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Cada vez, se observa con absoluta evidencia, sobre la politización de la justica en Colombia, los jueces como administradores de justicia, cada vez, menos pueden actuar con independencia y autonomía, en muchos casos judiciales en que deban resolver, impera la presión, componendas, influencias, temeridad etc. Todo esto depende de la imagen, al poder político y económico, relaciones interpersonales del investigado, indiciado o procesado. Algunos sujetos implicados en delitos penales, son considerados intocables por nuestra justicia y la sociedad, siendo así, se pierde la credibilidad en la justicia, se incrementa la anarquía y la justicia es tomada por mano propia, por ende el incremento desmesurado de la violencia se refleja cotidianamente.
Así se muestra en el caso del exsenador Uribe Vélez, es uno de esos personajes que consideran intocables para los administradores de la justicia, causa pánico investigarlo, peor aún procesarlo y condenarlo; a pesar de su extenso prontuario delictivo en que se encuentra inmerso y los contundentes acervo probatorio existentes en todos los plenarios, en que está vinculado por gravísimos delitos entre ellos de lesa humanidad, donde la parcialidad de los investigadores y los juzgadores son relevantes; desde el ejecutivo toma partido en las decisiones judiciales, el presidente Duque, se involucra directamente y presiona a los jueces con sus discursos incoherentes “el que la hace la paga” solo aplicable para los de ruana, cuando se trata de personajes de su círculo cercano, exige a la juzgadores, que decían a su conveniencia e interés personal y de sus allegados; hace el papel clarísimo de juez y parte; lo mismo sucede con algunos delegados del ministerio público y la fiscalía, se conciertan para exigir la no investigación, sí libertad a estos sujetos de cuello blanco.
Nuestra justicia flaquea, además de estar coja y ciega. Por tal razón, es directamente proporcional la deficiencia, carencia y lentitud de la justicia con el alto grado de violencia, inequidad y pobreza en todas sus expresiones a nivel nacional.
Es un peligro la inseguridad jurídica que padece nuestro país, con ese inescrupuloso manejo clasista y arribista. Es clara la descomposición de las instituciones, la rotura y falta de independencia de los poderes y el objetivo para el cual fueron creadas. Una justicia injusta, conlleva a una hecatombe social, una cruda e infinita violencia, desigualdad social más pobreza y la riqueza concentrada en un minúsculo grupo de potentados, que solo busca a explotar a los más necesitados, usufructuar el estado y enriquecerse ilícitamente y vorazmente en detrimento de la mayoría de la población, la cual se encuentra desamparada por el estado.
