas dentro del territorio nacional.
¿Dependencia militar?
El Gobierno de De la Espriella tomó la decisión como una respuesta contundente frente a los grupos armados y las economías ilegales. En su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto, prometió enfrentar sin tregua al narcotráfico y reivindicar el papel de las Fuerzas Armadas en la recuperación del orden público.
Sin embargo, la decisión deja varias preguntas sin respuesta: ¿qué tipo de operaciones realizarán las fuerzas estadounidenses?, ¿en qué regiones?, ¿con qué armamento?, ¿quién tendrá el mando?, ¿qué reglas de enfrentamiento se aplicarán?, ¿qué autoridad colombiana deberá autorizar cada operación? y, sobre todo, ¿qué mecanismos de control político y judicial tendrá Colombia sobre las acciones que se ejecuten en su propio territorio?
Hasta ahora el Gobierno colombiano no ha entregado detalles equivalentes sobre los términos concretos del acuerdo con Estados Unidos. La falta de información oficial alimenta las dudas sobre el alcance real de una decisión que compromete directamente la política de seguridad y la soberanía nacional.
La soberanía, en veremos
Analistas internacionales sostienen que la Constitución colombiana establece que el presidente tiene la responsabilidad de dirigir la Fuerza Pública y conducir las operaciones de guerra, pero también contempla reglas específicas para el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. El artículo 189, numeral 7, establece que el presidente puede permitir ese tránsito durante el receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado.
Por esa razón, sectores de la oposición ya cuestionan que el Ejecutivo pueda autorizar, por sí solo y sin una explicación pública detallada, una fórmula que eventualmente implique presencia u operaciones de personal militar estadounidense en Colombia.
La controversia no significa que toda cooperación militar con Washington sea necesariamente inconstitucional. El punto central será conocer la naturaleza jurídica del acuerdo y establecer si las operaciones anunciadas implican tránsito, permanencia o actuación de tropas extranjeras, y bajo qué instrumentos fueron autorizadas.
La pregunta que queda abierta es si esa estrategia permitirá recuperar efectivamente los territorios controlados por las organizaciones armadas o si terminará convirtiendo a Colombia en el principal escenario latinoamericano de la nueva ofensiva antidrogas de Donald Trump.
Por ahora, el Gobierno celebra el respaldo de Washingtonpero en Colombia crece otro debate: el precio que está dispuesto a pagar el país por esa alianza y quién tendrá la última palabra cuando las armas estadounidenses entren en acción dentro del territorio nacional.
