por medio de un comunicado Angi Rodríguez asegura que ratifica todas sus denuncias y que por ahora las declaraciones en medios de comunicación no seguirán, que espera ahora que la justicia avance en las investigaciones y que teme por su vida.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
ANGIE LIZETH RODRÍGUEZ FAJARDO
Exdirectora del DAPRE y exgerente del Fondo de Adaptación
Bogotá, 21 de octubre de 2026
Hoy quiero comenzar dándole gracias a Dios porque estoy viva, porque puedo abrazar a mi hijo y porque, a pesar de todo lo que he enfrentado, todavía puedo contar mi historia.
No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones que he realizado públicamente. Confío en Dios, en la verdad y en que algún día la justicia esclarecerá lo sucedido.
Lo más fácil habría sido callarme. Tenía muchísimo más que perder que ganar: mi vida, mi familia, mi tranquilidad, mi reputación y mi futuro. Pero tenía un compromiso ético con mi conciencia, con mis responsabilidades como servidora pública y con Colombia.
Me atreví a denunciar situaciones que, desde mi experiencia, muchas personas conocían, pero sobre las cuales guardaron silencio. La lealtad a un proyecto político jamás puede estar por encima de la Constitución, la ley y la dignidad humana.
Sé que muchos preguntan dónde están las pruebas y por qué no denuncié antes. Tienen derecho a cuestionar, pero deben comprender algo fundamental: no es lo mismo juzgar desde afuera que vivir bajo una profunda asimetría de poder.
Yo no estaba enfrentando a cualquier persona. Denunciaba hechos que atribuía a quien ejercía la Presidencia de la República: jefe de Estado, jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Además, encabezaba un Gobierno bajo cuya autoridad funcionaban organismos de inteligencia y contrainteligencia.
He denunciado que el entonces presidente me amenazaba, me decía que nadie me creería y que estaba vigilada. También he denunciado amenazas de cárcel, advertencias sobre un supuesto «plan B» y presiones que me hicieron temer por mi integridad.
Sabía que podían intentar destruirme mediante acusaciones falsas, señalamientos y posibles montajes.Por eso hable e hice público el tema de Valledupar, ese es su modus operandi, que no aceptamos y por eso termine relacionada como paramilitar, entre otros.
Pero lo más doloroso fue que involucraran a lo más sagrado de mi existencia: mi hijo. Las amenazas que he denunciado eran explícitas. Sentí que intentaban silenciarme utilizando el miedo por su vida. Él no tenía absolutamente nada que ver con mis responsabilidades públicas. ¿Por qué tenían que meterse con él? Ninguna madre merece vivir semejante situación.
Pasé noches enteras llorando. Mi salud se deterioró. Incluso mi propia familia me cuestionaba, sin conocer completamente lo que estaba viviendo. Mi padre, con una historia vinculada al M-19, llegó a pedirme que guardara silencio, pero ni siquiera a él podía explicarle todo.
Quienes me conocen saben que siempre he sido una mujer alegre, espontánea y extrovertida. Todo aquello me fue apagando. Me quitaron la tranquilidad, me quitaron la paz y me robaron mi alegría.
Me sentí deshumanizada, como si hubieran trapeado el piso conmigo. Sentí vulnerada mi dignidad, precisamente aquella que el artículo 1 de la Constitución reconoce como fundamento del Estado social de derecho. He denunciado hechos que considero constitutivos de tortura psicológica.
Me decepcioné profundamente de un proyecto político en el que creí. Llegué a normalizar lo inadmisible y a justificar lo injustificable. El 13 y 14 de enero de 2026 marcó un antes y un después en mi vida. Incluso en julio volví a buscar a Gustavo Petro porque quería creer que estaba equivocada. Terminé aún más decepcionada.
Quiero que los colombianos dimensionen lo que significó mi decisión. En más de doscientos años de vida republicana, ¿cuántas mujeres, siendo altas funcionarias del Gobierno, se han atrevido a denunciar al presidente de la República mientras este todavía ejercía el poder?
Yo era gerente del Fondo de Adaptación cuando decidí denunciar al entonces presidente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Conocía la concentración de poder que enfrentaba, las posibles consecuencias y el miedo que sentía por mi familia. Pero llegó un momento en que, entre lágrimas y agotamiento, me dije: «No aguanto más. No aguanto más». Y decidí denunciar.
No denuncié porque no tuviera miedo. Denuncié a pesar del miedo.
Y debo decir algo que quizás muchos no comprendan: hablar me protegió. Salir a los medios de comunicación me protegió. Cada vez que sentía que mi vida estaba en peligro, hacer pública mi situación era una forma de defenderme. Estoy convencida de que visibilizar lo que estaba viviendo contribuyó a que hoy siga con vida. No sé qué habría sucedido si hubiera permanecido en silencio, pero para mí hablar fue un mecanismo de protección.
La Ley 2453 de 2025, sobre violencia contra las mujeres en política, contempla medidas de prevención, atención y sanción. Sin embargo, una cosa es lo que establecen las normas y otra lo que vivimos quienes acudimos a las instituciones buscando protección.
