“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Salvador Allende
Estas palabras las pronunció Salvador Allende, resistiendo en la Casa de la Moneda el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, frente al que sacrificó su vida, antes que someterse al designio criminal de los golpistas encabezados por el traidor de Augusto Pinochet. Se impidió que el gobierno de la Unión Popular pudiese materializar la justicia social y la dignidad colectiva para la población chilena. El gobierno de Allende se quiso impedir desde antes de posesionarse, se sometió su gestión pública a la difamación, al terrorismo, el saboteo económico y huelgas pagas con dineros de la CIA que bajo órdenes del gobierno de Nixon-Kissinger cooptaron la cabeza de las Fuerzas Armadas para ponerle fin a la democracia en Chile.
Parece una historia lejana, que en realidad sigue presente como un fantasma que sigue extendiendo su estela de amenaza y muerte sobre la vida de nuestros pueblos. Un pinochetista, neonazi, Alexis López ha sido invitado por la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia para explicar su teoría de la Revolución Molecular Disipada, la que explicaría las revueltas sociales en el mundo y no las causas estructurales que excluyen a inmensas mayorías de la riqueza de sus países . No sería la insatisfacción social la causa de las revueltas, sino intereses foráneos de una izquierda radical que quiere acabar con las democracias.
En ese escenario las fuerzas armadas y de policía cumplirían un rol esencial para garantizar el statu quo, los manifestantes son considerados enemigos internos a los que hay que reprimir violentamente. Los seguidores del neonazi en Colombia, han conducido a la deshumanización del represor que deshumaniza a su vez a las víctimas para darles tratamiento de enemigos internos. Esta mentalidad ha producido decenas de asesinatos de civiles inermes por parte de la fuerza pública. Se produjo la masacre de 14 jóvenes en Bogotá el 9 y 10 de septiembre de 2020, luego de las protestas por las torturas y asesinato a manos de la Policía del abogado Javier Ordóñez y desde el paro nacional el 28 de abril a la fecha, ha costado la vida de más de setenta personas, centenares de desaparecidos y mutilación visual de más de 70 manifestantes, entre violaciones sexuales, torturas y miles de detenciones arbitrarias. Ante el caos y la violencia desatada especialmente por el propio gobierno, surge la narrativa de romper el orden constitucional para impedir una alternativa democrática del poder en las elecciones de 2022.
En el Perú, se vive un fenómeno distinto, pero en el cual también se quiere afectar la voluntad popular expresada en las urnas en elecciones democráticas del 6 de junio de 2021, ante la victoria del dirigente sindical de izquierda Pedro Castillo, por apenas un poco más de 50 mil votos de ventaja sobre su contendora Keiko Fujimori, en una votación en la que participaron 18,795,960 ciudadanos, la candidata y la extrema derecha peruana se niegan a aceptar el resultado electoral, se amenaza al Presidente de la República y al Presidente del Jurado Nacional Electoral, al tiempo que se llama a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado. Sin embargo las propias Fuerzas Armadas emitieron un comunicado público para reafirmar su compromiso con la institucionalidad “El Ministerio de Defensa y las instituciones armadas reiteran su compromiso con la Constitución, la democracia y el principio de neutralidad asumido por el Gobierno de Transición y Emergencia. Asimismo, reafirmamos el compromiso de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 6 de junio, como corresponde” . Impedir la posesión de Pedro Castillo como presidente legítimamente electo puede desatar una ola de violencias en el Perú, que profundizaría la crisis que padece la nación hermana.
La superación del pinochetismo en la democracia chilena
Como “Estallido social”, se conoce una serie de manifestaciones populares masivas, que iniciaron en Santiago, la capital del país, el 18 de octubre de 2019 y que se fue propagando por todo el territorio chileno con la misma intensidad y fuerza. Estas han sido las manifestaciones de mayor impacto y durabilidad en el país austral, extendiéndose hasta marzo de 2020. Iniciadas desde el carácter pacifico y desde la no violencias fueron reprimidas criminalmente por parte del gobierno de Sebastián Piñera.
El factor detonante del descontento social fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, que entró en vigor el domingo 6 de octubre de 2019. Tras el aumento de las tarifas, cientos de estudiantes se organizaron para evadir de manera masiva los controles de pago en el Metro. Pero ante la muestra de descontento por parte de los ciudadanos en su mayoría jóvenes, a los cuales se les fue sumando personas desde las clases más bajas a la media alta, la respuesta del gobierno fue reducirlos a la fuerza con los Carabineros, la institución policial chilena.
