Todo parece indicar que el gobierno se encuentra en medio de una coyuntura crítica: o se endereza la implementación del Acuerdo de Paz o quedará atrapado en la larguísima sombra del incumplimiento. La realidad es tozuda y evidencia que, a excepción de la entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras y la creación de varias Zonas de Reserva Campesina, la implementación de lo acordado en La Habana se va adentrando en el sinuoso camino del estancamiento.
Sí en el gobierno del “cambio” la implementación corre grave “peligro”, tal como lo afirmó recientemente Rodrigo Londoño “Timochenko”, no solo es una consecuencia de los coletazos de la desastrosa política de “paz con legalidad” ejecutada durante el gobierno Duque como estrategia para desvertebrar el potencial transformador del acuerdo, sino a la lentitud con la que Petro asumió la tarea de avanzar en la implementación y convertir el Acuerdo de Paz en lo que realmente es: un eje central de la paz total.
Solo hay que recordar que durante seis meses la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), entidad creada para acompañar la ruta de reincorporación de todos
los actores que deponen las armas, estuvo completamente acéfala. Solo fue a mediados de diciembre que Petro nombró una directora; pero ese retraso, absolutamente
injustificado, generó un estancamiento en la entidad que ocasionó retrasos estructurales, incertidumbre en el futuro de los proyectos productivos y una sensación de que lareincorporación no se ajustaba a las prioridades del gobierno.
Algo bastante extraño, pues si uno de los objetivos del gobierno implica llegar a un modelo de desarme con los grupos que vienen pidiendo pista en la paz total, se necesita fortalecer la misionalidad de la ARN y hasta diseñar una nueva política de reincorporación. Curiosamente la ARN no solo estuvo acéfala por medio año, sino que en el proyecto depresupuesto general se le intentó reducir la asignación para su funcionamiento. ¿Eso qué mensaje envía?
Capítulo aparte merecen los otros componentes de la Reforma Rural Integral que no se relacionan con el Fondo Nacional de Tierras o con el programa de formalización masiva de la pequeña propiedad. Este es el momento donde el “gabinete para la paz” -una figura creada por la ley de paz total- no ha sesionado ni una sola vez para aclarar el futuro de los dieciséis Planes Nacionales Sectoriales; donde no es claro si la Agencia de Renovación del Territorio será un “caramelo” para Francia Márquez en su Ministerio de la Igualdad o sí volverá al Ministerio de Agricultura; donde no se conoce la nueva política de sustitución que, a su vez, sustituya al antiguo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. A lo que se agrega una política de seguridad que responda a los criterios de creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, esclarezca el fenómeno del paramilitarismo y garantice la vida de los liderazgos sociales o la permanencia de los excombatientes en
algunas regiones del país. Ya se volvió lugar común afirmar que la paz total se convirtió en la política de mucha zanahoria y poco garrote.
Mientras que Petro se dedica a “gobernar el pasado” y cuestionar las líneas rojas que Santos le impuso a las Farc en La Habana, se debería concentrar en lo urgente y lo
inmediato: centralizar la implementación del Acuerdo como un pilar esencial de su gobierno -algo que no rivaliza con las reformas sociales-; activar el gabinete para la paz; ejecutar los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral, y aterrizar a escala local el nuevo paradigma de la lucha contra el narcotráfico. Sé que el Estado puede ser bastante paquidérmico y también reconozco el impacto de los “enemigos internos”, pero en un país tan presidencialista como Colombia, el presidente sí
tiene un amplio margen de maniobra para imponer el ritmo y posicionar agendas. De ahí que considere que la implementación del Acuerdo de Paz, con todos los ajustes para mejorar que se le puedan hacer, no se pueda asumir como un mero apéndice de la paz total o se reduzca a la creencia absurda de que priorizar su implementación sería honrar el “legado” de Santos.
Hasta que no se comprenda que el Acuerdo se diseñó para toda la sociedad, no solo para beneficiar a los integrantes de las extintas Farc, su implementación no dejará de correr peligro. Algo que parece que desde las entrañas del gobierno del “cambio” entienden pero a medias.
