El triunfador de una elección popular debe estar en el corazón de sus electores y no en la chequera de sus patrocinadores. Manos arriba, calzones abajo.
Se puso de moda el término ‘peinar’ para referirse a cuando, en desarrollo de una entrevista o debate, le dan un revolcón o aplanchada a alguno de sus participantes. Es curioso que a Margarita Cabello no la ‘peinaron’, sino que ella misma se descabelló (escuche aquí la canción _despeinada, ja ja, ja ja), a juzgar por las actuaciones de la semana pasada. Sin que nadie la metiera en la olla, la procuradora general resolvió nadar en río revuelto y armar un zaperoco con unas medidas cautelares de dudosa fundamentación jurídica. Si hurgan en su memoria recordarán el tamaño regaño que tuvo que soportar Alejandro Borgia –perdón– Ordoñez, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando destituyó e inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas al entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. La Corte le dijo al Estado colombiano, con toda claridad, que la Procuraduría General es una simple autoridad administrativa y no un juez penal, por lo cual no puede privar –ni siquiera afectar– los derechos políticos de un funcionario elegido por voto popular.
Todo parece que la descabellada optó por aplicar la misma fórmula fallida –y podría decirse, ilícita, en tanto contraviene lo asentado por la Corte Interamericana– al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. En un futuro cercano, la procuradora tendrá que morderse la cola como el alacrán, cuando le llegue su llamado de atención desde San José de Costa Rica (sede de la CoIDH). No conocemos a profundidad el desempeño del alcalde Quintero, salvo la feroz oposición del uribismo de la que se infiere que algo estará haciendo bien. A Quintero le asisten todos los derechos correspondientes a su calidad como funcionario electo por voto de los ciudadanos, al igual que a la otra víctima de este experimento, Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, quien también recibió una taza de tinto con unas goticas de cianuro –siguiendo el ejemplo de un ex-fiscal– para sacarlo del cargo.
Sin ánimo de causar polémica, nos parece chistoso que el presidente de la República no sepa cómo reemplazar a un alcalde que ha sido sujeto a una medida de suspensión provisional del cargo. Duque nombró como alcalde encargado de Medellín a una persona que ha sido abiertamente opositora del funcionario suspendido y quien de ninguna manera pertenece al partido que venció en las urnas y llevó a Quintero a la alcaldía. Con cada día que pasa en el gobierno se hace más urgente que una facultad de Derecho seria, le ofrezca un cupo al presidente Duque para que termine allí su pregrado.
El abogado Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny) en uno de sus juiciosos análisis comentó sobre el rol de la Procuraduría General: “algunos hemos propuesto desde hace años su supresión pues es una institución redundante y riesgosa”. Es muy poco el bien que la Procuraduría le está haciendo al país. Se ha convertido en un monstruo que quiere morder a todos aquellos líderes que no estén situados con el gobierno o, dicho de otra forma, a la derecha de la derecha. Durante el reinado de Borgia y los sucesivos, esta entidad solo ha servido para intimidar y para asustar. Como decían las monjitas para quitarse a alguien del camino: “lo que no sirve, que no estorbe”.
Esta es una buena oportunidad para reiterar una duda que nos acecha: ¿cuándo aprenderán los áulicos de Uribe y Duque que los tratados en materia de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad y son de obligatorio cumplimiento para todos, pero especialmente para las instituciones del Estado? Dado que nunca tendremos respuesta por parte de estos, acudimos a nuestro aedo de confianza, quien en uno de sus múltiples versos dijo “recuerden que los perros ladran a la Luna porque no la pueden alcanzar”. Procuradora, deje de ladrarle a Petro.