Una mujer que denuncia no debería terminar sintiendo que es ella quien está siendo juzgada por haber tenido la valentía de hablar.
He solicitado ayuda reiteradamente y me he sentido desprotegida y revictimizada. El Estado tiene el deber de investigar con diligencia, recaudar pruebas y proteger a quienes denuncian. No puede ser que la carga de defenderse de nuevas acusaciones termine recayendo sobre quien tuvo la valentía de denunciar, mientras los hechos denunciados permanecen sin esclarecerse.
Ese es un mensaje devastador para la sociedad: si denunciar significa exponerse a nuevas investigaciones, señalamientos y riesgos, muchas personas preferirán callar. Así se alimentan la desconfianza institucional, el silencio y la impunidad.
Colombia enfrenta problemas graves y persistentes de impunidad y violencia contra las mujeres. No necesitamos acostumbrarnos a ellos ni convertirlos en estadísticas que dejan de conmovernos. Necesitamos instituciones capaces de investigar sin sesgos y proteger sin discriminación.
También aprendí una lección dolorosa: la violencia contra las mujeres puede ser ejercida por otras mujeres. Compartir nuestro género no garantiza solidaridad ni impide la revictimización. Me dolió el silencio de sectores que defienden públicamente los derechos de las mujeres, pero de los que no recibí el acompañamiento que esperaba. Los derechos de las mujeres no pueden depender de conveniencias políticas o ideológicas.
Mi experiencia me deja una reflexión: el poder pierde su legitimidad ética cuando deja de proteger la dignidad humana y se convierte en un instrumento de intimidación.
Hoy quiero dejar constancia pública de algo profundamente doloroso: temo por mi vida y por la seguridad de mi familia. Tengo miedo de que en cualquier momento puedan asesinarme.
Ante la gravedad del riesgo que advierto y considerando, además, los acuerdos de confidencialidad que he suscrito, los cuales respetaré, me veo obligada a no conceder nuevas entrevistas ni continuar pronunciándome sobre estos hechos en los medios de comunicación.
Invito a los colombianos a escuchar completas las entrevistas que ya concedí y a sacar sus propias conclusiones, sin quedarse únicamente con titulares o fragmentos que considero descontextualizados.
Si algo llegara a sucederme a mí, a mi hijo o a cualquier integrante de mi familia, solicito que las autoridades nacionales e internacionales investiguen de manera inmediata, exhaustiva e independiente los hechos, las amenazas que he denunciado y las posibles responsabilidades de las personas que he señalado públicamente, entre ellas Gustavo Petro, Carlos Carrillo, Raúl Moreno y Miguel Ángel Ospino, así como de cualquier otra persona cuya participación pueda establecerse. Esta solicitud no constituye una declaración anticipada de culpabilidad: corresponde a la justicia determinar las responsabilidades con fundamento en las pruebas y el debido proceso.
Quiero expresar públicamente mi profundo agradecimiento al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por el apoyo que, desde mi experiencia, he recibido en materia de seguridad durante uno de los momentos más difíciles de mi vida.
No lo conozco personalmente y nuestras posiciones políticas e ideológicas han sido diferentes. Precisamente por eso, su apoyo me deja una de las reflexiones más importantes de todo este proceso: no vale la pena ser sectarios políticos.
Resulta profundamente triste que, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, haya encontrado ayuda en personas ideológicamente opuestas a mí, mientras me sentía abandonada por otras con quienes compartí un proyecto político. Hoy comprendo que la solidaridad, la protección de la vida y la dignidad humana no deberían tener partido político.
Y a los colombianos quiero dejarles un consejo que nace de mi propia experiencia: nunca peleen por políticos. Los políticos pueden decepcionarnos; nuestras causas, nuestros principios y nuestras convicciones no tienen por qué desaparecer con ellos. No vale la pena sacrificar amistades, familias ni nuestra humanidad por defender a una persona o un proyecto político. La lealtad más importante debe ser siempre con nuestra conciencia, con la Constitución y con Colombia.
Mi decisión de guardar silencio ante los medios no significa retractarme, renunciar a la justicia ni abandonar mis derechos ante las autoridades nacionales o las instancias internacionales.
No soy invencible. Soy una mujer, una madre y un ser humano que ha sentido miedo, tristeza, soledad y una profunda decepción. Me pueden juzgar, señalar y criticar, pero nadie conoce completamente lo que he tenido que soportar.
Quizás pasen meses o años antes de que la justicia esclarezca lo sucedido. Mientras tanto, quiero vivir, proteger a mi hijo, recuperar mi tranquilidad y continuar construyendo mi futuro.
A los colombianos que creen en Dios, les pido de corazón que oren por mí, por mi hijo y por mi familia. Yo creo profundamente en el poder de la oración. Hoy necesito esa fortaleza espiritual más que nunca.
No me retracto. No renuncio a la verdad ni a la justicia. Pero tengo derecho a vivir.
Lo más fácil habría sido callarme. Pero mi conciencia no me lo permitió.
ANGIE LIZETH RODRÍGUEZ FAJARDO
Exdirectora del DAPRE
Exgerente del Fondo de Adaptación