El descontento nacional no dio espera y como consecuencia de ello, la noche del viernes 18 de octubre comenzaron a aparecer varios focos de protestas a lo largo del país: Gran Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arena . Ante esto el gobierno de Piñera en lugar de escuchar y conocer las razones del descontento de los manifestantes decide el día sábado 19 de octubre, decretar estado de emergencia en las comunas del Gran Santiago una situación se extendió pocas horas después a otras cinco regiones del país y ya para el día 23, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales.
Las protestas, catalogadas como el “peor malestar civil” ocurrido en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, se caracterizaron por la ausencia de líderes y la incorporación de un amplio espectro social. Aunque la causa del estallido se le atribuye al alza tarifaria del transporte público, las concentraciones populares pronto expusieron sus causas mediatas: el alto costo de la vida (hasta 2019 Santiago era la segunda ciudad más costosa de Latinoamérica), bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, y un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución del país, con herencias institucionales de la dictadura.
Algunos han identificado el rol subsidiario del Estado chileno como una de las causas del Estallido social. Con la promulgación de la Constitución de 1980 se consagra el rol subsidiario del Estado en Chile. Partiendo de este rol y sumado a la inspiración de ideas neoliberales, el Estado sólo puede intervenir en la vida social y económica cuando la iniciativa privada no puede o no tiene interés en hacerlo. Esto conlleva que los derechos sociales como salud, educación y jubilaciones, mundialmente se entienden como universales, sean provistos en gran medida por privados bajo las reglas del mercado. Entonces el Estado solo los provee si el mercado no lo hace, lo que ha generado durante las ultimas décadas accesos desiguales entre la ciudadanía en función de su situación socioeconómica.
De acuerdo al Banco Mundial, Chile en 2019 se posicionaba en el puesto 13° del país más desigual de Latinoamérica medido por índice de Gini. Algo que se contrapone a su creciente economía, una de las mas prósperas del continente. Brechas en el ingreso han conllevado a una notoria desigualdad social. Esto se manifiesta, por ejemplo, en diferencias educacionales importantes entre los diferentes estratos socioeconómicos. Asimismo, existe una importante segregación residencial, debido a políticas que fomentaron la construcción de viviendas sociales en la periferia de los centros urbanos, donde por lo general escasean los servicios públicos básicos, generando barreras para la inclusión social y para la superación de la vulnerabilidad.
Cuesta todavía comprender cómo el Gobierno desatendió el malestar que se estaba acumulando en la sociedad, al punto de que ni siquiera los servicios de inteligencia pudieron advertir de las convulsiones que se asomaban en el horizonte y desembocaron en la presencia de más de 1,2 millones de chilenos a pocas cuadras del Palacio de la Moneda, el 25 de octubre del 2019 en la llamada «La marcha más grande de la historia”.
«No son 30 pesos, son 30 años», “Nos quitaron tanto, que acabaron quitándonos el miedo”, “Hasta que la dignidad sea costumbre” fueron las principales consignas callejeras.
Fue es mismo malestar y repudio a la clase política que también dejó ver en las calles a adultos mayores siendo protagonistas en las manifestaciones. Cientos de pensionados se sumaron a las protestas pacíficas para reclamar por una jubilación digna.
Mientras el deseo de un cambio radical se expresaba con fuerza en las calles, donde las manifestaciones eran el vivo rostro del descontento social en un agobiado Chile, la respuesta del Gobierno de Piñera al sentirse acorralado fue declarar Estado de emergencia y sacar el Ejército a las calles para incrementar la represión.
En medio de la violencia gubernamental como respuesta, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que la intención de las fuerzas de seguridad era clara: “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos”. Entre las personas afectadas por la represión de las manifestaciones sociales hubo decenas de niños y adolescentes. La mayor conmoción se marcó por el alto numero de pérdidas oculares de los manifestantes, principalmente como consecuencia de los perdigones disparados por las fuerzas de seguridad.
Al grito de ‘El violador eres tú’, el movimiento feminista chileno ha denunciado en la calle el «uso de la violencia sexual» durante el estallido social. Otras personas han sido víctimas de otras formas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su arresto, de acuerdo con el organismos. Se identificaron agentes que dispararon hacia zonas de alta letalidad como la cabeza y el tórax, lo cual, sumado al hecho de que se trataba de una munición notoriamente indiscriminada, produjo que cientos de personas sufrieran lesiones oculares., también se identificaron oficiales que dispararon de forma indiscriminada o aleatoria, con el fin de dispersar y sin precisar un objetivo concreto, y que hirieron a personas y pues no tuvieron en cuenta la presencia de niños, niñas y adolescentes.
Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, 34 personas fueron reportadas oficialmente como asesinadas producto de las manifestaciones como consecuencia de los ataques y agresiones por parte de la fuerzas pública del Gobierno chileno. Más de 12.500 personas que requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes sucedidos en el marco de las protestas. El Instituto Nacional de Derechos Humano (INDH) reportó 1264 querellas judiciales. La Fiscalía Nacional contabilizó 5.558 víctimas de violencia institucional, de las cuales 1.938 eran personas lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves, 834 eran niños, niñas o adolescentes, registró 246 víctimas de violencia sexual, seis por penetración sexual con un objeto y dos por violación sexual, una de ellas, violación múltiple, y existían 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos (equivalente a malos tratos). Al menos 347 personas resultaron con lesión ocular, en su mayoría por el impacto de balines de goma, estos elaborados con metal dos veces más pesados que los balines de goma estándar e impactan con al menos 12 veces la fuerza.
Pero lejos de sancionar los comportamientos violatorios, éstos fueron no sólo permitidos, sino que fueron respaldados por los altos mandos y por el propio gobierno. Ni siquiera se sancionaron casos donde el funcionario aceptó su responsabilidad, se cometieron posibles actos de encubrimiento y las sanciones que se llevaron a cabo en los casos conocidos, fueron tardías y por faltas conexas al hecho más grave. Es decir, justificaban el uso criminal de la fuerza, calificando como legítima la arbitrariedad por la “necesidad” de controlar el orden público.
Camino hacia una nueva Constitución
La represión no impidió los cambios inevitables. Dentro de los primeros anuncios realizados por el gobierno de Sebastián Piñera fue la anulación del aumento en las tarifas de la Red Metropolitana de Movilidad. La cual había sido anunciada en la tarde del sábado 19 de octubre y aprobada de forma urgente por el Congreso Nacional en los días siguientes, siendo promulgada el lunes 21 de octubre.
En los días posteriores, el Gobierno anunció una serie de proyectos de ley sobre una nueva Agenda Social que incluyó una serie de propuestas que incorporan el aumento de las pensiones básicas y solidarias, creación de un ingreso mínimo garantizado, reformas en el sistema de salud y cambios relacionados con los congresistas.
Para el 15 de noviembre de 2019 se alcanzó un acuerdo político, suscrito por parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición, para generar una nueva constitución, a base de reformular la actual, y habilitar un proceso constituyente. Los que suscribieron el acuerdo serian veedores de garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente.
El nuevo órgano constituyente tendrá como función aprobar normas y reglamentos con un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. El plazo de ejercicio del órgano constituyente será de 9 meses con una prórroga de 3 meses y una vez redactada la nueva Constitución será sometida a un plebiscito ratificatorio.
El plebiscito nacional de Chile de 2020
El domingo 25 de octubre de 2020, bajo un estricto protocolo sanitario debido a la pandemia del Covid-19, se realizó la votación del primer de los dos plebiscitos que darán paso a la nueva Constitución de Chile y darle fin a la Constitución Política de la República, promulgada en 1980, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. En este el objetivo fue determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, y determinar el mecanismo para dicho proceso.
La ciudadanía, con un 79% de votos positivos, decidió que el órgano que debería redactar la nueva carta magna seria una Convención Constitucional.
Convención Constitucional 2021
Las elecciones para determinar los escaños de los 155 convencionales constituyentes se realizaron el sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021.. Dando como resultado la elección de 77 mujeres y 78 hombres. La Convención Constitucional quedó compuesta de manera paritaria por mujeres y hombres, así como también garantiza la representación de los pueblos originarios mediante 17 escaños reservados para ellos.
Los candidatos independientes a los partidos se impusieron ampliamente al lograr 48 de los 155 escaños de la Convención y alcanzar casi un tercio de la composición del órgano destinado a escribir la nueva Constitución. De resaltar también que es la primera vez que hubo elección popular de gobernadores pues hasta ese momento eran designados por el presidente.
Estas elecciones son históricas no sólo para Chile sino por el impacto democrático e incluyente que tienen para la región. El que hasta ese momento había sido el modelo del neoliberalismo en América Latina empezó a mostrar que era un espejismo y que la brecha social en vez de reducirse se había ensanchado considerablemente.
Se agrieta la partidocracia
Los resultados muestran un deseo de cambio profundo, un voto castigo a la derecha neoliberal y a los partidos de la llamada Concertación(el Socialista y la Democracia Cristiana), una gran derrota para el presidente Piñera, el surgimiento de nuevos liderazgos sin afiliación partidista provenientes de la sociedad civil.
