La ultraderecha neonazi uribista junto a sus aliados de las mafias de todos los pelajes como el Grupo Empresarial Antioqueño integrado por las firmas Sura (Seguros con grandes inversiones en las AFP de Chile), Argos (en la línea de la producción de cementos y contratación de obras civiles) y Nutresa (un monopolio de los alimentos) siguen en la sórdida conspiración para destruir el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero e impedir la implementación de su Plan de Desarrollo con avances y reconocimientos a nivel nacional por ser la mejor ruta programática de un gobierno local en el país.
Como bien es sabido, el expresidente Álvaro Uribe, ha orquestado y organizado un Plan para bloquear, paralizar y liquidar el gobierno de la ciudad de Medellín (la segunda ciudad más importante de Colombia) en cabeza de un joven líder que derroto a Alfredo Ramos Maya (hijo de un parapolítico condenado), en las elecciones de octubre del 2019 por un amplio margen y en un hecho sin antecedentes en una ciudad que ha sido controlada por décadas por los grupos de la ultraderecha (Opus dei), las mafias del narcotráfico (Pablo Escobar y Don Berna) y los grupos paramilitares (Bloque Metro de doble cero).
El desalojo del gobierno de esta nomenclatura retrograda por supuesto ha significado un quiebre con el autoritarismo, la corrupción y la violencia sistemática contra las organizaciones comunitarias y de los derechos humanos, estigmatizados por el discurso de los politiqueros reaccionarios y su red de medios que encabeza un periódico de origen nazi, El Colombiano (hoy en bancarrota fatal).
En la ruta de la revocatoria contra Quintero, prevista en la Constitución Política, Uribe Vélez se ha concertado con la mafia empresarial antioqueña (una de las más poderosas del país), misma que ha sido beneficiaria de la contratación estatal a dedo y de la colusión con las redes delincuenciales que tienen secuestrada la burocracia municipal, especialmente la de las Empresas Publicas de Medellín, una histórica entidad del municipio que se convirtió en propiedad feudal de las castas oligárquicas regionales en cuya cúspide esta Uribe, quien utiliza esta institución y su presupuesto para financiar sus campañas electorales como lo ha denunciado el Alcalde Quintero, quien, por lo demás, desenmascaro el robo y saqueo ejecutado en la construcción de la represa de Hidroituango.
Para revocar al alcalde, se ha denunciado que sus promotores han cometido varios delitos como suplantar las firmas de miles de personas, denuncias ignoradas por la autoridad electoral; utilizar financiación ilegal; y desatar una guerra sucia a través de las redes y el periódico El Colombiano de Medellín, de la familia Gómez Martínez, del riñón del Opus Dei paisa.
Quintero esta denunciado que los flamantes empresarios del Gea son una mafia bastante similar a la de Pablo Escobar, vinculada a fraudes y maniobras financiera criminales.
Argos es artífice del Cartel del Cemento sancionados por los jueces gringos. En Colombia son los campeones de la cartelización llevando a que en el 2008 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionara varias empresas, entre ellas Cementos Argos, filial del Grupo Argos, al hallarlas responsables de conformar un cartel empresarial, para fijar artificialmente los precios del cemento entre junio y diciembre de 2005 y repartirse el mercado de cemento en Colombia. En 2018, una sentencia del Consejo de Estado confirmó el fallo de la SIC y señaló que la decisión fue adoptada con plena sujeción a la ley. Las sanciones impuestas en el 2008, sumaron $930 millones para Argos y $168 millones para el representante legal de la compañía en esa época, José Alberto Vélez.
En el 2007, por prácticas similares de dos exempleados en Georgia, Argos USA (subsidiaria de Cementos Argos) firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar una multa de US$20 millones.
Como lo ha denunciado Quintero, la estructura accionaria de los grupos Sura, Nutresa y Argos es irregular y prohibida en Colombia.
Son una mafia consumada que presume con su retórica seudo empresarial, la misma que ahora El Colombiano quiere maquillar con idílicos procesos de metodología japonesa keiretsu de articulación de estructuras corporativas.
Esa mafia se ha beneficiado de su infiltración en las Empresas Publicas de Medellín apropiándose de miles de millones de pesos que debieron ser invertidos en la solución de los graves problemas sociales que afectan a cientos de miles de hogares en la capital del Departamento de Antioquia.
El proceso de revocatoria sigue y quienes apoyamos al Alcalde Quintero acudiremos en su defensa con Acciones de Tutelas ante los jueces para que se castigue a quienes han suplantado firmas y hacen jugadas sucias con el fin de afectar el avance de Medellín en un proceso de democratización y de vigencia de los derechos humanos.
El Alcalde ha dicho que asume los desafíos planteados por el campo reaccionario del uribismo y sus empresarios fletados y que utilizara todos los mecanismos jurídicos, institucionales y políticos para defender su Programa de gobierno que debe cerrarse en el 2023.
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