Hace algún tiempo hubo una discusión, sobre todo en las redes sociales, planteada por miembros del Centro Democrático, que, ante la captura de un profesor de una universidad pública, por ser, supuestamente, miembro de un grupo guerrillero, estigmatizaron a las instituciones de educación superior del Estado al tratar de vincularlos con las guerrillas (1)(2). Cabe aclarar que el profesor demostró su inocencia y ningún miembro, de la derecha colombiana, que yo sepa, le presentó, ni a él ni a las universidades públicas, ninguna disculpa por esta estigmatización. Este es un solo ejemplo del descredito impulsado contra las universidades públicas por la extrema derecha colombiana.
Muchos internautas reaccionaron diciendo que se criticaba a las universidades públicas por estos supuestos hechos, pero que nadie decía de que universidad provenían los empresarios, políticos o contratistas que estaban envueltos en delitos de corrupción, robo y desfalco a los intereses de la nación.
Hoy ante la escalada de desfalcos, robos y corrupción, que se han denunciado en el país y las aprobaciones de leyes calificadas de ilegales, como es el caso de la modificación a la ley de garantías, en la que el abogado penalista y representante por Bogotá Germán Navas Talero, junto a otros parlamentarios, los denunció penalmente, es necesario volver a tomar el tema de la ética de los funcionarios y empresarios de la nación.
Las universidades, desde hace mucho tiempo y hasta antes de la pandemia, han tenido un inusitado crecimiento por la demanda de estudios, que se traducen en títulos, de los jóvenes colombianos. Muchos de nuestros muchachos, ávidos de conocimientos y de una profesión que les garantice una mejor calidad de vida, hacen toda clase de sacrificios, apoyados en la mayoría de casos por sus familias, las que se endeudan, trabajan varios turnos, y hasta empeñan el patrimonio familiar, con tal de poder “sacar una carrera adelante”.
Este esfuerzo monumental que hace toda una familia, en la que el valor del crédito y los intereses del ICETEX se vuelve casi impagable por los montos que resultan de la liquidación “usurera” de esta institución crediticia, ampliamente denunciada en los últimos tiempos, en la mayoría de los casos, se ve frustrada por que en el país nadie contrata a los recién graduados por “falta de experiencia”. Este año la cosa fue peor porque se aprobó una ley impulsada por los partidos de gobierno, para vincularlos en unas condiciones casi de esclavitud y miseria.
Además de este oscuro panorama, el país debe analizar qué les están enseñando y cómo están saliendo los profesionales colombianos. Porque pareciera que no los están educando con ética. Hace algún tiempo había universidades que se preciaban de la enseñanza de esa ética tan necesaria a todos los estudiantes y futuros profesionales. Hoy, y ante la competencia generada por la cantidad de “universidades de garaje” y la visión empresarial de las instituciones de educación superior, estos temas han quedado relegados al olvido, y en algunos casos a ser materias “electivas”, o sea que son opcionales y sin ningún peso en el desarrollo del pensum.
Colombia, en estos tiempos ha descubierto, aunque no quiere decir que no haya existido antes, un nivel de robo y desfalco de los recursos públicos como nunca antes en la historia del país. Además del saqueo de los pocos fondos de las clases populares por medio de medidas impositivas e incluso de expropiación de ahorros, como aprobaron en estos días las mayorías del congreso que son afines al uribismo y al gobierno.
La repartija de dineros está a la orden del día, nada se les escapa, todo lo tienen previsto y tejen unas formas de corrupción y robo que haría sonrojar a los mas grandes delincuentes del mundo. Con razón Marcelo Odebrecht dijo muy acertadamente: “Yo jamás corrompí a nadie en Colombia, cuando los conocí, todos ellos ya eran corruptos y delincuentes con poder” (3). La mayoría de esos personajes, vinculados a todo tipo de tramas delincuenciales, son profesionales, varios con especializaciones, maestrías, doctorados y post doctorados. La mayoría de esas universidades son nacionales en las que mínimo hacen el pregrado y muchos se van al exterior a continuar sus estudios de post grado. ¿Qué universidades los forma y les otorga toda clase de títulos?, y ¿qué responsabilidad les cabe por la calidad de formación de este tipo de profesionales corruptos?, ¿qué tipo de medidas han tomado las universidades colombianas para evitar este descalabro?
Claro que algunos dirán: “Nosotros no somos responsables de lo que hagan los egresados, es una responsabilidad personal que se le escapa a la institución”. ¿Seguros? Si ya, la responsabilidad social es un tema de actualidad y se está volviendo obligatorio. Es el compromiso que tiene un empresario con la sociedad de no hacer ni permitir daños a los seres humanos, al ambiente y las mascotas. Entonces, ¿por qué forman unos profesionales que lo que salen es a causarles perjuicio a sus conciudadanos y al país con tal de llenar sus bolsillos? Obviamente no son la mayoría, pero su accionar es tan destructivo y dañino que tienen acabado a nuestro país.
Si queremos cambiar a Colombia, todos debemos estar incluidos en ese proyecto de transformación, tomando las medidas pertinentes, cada uno en su campo de acción y no pasar de agache como si no fuera con nosotros.