Y hablando de lo que está de moda, parece que los uribistas sí tienen calzones, o al menos tienen como hombre fuerte en Risaralda a un señor ‘Calzones’, de acuerdo con información publicada por El Espectador. César Giraldo, alias Calzones, es socio de andanzas del representante Gabriel Vallejo, así como líder de la campaña de ‘Fico’ en el norte del Valle y en el sur de Risaralda. Este finquero comenzó como vendedor minorista de víveres y hoy en día es un gran financista de campañas del Centro Democrático. En la investigación de El Espectador se relatan varios negocios que ha hecho el señor Giraldo con narcotraficantes y personas cercanas a la mafia, algunos de ellos pertenecientes al grupo paramilitar La Cordillera, organización que, si tienen buena memoria, fue la que habría planeado matar a Petro durante un evento en Pereira. Es tal la urgencia del candidato con alias que tuvo que amarrarse los pantalones y se trajo a Calzones a la campaña, con toda su plata y sus oscuras conexiones. Con ocasión de esta historia, los tomapelo andan diciendo “yo no trafico con Fico”. Entiendan esa frase como a bien tengan, no es dicho nuestro, solo lo transcribimos.
En un viaje reciente al exterior nos dio pena cuando nos recordaron que la cara de Colombia en la Organización de Estados Americanos es Alejandro Ordóñez. No tuvimos cómo pedir excusas por semejante desafío al Sistema Interamericano y solo nos salió decir: “somos colombianos, pero no gobiernistas”. Quienes son poco conocedores de la historia confunden a Alejandro con Inocencio y es cierto que el primero a veces se hace el inocente, pero las pilatunas que como papas hicieron nos recuerdan que son personas poco recomendables para cualquier cargo. Justo es recordar las pilatunas de Inocencio en el Languedoc, persiguiendo cátaros para aplicarles la ley terrenal. Cuando ocurrió la masacre de los cátaros, le preguntaron a uno de los soldados-capitanes del papa qué pasaría si se equivocaran y mataran a un inocente y la respuesta santificada de este enviado fue “si nos equivocamos, allá el señor nos abrirá las puertas del cielo”. R.I.P.
–Cambiando de tema– Esta semana presenciamos otro ejemplo de la democracia que dice proteger el gobierno Duque. Sus protagonistas fueron miembros de la fuerza pública, que capturaron sin tela de juicio y a punta de sospechas a dos periodistas extranjeros que se encontraban haciendo un reportaje en Barú, corregimiento en el que fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Los policías los enchiqueraron por varias horas, los agredieron bajo custodia –de acuerdo con el relato que de los hechos hizo Luis Ángel, uno de los periodistas– y debido a la presión de varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa, fueron liberados sin que se promoviera imputación o sanción administrativa en contra de los dos comunicadores. De no ser por la rápida reacción de la sociedad civil, es probable que a esta hora estarían en un centro carcelario bajo medida de aseguramiento, instrumento cada vez más empleado cuando no se tienen pruebas de una conducta delictiva pero sí un deseo de ajusticiar a las voces opositoras o inquisitivas.
No deja de sorprender que los organismos encargados de proteger a los altos funcionarios en Paraguay hayan permitido que el fiscal Pecci viajara sin esquema de protección a Cartagena. Recordemos que en su país de origen era conocido por llevar a juicio a algunos de los narcotraficantes más poderosos de la región, entre ellos tres colombianos. No sabemos, ni lo sabremos nunca, si el fiscal Pecci habría sobrevivido al atentado de haber contado con seguridad, pero lo que sí sabemos es que de ahora en adelante el Estado colombiano debería recomendar a los extranjeros con cierta notoriedad que para su visita a determinadas regiones del territorio nacional se aseguren de contar con medidas de protección.
Adenda de nuestro colaborador invitado, el doctor Eduardo Montealegre: “Después del fraude a la decisión de la Corte Interamericana, realizada por la Procuradora Cabello, quien actuó en contra del sistema de derechos humanos, al suspender funcionarios elegidos popularmente, la única alternativa es suprimir la Procuraduría General de la Nación. No queda alternativa ante el abierto golpe institucional. Es una vergüenza.”
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