El Presidente Gustavo Petro hizo lo correcto. Separó de sus cargos a su jefe de gabinete, Laura Sarabia, y a su embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Esto era lo más sano para Colombia, para el gobierno, para su imagen personal que sigue en picada en las encuestas y para evitar un nuevo artículo de los medios privados, que en gavilla han aprovechado el robo de un dinero para graduar irresponsablemente a un gobierno progresista y defensor de Derechos Humanos, en todo lo contrario, un gobierno que chuza ilegalmente; y para decir hábil y convenientemente que regresaron las chuzadas, cuando es claro que nunca se fueron y que en el gobierno del expresidente Duque también se hicieron y en plena campaña presidencial contra Petro y contra el Pacto Histórico; y en el de Juan Manuel Santos también, contra el proceso de paz por citar sólo algunos ejemplos.
El robo del dinero que hasta el momento no se sabe realmente cuanto era, tendrá que ser aclarado, también debe determinarse si la prueba del polígrafo a la niñera de Sarabia se hizo dentro de la ley o no, y si Sarabia abuso de su poder, porque una pelea por ambiciones personales entre Benedetti y Sarabia, dos de los funcionarios más cercanos al presidente, no se puede llevar por delante la imagen del gobierno ni la del presidente, como han pretendido algunos medios y desembocar en un escándalo de interceptaciones ilegales ordenadas por el alto gobierno como sugieren la mayoría de los medios opositores al gobierno.
La joven Laura Sarabia de 29 años no es política, no tiene experiencia en el manejo del poder y no creemos que haya sido ella la que tomó la decisión de ordenarle a su esquema de seguridad y a sus contactos en la Sijin plantar los números telefónicos de su niñera y su otra empleada particular en una investigación contra el clan del golfo, la misma estructura criminal por la cual el Presidente Gustavo Petro le ha pedido públicamente, en más de cuatro oportunidades, al fiscal general Francisco Barbosa el resultado de las investigaciones por el asesinato de más de 200 personas en los departamentos de la Costa Caribe, tras revelarse hace más de dos meses una contundente investigación del periodista Gonzalo Guillen en La Nueva Prensa, donde relaciona varios crímenes de estos, con el ganadero y narcotraficante José ‘El Ñeñe’ Hernández, amigo personal del expresidente Iván Duque y uno de los financiadores de la campaña presidencial del candidato uribista que terminó en la Presidencia en 2019.
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Con todo el trabajo de Sarabia al lado de Petro, de arriba para abajo, de viaje en viaje, de reunión en reunión, Sarabia no pudo haber dado la orden de plantar los números en una investigación contra el Clan del Golfo. No creemos que su imaginación le diera para tanto. Todo apunta más bien a que fueron miembros de la policía los que tomaron esa decisión sabiendo donde terminaría todo esto y con la ‘sana intención’ y ‘única pretensión’ de recuperar un dinero que aún no se sabe de quién era y cuánto era, y que ha pasado a segundo plano porque este escándalo era apenas el señuelo del verdadero golpe para desacreditar aún más al gobierno de Petro en medio del arranque de las campañas a las alcaldías y las gobernaciones del país donde la oposición sabe que de ganar los candidatos del Pacto Histórico y la izquierda sería un golpe durísimo para esta y que el proyecto de transición progresista tomaría más fuerza y recuperar el poder en 2026 le sería imposible.
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Ahora, lo qué más preocupante es que las investigaciones por el robo del dinero, por el ‘presunto abuso de poder’, por las chuzadas estarán en manos de un fiscal que ha llamado a Petro irresponsable, que ha llamado a la Policía a desacatar las órdenes del gobierno, que dice que el general Salamanca no es el directo de la policía judicial sino él; y que no ha movido una sola mano para entregarle la información al presidente Petro, solicitada ya cuatro veces públicamente, sobre el genocidio de 200 personas perpetrado por poderosos narcotraficantes de la Costa Caribe pertenecientes al Clan del Golfo y relacionados en algunos episodios con la Ñeñepolítica en ciudades como Valledupar, entre otras.
Preocupa también la imparcialidad que puedan tener estás investigaciones en el ministerio público. Una procuradora, Margarita Cabello, que sólo ha dejado en evidencia la manera sesgada y rápida como ha tomado sus decisiones para abrir investigaciones, sancionar e inhabilitar rápidamente a varios políticos del Pacto Histórico.
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Quedan muchas preguntas, por ahora, en el tintero: Qué más se viene ahora, habrán chuzado a periodistas como se asegura, habrían funcionarios del gobierno chuzados? Ojalá se logré determinar quién dio las ordenes de chuzar a las empleadas de Laura Sarabia, si esta sabía o no que lo iban a hacer y quién se beneficiaba con este escándalo que apunta a que estaba fríamente calculado y que logró sus objetivos, por ahora, de minar la credibilidad de un gobierno víctima de las chuzadas, precisamente en ese tema: la defensa de los Derechos Humanos, con el apoyo de la siempre conveniente, oportunista, amarillista y peligrosa prensa privada!
