En una decisión con profundas repercusiones políticas y judiciales, la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunto vínculo con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la supuesta conformación de estructuras paramilitares en la hacienda Las Guacharacas, en San Roque, Antioquia, propiedad de la familia Uribe.
La determinación fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la vinculación formal del exmandatario a una investigación que examina hechos ocurridos durante su período como gobernador de Antioquia en la década de los noventa.
Según el ente acusador, la investigación busca establecer posibles responsabilidades relacionadas con incursiones paramilitares en los corregimientos de La Granja y El Aro, en Ituango, Antioquia, donde se registraron homicidios, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y despojo de bienes a la población civil.
La Fiscalía también incluyó dentro del expediente el crimen del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998 tras denunciar públicamente la actuación de grupos paramilitares en el norte de Antioquia y presuntas omisiones estatales frente a esas acciones criminales. La Corte Suprema de Justicia catalogó el asesinato de Valle como un delito de Lesa Humanidad.
Los delitos por los cuales fue citado Uribe Vélez corresponden a homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
A pocas horas de las elecciones presidenciales, el principal referente histórico del Centro Democrático reaccionó a través de sus redes sociales calificando la decisión como un nuevo episodio de persecución judicial.
«De mis abogados: la Fiscalía Tercera nos acaba de notificar, hace un rato, que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de las elecciones», escribió Uribe Vélez en su cuenta social X.
Las masacres de La Granja (11 de junio de 1996) y El Aro(22 de octubre de 1997) cometidas por grupos paramilitares dejaron un saldo total de 19 personas asesinadas. 5 en La Granja, 14 en El Aro, cientos de desplazados, destrucción de viviendas y miseria.
La citación se produce en un contexto especialmente complejo para Uribe, quien este mismo año enfrentó uno de los mayores reveses judiciales de su trayectoria política en el proceso relacionado con presunta manipulación de testigos, un expediente impulsado inicialmente por denuncias cruzadas con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro.
Ese caso profundizó la confrontación política y jurídica entre dos de los protagonistas más influyentes de la vida pública colombiana durante las últimas décadas. Aunque la Fiscalía aún no ha fijado la fecha de la diligencia, la decisión abre un nuevo frente judicial para quien continúa siendo la figura más determinante del Centro Democrático y uno de los líderes políticos más influyentes del país.
Con esta actuación, la campaña presidencial entra en sus horas definitivas bajo la sombra de una investigación que vuelve a poner en el centro del debate nacional los vínculos entre violencia paramilitar, poder político y memoria histórica, asuntos que han marcado la discusión pública colombiana durante más de dos décadas.