Se trata de un verdadero terremoto político: la derecha, que se presentó unida en el bloque Chile Vamos, apenas tuvo el 20.5%de los votos, lo que le da 37 escaños. De esa manera ni siquiera pudo lograr el modesto objetivo de 52 delegados, esto es, la tercera parte de los integrantes de la Convención para así poder bloquear los cambios pues las decisiones se tomarán por mayoría de las dos terceras partes.
Para destacar en el abanico del pluralismo democrático, el Partido Comunista, integrante de la lista Apruebo Dignidad junto con el Frente Amplio salió fortalecido porque dicha lista obtuvo 28 delegados y destacados integrantes del partido, como Daniel Jaue, que se anuncia desde ya como candidato presidencial, fue reelegido por amplia mayoría como alcalde de Recoleta, en tanto la joven militante comunista Iraci Hassler logró la alcaldía de Santiago, la capital del país.
Es, sin duda, un nuevo Chile el que emergió del Estallido Social y de estas elecciones de mayo. Hay un relevo generacional porque la mayor parte de los elegidos son jóvenes con poca experiencia política pero con gran activismo social, continuadores de los grandes movimientos de muchachos de secundaria que protagonizaron hace unos años la llamada “revolución de los pingüinos” y de las marchas universitarias de 2011, dentro de un amplio espectro de movilizaciones que han tenido como protagonista a la nueva generación.
Por otra parte, es un muy serio campanazo para los partidos políticos, muy afectados en su credibilidad e imagen y aunque no desaparecen, es claro que si no quieren ser borrados del todo deben reinventarse y tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía. Nunca fue tan claro el apotegma de “si no cambiamos, nos cambian” y hasta el propio presidente Piñera aceptó el mensaje contundente que enviaron los votantes. En una autocrítica no muy frecuente entre los políticos, expresó que «La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de las mayorías, y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y nuevos liderazgos».
Qué palabras y tono tan diferentes a las usadas al comienzo del levantamiento en 2019 cuando se tachaba de vándalos a los protestantes y se les reprimía brutalmente. Aun a distancia más sideral de las lamentables expresiones de la esposa del mandatario por esas calendas cuando dijo que los manifestantes parecían “de otro planeta.
Lo importante es que la inconformidad se ha canalizado por vías democráticas y que ahora han posibilidades reales de cambios profundos y progresistas que definitivamente acaben con los lastres dejados por la dictadura y el neoliberalismo, que encaminen a la sociedad hacia un rumbo más justo e igualitario.
Tambalea el patriarcado
En esa tónica hay grandes esperanzas en la gran representación de mujeres que superó todas las expectativas. Ya era un precedente muy positivo que se garantizara la paridad de los géneros, pero que los resultados dieran lugar a que efectivamente fueron más las mujeres que los hombres elegidos fue realmente sorprendente. Tanto que, paradójicamente, algunas de las ganadoras no podrán ejercer sus cargos ya que debieron cederlos a miembros del otro sexo, para dar cumplimiento del 50% para cada uno. Por cierto, esto refleja la fortaleza del movimiento feminista chileno, que ha roto los paradigmas de una de las sociedades más conservadoras del continente y naturalmente que esta situación augura transformaciones hacia una verdadera igualdad y garantía de los derechos de las mujeres.
Renacer aborigen
En un país en el que el 12,8% de la población son comunidades originarias, lo que equivale aproximadamente a 3.155.000 del total de 19 millones de chilenos, los pueblos ancestrales han sido tradicionalmente discriminados. Más aún, sus luchas y reivindicaciones han sido desconocidas y sofocadas, al grado de que muchos de sus reclamos de justicia y reconocimiento, especialmente frente a megaproyectos extractivos en sus territorios que los afectan severamente, han sido contestados con la represión más feroz y el encarcelamiento de sus dirigentes, estigmatizándolos con el ya gastado mote de “terroristas”. En esta ocasión, en el marco de esta oleada renovadora, se aseguró la representación de 17 delegados indígenas. Así llegan los mapuches(entre ellos Francisca Linconao, “machi”, líder espirutal
que acaba de salir de varios meses de injusta prisión)con 7 representantes, en tanto los aimarás tendrán dos escaños y el resto de los pueblos, como los rapa nui(de la isla de Pascua, de estirpe polinesia), los quechua, diaguita y yagán tendrán cada uno un escaño.
Gran responsabilidad tendrán estos descendientes y continuadores de la saga araucana de Lautaro y Caupolicán para hacer justicia con sus etnias y dar por fin un lugar digno en la patria a los pueblos ancestrales tan opacados por el sistema dominante.
