La Misión de Observación Electoral/MOE acaba de publicar un importante texto y unas cartillas con unos Mapas y factores de riesgo electoral que será necesario consultar e implementar con el fin de evitar el fraude electoral y garantizar la mayor transparencia en los próximos eventos para escoger candidatos presidenciales, parlamentarios y Presidente de la República.
Entre los factores de riesgo más delicados están la violencia, el soborno al elector, la manipulación de votantes, la adulteración de escrutinios y la corrupción de las autoridades correspondientes (Registradores y Magistrados del Consejo Nacional Electoral).
Ante el desgaste del gobierno del señor Duque y el desprestigio de sus amigos uribistas del Centro democrático y de las otras facciones oficialistas con representación en el gabinete Ministerial y en las altas esferas gubernamentales, y frente a las consabidas consecuencias políticas de tal fenómeno lo que se puede observar es una reacción desesperada de los principales protagonistas del campo oficialista. Ex Presidentes, senadores, parlamentarios, contratistas y otras fichas de las redes de poder han desatado un sinnúmero de estrategias y acciones para amarrar votos y garantizar los bloques electorales que impidan la pérdida del control del gobierno y sus más importantes palancas burocráticas y presupuestales.
Al señor Uribe Vélez se le nota muy febril promoviendo decretos para eliminar aranceles a insumos agrícolas, proponiendo entregar 10 billones de pesos para supuestamente acabar con el “gota a gota y sugiriendo ampliar las familias beneficiarias de la renta básica conocida como Ingreso solidario por 160 mil pesos.
Todo este embeleco obviamente tiene un claro fin electorero para engañar millones de ciudadanos en lastimosas condiciones de pobreza y miseria.
En todo este tejemaneje clientelista hay sistemas más oscuros de manipulación que deben ser materia de preocupación para la MOE, y con esto me refiero al papel del Departamento para la Prosperidad Social DPS, instituto adscrito a la Presidencia de la República que está bajo la dirección de un cuerpo sectario y politiquero de la entera confianza del “Innombrable” del Uberrimo, pues Susana Correa, su Gerente es una descarada ficha de las entrañas de las catervas de la ultraderecha de los ingenios azucareros del Valle del Cauca y del Cauca, que juega abiertamente en favor de los candidatos del Centro Democrático de todo el país mediante la adjudicación a dedo de multimillonarios contratos en programas como Familias en Acción, Familias en su Tierra, Iraca (para víctimas afros e indígenas), Ingreso solidario, Adulto mayor y Jóvenes en Acción, en los que los favorecidos son reconocidos Operadores del partido de los contratistas.
Tatiana Buelvas Ramos (de la Casa Char), es, como Secretaria General del DPS, la encargada de adjudicar y firmar contratos multimillonarios a Operadores como los siguientes:
Alianza FEST IV, representada por Gloria Esther Añez Martínez quien tiene el Contrato 265 por 16 mil millones de pesos para el 2022.
Consorcio FEST CARIBE, representado por José Enrique Herrera Jiménez, quien tiene el Contrato 255 del 2021 por 16 mil millones de pesos.
Unión Temporal FAMILIAS 2021, representado por Diego Andrés Moreno Tirado, quien tiene el Contrato 439 de Fondo de Inversiones para la paz por un valor de 11 mil millones de pesos con el único propósito de armar una base de datos del Programa Familias en Acción.
Consorcio ESCALANDO FUTURO-CORPROGRESO, representado por la Señora Ángela Garzón, quien tiene el Contrato 256 del 2021 por un valor de 16 millones de pesos.
Estos y 80 contratos más adjudicados entre el 2021 y lo corrido del 2022 por una cifra superior a un billón 500 mil millones de pesos están rodando en la actualidad sin ningún control, con evidentes riesgos electorales que deberían ser objeto de observación y seguimiento por la MOE y por otras organizaciones de la sociedad civil como las Veedurías ciudadanas y Auditorías sociales que no tienen los espacios necesarios en el DPS y en su Oficina de Control interno, completamente ineficiente en las tareas que le ha encomendado la Ley.
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