En esta nación del Sagrado Corazón donde hemos naturalizado la violencia a niveles absurdos, el grave caso de la masacre de la Vereda El Remanso de Puerto Leguízamo, perpetrada por el Ejército de Colombia el 28 de marzo del 2022 no puede pasar desapercibido, ni quedar en la impunidad. El Estado, las fuerzas militares deben dar explicaciones veraces por el modus operandi de esta acción militar en la que fueron asesinadas 11 personas entre ellas, líderes sociales, líderes indígenas, mujeres y niños, dejando heridas a muchas otras personas, mientras departían en una celebración.
¿Quién tiene la verdad? En este cruce de relatos donde el Ejército y el gobierno en voz del presidente Iván Duque, del Ministro Molano, del General Zapateiro se sostiene en que la acción fue estrictamente planificada y realizada bajo parámetros del DIH, hacia un grupo disidente de la antigua Farc; la comunidad víctima afirma que fueron atacados indiscriminadamente mientras se encontraban en una fiesta comunal, la cual había sido organizada con anticipación, promocionada abiertamente, y además contó con la participación de 400 personas o más de la vereda El Remanso y de las zonas aledañas.
Las víctimas sobrevivientes de este ataque del Ejercito de Colombia enfatizan en que las personas asesinadas eran civiles desarmados y no entienden por qué aquellos miembros de la fuerza pública que deben por mandato constitucional ser sus protectores, fueron por el contrario sus verdugos, convirtiendo su fiesta comunal en un infierno terrenal ese amanecer del 28 de marzo.
En un acto de solidaridad y humanidad debemos unirnos a la petición y reclamo justo de la comunidad víctima del Remanso y Puerto Leguízamo para que en este caso haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Que paguen por esta masacre los autores intelectuales y materiales es urgente para que Colombia pase esta dura página de la violencia.
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