El reto de los cambios
Son muchas las transformaciones que se esperan de la Convención Constituyente. La primera es la ruptura con el pasado de la dictadura que dejó sus rezagos, al grado que muchos de los constituyentes proclaman “borrar tu legado será nuestro legado”. En el plano institucional propiamente dicho se habla de cambiar el rígido presidencialismo por alguna modalidad semiparlamentaria, lo mismo que establecer una verdadera descentralización que dé más autonomía a las regiones pues aún con elección popular de alcaldes, el gobierno sigue siendo fuertemente centralista. Recuérdese que esta fue la primera elección en que se votó por gobernadores pues hasta ahora eran nombrados por el poder central.
Pero los cambios decisivos se juegan en el modelo económico que ha sido el ejemplo del neoliberalismo en el que se privatizaron no solamente muchas entidades públicas sino derechos como la salud y las pensiones, lo mismo que el agua y muchos otros bienes públicos. Se llegó al extremo de conceder los ríos a privados, de manera que las comunidades ya no pueden usar el líquido sino ni siquiera acceder a las riberas. Ni qué decir de la educación, convertida también en mercancía y dejando la posibilidad de acceder a ella al endeudamiento casi de por vida. Este paradigma hizo crisis y es absolutamente imperativo recupera el carácter de públicos de los bienes comunes, entre ellos, desde luego el agua y garantizar el derecho a ella, a la educación y a la vivienda digna, entre otros derechos económicos, sociales y culturales.
Así mismo, reformas serias en las Fuerzas Armadas para que dejen de cumplir el papel de enemigas de la protesta social y sean sometidas a un verdadero control civil y democrático.
Lecciones para Colombia
Aun cuando no es la intención de esta nota hacer un paralelo de la evolución reciente de Chile con la actual coyuntura colombiana, sí es inevitable hacer algunas reflexiones al respecto. Claramente, la conclusión es que la lucha y la movilización popular hacia objetivos claros y por medios pacíficos produce avances significativos. En la nación austral fue plenamente vigente el llamado a una Asamblea Constituyente, que tomó el nombre de Convención. En Colombia hay sectores que han planteado su convocatoria pero creemos que no tiene la misma validez porque es un proceso incierto que pudiera dar lugar al fortalecimiento de las posiciones más retardatarias y al aprovechamiento de esa salida por parte del sector político tradicional. Lo que está en nuestro orden del día es la continuación y profundización de la movilización pacífica, la ampliación de la democracia y la búsqueda de un nuevo Congreso y otro Ejecutivo, claro está en el marco del cronograma constitucional de elecciones, sin aventuras rupturistas ni llamados a la insurrección, para conseguir un nuevo bloque de poder sintonizado con los movimientos sociales y las demandas populares.
El respeto del acuerdo de paz de 2016 sigue siendo una exigencia del momento y el cumplimiento por parte del Estado de su contenido, que coincide en gran parte con los reclamos del paro nacional, puede contribuir de una manera sustancial a superar la crisis actual.
Muy bien le vendría a Colombia la paridad en los cargos electivos. Dentro del movimiento feminista y en el liderazgo popular hay gran cantidad de lideresas que vienen aportando a la ampliación de los espacios democráticos y a la búsqueda de la paz. Lo pudimos comprobar ampliamente en “Mujeres que transforman”, que es una serie de entrevistas que se vienen haciendo por parte de los Círculos de Solidaridad y Transformación a destacadas integrantes de los colectivos feministas, LGBTI, grupos ambientalistas, campesinas, sindicalistas, activistas culturales, estudiantiles y representantes de víctimas, que pueden jugar un papel tan destacado como sus colegas chilenas en los cuerpos representativos.
Salvador Allende, el presidente mártir que prefirió la muerte con dignidad y rechazó las indignantes propuestas de destierro que le hicieran Pinochet y sus golpistas dijo en su última alocución el fatídico 11 de septiembre de 1973 que defendería con su vida la autoridad que el pueblo chileno le había conferido. En ese mismo mensaje recalcó que a pesar de esas horas amargas tenía fe en el pueblo trabajador, en Chile y en su destino, expresando la esperanza de que más temprano que tarde se abrirían las grandes alamedas por las que transitarían hombres y mujeres libres hacia un país mejor.
El pueblo chileno está abriendo esas alamedas y confiamos en que no sea solamente en el país de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, sino también en el resto de Latinoamérica que debe recuperar el Estado para construir democracias sociales y sociedades libres.
Debo recordar las últimas palabras de Salvador Allende que siguen retumbando en nuestros oídos y abriendo conciencias democráticas, pacifistas y libertarias “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.
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