La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las Farc-EP como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en 15 departamentos del país.
La decisión judicial, considerada una de las más importantes desde la firma del Acuerdo de Paz, busca esclarecer décadas de violencia que dejaron miles de víctimas en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
La investigación atribuye a los excomandantes responsabilidad por desapariciones forzadas, homicidios, masacres, desplazamientos forzados, torturas, violencia sexual, atentados con explosivos y ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.
Entre los procesados figuran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel.
El auto de la JEP documenta hechos que marcaron la historia reciente del país, como las tomas guerrilleras de Mitú y Miraflores, el atentado al Club El Nogal y los asesinatos de dirigentes políticos, académicos y altos oficiales, además de cientos de casos ocurridos en municipios de Arauca, Caquetá, Meta, Putumayo, Guaviare, Huila, Casanare, Cundinamarca y otras regiones donde las comunidades quedaron atrapadas entre la guerra, el narcotráfico y la ausencia del Estado.
La decisión se sustenta en los testimonios de 2.436 víctimas acreditadas, decenas de informes de organizaciones sociales y comunitarias, así como en las versiones rendidas por exintegrantes de la antigua guerrilla. Asimismo, incorpora por primera vez una imputación conjunta por hechos de violencia sexual y violencia basada en género cometidos durante el conflicto.
Para la JEP, esta imputación representa un paso decisivo en el derecho de las víctimas a conocer la verdad, obtener justicia y avanzar en la reparación.
Los 27 comparecientes tendrán ahora 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad plena podrán acceder a las sanciones restaurativas previstas en el Sistema Integral de Paz; de lo contrario, enfrentarán un juicio que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión.
