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Ese es el punto que debe decidir la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en las próximas horas: si Álvaro Uribe Vélez delinquió presuntamente, como un colombiano del montón, o si lo hizo ostentando alguna investidura de funcionario público, amparado por fuero especial. Al respecto, no se necesita tener el brillo de los astros del derecho, para saber que el caso no es el de un hombre común y corriente que incurrió en un raponazo en la décima con décima de Bogotá, ni que se trata de una denuncia única, que ha llegado ante un inspector de policía. Ese no es el punto.
El punto es que Álvaro Uribe Vélez, ingresó a la función pública en 1976, y que con muy pocas interrupciones estuvo en la alta burocracia del Estado hasta el 18 agosto de 2020, ocupando los siguientes cargos: Jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín, Secretario del Ministerio del Trabajo, Director de la Aeronáutica Civil, alcalde y concejal de Medellín, senador de la República, gobernador de Antioquia, presidente de la República y nuevamente senador. Y que, de acuerdo con lo que sabe la opinión pública, en el desempeño de algunos de esos cargos Uribe incurrió presuntamente en varios crímenes, bien por acción o por omisión, entre los que se encuentran favorecer la creación de grupos paramilitares, la comisión de masacres y el asesinato de defensores de derechos humanos. Por esos presuntos delitos ha habido denuncias ante tribunales nacionales e internacionales, siendo condenada Colombia en estas últimas instancias.
Apoyado en hechos y en pruebas documentales, el senador Iván Cepeda adelantó un debate de control político en 2014, contra el entonces senador Álvaro Uribe Vélez. De ese debate Uribe salió del recinto del Congreso a formular ante la Corte Suprema de Justicia, denuncia penal contra Cepeda, por presunta manipulación de testigos. Ese tribunal absolvió a Cepeda, pero encontró que quien probablemente había sobornando testigos e incurrido en fraude procesal había sido precisamente el senador Uribe. Por esos presuntos delitos fue por los que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento al expresidente de la República.
Desde cuando la Corte lo llamó indagatoria, Uribe, su partido —el Centro Democrático—, el gobierno que él impuso y casi todos los medios de comunicación han ejercido una indebida presión contra los magistrados que lo investigan. Páginas enteras en los principales diarios del país, reportajes de más de dos horas, salvas de trinos, contratación de firmas en Estados Unidos para desprestigiar a la Corte Suprema y sembrar el temor entre sus jueces, ha sido parte de su estrategia de defensa.
La penúltima leguleyada de Uribe, la realizó el pasado 18 de agosto, al renunciar a su calidad de senador, con la tesis de que los presuntos delitos de soborno y fraude procesal nada tuvieron que ver ni con la función de legislador, ni con la cadena de crímenes de los que se le acusa. Es la teoría del ladronzuelo, que en un caso único, es cogido en el momento en que se apropia de un bien ajeno. Es el argumento que durante las últimas dos semanas, los abogados de Uribe, centenares de juristas y muchos editoriales y columnas de opinión han esgrimido para presionar a la sala de Instrucción de la Corte, para envíe el proceso a la Fiscalía, porque al no haber fuero perdió la competencia.
Pero también está la otra tesis: que Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de senador, incurrió presuntamente en varios delitos, con el propósito de ocultar su participación en graves violaciones a los derechos humanos. Los juristas que sustentan esta teoría, señalan que los delitos de lesa humanidad y comunes conexos, objeto de investigación, además de ser imprescriptibles, habrían sido cometidos como parte de una unidad de propósito, razón por la cual la Sala Instrucción de la Corte no pierde competencia, y debe seguir conociendo de esa serie de crímenes. Es la teoría que sostienen entre otros los exmagistrados Alfredo Beltrán, Luis Ernesto Vargas y José Gregorio Hernández, y la que plantearon el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, en la denuncia formulada ante la Corte Suprema de Justicia, contra Uribe, por los delitos de lesa humanidad.
Lo sensato ante estas dos tesis, es permitir que los magistrados deliberen lejos del ruido, de las presiones, de las amenazas y los señalamientos. Lo prudente es esperar la decisión que tome la Sala de Instrucción de la Corte, cualquiera que esta sea.
