El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió investigación contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.
Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que “Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”.
La Superintendencia de Transporte identificó que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a 1 billón.
Por lo tanto, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los 2,1 billones.
Adicional, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados deberán ser anulados y revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando a más de 1,4 millones de colombianos.
El Gobierno deberán Gustavo Petro, reiteró que continuará adelantando actuaciones administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y los sistemas de fotodetección operen bajo el estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia frente a los ciudadanos.
