Meterle la mano a la JEP en cualquier sentido es volver trizas el acuerdo de paz. Hacerlo para prohibir la práctica de pruebas en la extradición y crear una sala especial para juzgar a los militares, es jugar con candela, pues los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las Farc”.
Tocar la Justicia Especial para la Paz –JEP– es volver trizas el acuerdo, porque es el único punto que no estaba previsto en la Constitución de 1991. Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado.
Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que, los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las Farc, ya hacían parte de la ley superior.
En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.
Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada.
Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decir las cosas como son: en La Habana no se negoció absolutamente nada nuevo.
Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las Farc, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros puedan hacer política sin que los maten, ser juzgados por un tribunal especial y no ser llevados a una cárcel de barrotes. Para eso se creó la Justicia Especial para la Paz –JEP–.
En esencia, a eso se redujo el acuerdo de paz suscrito entre el Estado y las Farc. De ahí, que meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo está haciendo en Centro Democrático: “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia.
Pero volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar a los excombatientes de las Farc y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe y los suyos.
Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Aún faltan dos instancias. Los cambios introducidos a la ley procesal de la JEP, modifican la estructura que a este organismo le dio el acto legislativo número 1 de 2017, por lo que podrán ser declarados inexequibles por la Corte Constitucional.
Y, allende las fronteras, como lo saben Uribe/Duque y sus íntimos, Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales.
