Si algo dejo claro la victoria de Gustavo Petro en las votaciones para escoger el nuevo Presidente de los colombianos el pasado 19 de junio y en general los más de 20 millones de votos depositados en dicha fecha es la estrecha relación entre el potente movimiento social estructurado en las grandes movilizaciones agrarias, universitarias, populares, urbanas, indígenas, juveniles, ambientales y femeninas ocurridas en los últimos 120 meses, particularmente las del 2019, 2020 y 2021 y las agudas facturas y rupturas ocurridas en el campo político e institucional del régimen oligarquico.
Colombia le debe al movimiento social y popular, a las huelgas, bloqueos y protestas el giro que estamos presenciando hoy en todo el campo político y sus diversas formas de articulación.
Quien pretenda bloquear ese curso, quien se proponga revertir la historia está condenado, será aplastado por la potencia de la multitud. Hay que entender la gramática inserta en la rebelión popular multidimensional que encarnan los liderazgos de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico con las alianzas y acuerdos que se vayan tejiendo en función de los objetivos estratégicos establecidos y las necesidades de corto y mediano plazo como el tramite de la reforma tributaria y la adopción del Plan de desarrollo, cometidos que deben ser gestionados de manera metódica y ágil. Primero lo primero. Ya Petro ha dado pasos muy seguros en la organización de su equipo de gobierno, que en términos generales es de la aceptación de los sectores populares en las regiones; se trata de un equipo idóneo y competente para ir avanzando en los primeros meses de la nueva administración popular.
Es en esa línea que se requiere concretar el anuncio de los “Diálogos regionales vinculantes” que no solo han de solventar los requerimientos de la construcción del Plan de Desarrollo sino también servir de escenarios para escuchar al pueblo y establecer compromisos solidos alrededor de temas centrales como el de la paz, la erradicación de la violencia, el impulso a la reforma agraria democrática, la atención a las personas en condiciones de pobreza, el combate a la corrupción y la reorganización de los territorios en función de nuevas realidades sociopolíticas como ocurre en el Pacifico (Tumaco y Buenaventura), el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.
El departamento del Cauca es un territorio que demanda con urgencia la organización y proyección del “Dialogo regional vinculante” que bien puede estar antecedido de unos diálogos subregionales (Patía, Norte, Pacifico, Centro metropolitano y Oriente).
El Cauca, con Un Millón Quinientos Mil habitantes, con una alta concentración de población indígena, campesina y afro, distribuida en 42 municipios, azotado por la mas feraz de las violencias, en la que intervienen las neoinsurgencias de las Farc (Comando Coordinador de Occidente y Nueva Marquetalia), el Eln y el EPL; golpeado por el exterminio sistemático de los lideres sociales y por las masacres; con una Fuerza publica (Ejercito y policía) asociado con los grupos neoparmiliatres; con una clase política podrida que ha despojado los recursos de las finanzas públicas, especialmente las de las Regalías y la paz, supuestamente focalizados en los Pdet, pide a gritos estos diálogos con el nuevo gobierno del Presidente Gustavo Petro, quien entre otros cosas, recibió un contundente apoyo electoral en este territorio, colocando en retirada a las fuerzas de la ultraderecha y del clientelismo tradicional, abriendo grandes posibilidades para que en los próximos meses una gran coalición popular y democrática elija un gobernador y alcaldes del campo de la izquierda.
Desde ya se requiere organizar un Comité de impulso de estos diálogos que no deben tardar. Pero un primer paso en la preparación de este Dialogo regional vinculante es la desmilitarización y des paramilitarización del territorio en puntos clave como Argelia, Balboa, López de Micay, el Macizo colombiano, el Naya, Buenos Aires, Caloto, el Tierrero, Caldono, Toribio y Corinto. Hay que tener claro que el principal factor de la violencia allí es la fuerza publica y su contubernio con las bandas delincuenciales del narcotráfico (carteles mexicanos) y el lavado de activos.
Reconocidos oficiales del Ejército, de la policía, funcionarios de la Fiscalía y del sistema judicial trabajan en llave con las estructuras delincuenciales de la región fomentando la violencia cotidiana contra las comunidades.
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