La Constitución Política de 1.991 estableció en el artículo 123 la definición taxativa del concepto de servidor público determinando: “ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”. (Tomado de la página del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital)
Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo).
La primera es la definición que le da nuestra Constitución Nacional, la de 1.991, al Servidor Público, la segunda está en internet, (significadoconcepto.com/servidor-publico/), que es similar a la que se encuentra en muchas páginas.
La constitución de 1.991, la que rige los destinos de nuestro país y sus ciudadanos, los define claramente: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios” y “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad”. Lo que quiere decir que están al servicio de todos los ciudadanos colombianos.
Y ¿Por qué hago esta aclaración? Porque parece que los servidores públicos lo entienden así: Que todos los ciudadanos estamos a su servicio y que ellos son los dueños de nuestros bienes y nuestro destino. Salvo contadas excepciones, estos servidores, ya sea que hayan llegado por elección o por nombramiento, tratan a los ciudadanos sin ningún respeto ni consideración. Si una persona llega a un cargo por elección popular, no entiende que él es el representante de esos ciudadanos que lo eligieron, sino que los considera su “propiedad”.
Por eso ha cogido carrera eso de “Yo le aporto a su campaña tantos votos”. “¿Le aporto?”, o, “yo tengo tantos votos” o “le ofrezco tantos votos”. ¿Con qué derecho tanto el uno como los otros se creen dueños de personas para ofrecer o contar como suyos unos votos? ¿De cuándo acá los ciudadanos pasaron a ser propiedad de alguien? Y lo más grave, que se ve como lo más normal del mundo, hasta nombre se le ha dado: “La clientela”. Y los medios de comunicación lo han establecido como algo normal. Está tan arraigado este concepto que miembros de partidos alternativos han cogido esas malas costumbres.
El más grande irrespeto a un(a) ciudadano(a) es violarle su sagrado derecho a decidir a quien elige, sin contar que, también, es un delito. Y esa “propiedad” les hace creer que pueden tratarlos como se les de la gana, con ofensas, malos tratos, irrespetos y toda clase de vejámenes que harían sonrojar a cualquier demócrata convencido.
Cuando llegan a un cargo ejecutivo, hacen todo lo contario de lo que prometieron en campaña, en contra de todos los ciudadanos que les creyeron. Cambian de parecer como cambiarse de vestido, no vuelven ni siquiera a saludar y hasta hacen mala cara cuando un ciudadano se les acerca o les quiere decir algo. Mandan callar a todo el que ose contradecirles y hasta les envían a las fuerzas de represión para “controlarlos”.
Si son en un cargo legislativo, la cosa es muy parecida, con el agravante que las “clientelas” son la base de su elección repetida por muchos períodos. Para hablar con ellos hay que pedir cita con días, semanas y hasta meses de anticipación y si es por teléfono sus asistentes siempre usan la misma respuesta: “El doctor está en una reunión y no lo puede atender”. Luego, ¿no es el ciudadano la base de la democracia? ¿La democracia no es el resultado de participación permanente de los ciudadanos?
En nada se diferencian todas estas formas de mal gobernar con las que regían el feudalismo. El dueño de la tierra era el amo de la vida, de las propiedades y de las personas que estaban bajo su dominio, y nuestros servidores públicos, salvo contadas excepciones, repito, se creen señores feudales, emperadorcitos y hasta reyezuelos, que pueden hacer y deshacer con los ciudadanos. Todo el dinero que entra a las arcas del estado lo usan para su beneficio, el de sus amigos y sus patrocinadores con un irrespeto total a la ciudadanía, que es la que sostiene el estado.
Desafortunadamente estas malas mañas han llegado a unos sectores alternativos y lo mas grave, las practican con mas descaro ya que se creen con un mandato ciudadano incontrovertible. Engañan, incumplen, son groseros, hasta agresivos y en definitiva se convierten en lo que dijeron que iban a combatir.
¿Por qué hay que “agradecerles” a los servidores públicos porque hagan bien su trabajo, usen bien el dinero público o hagan una obra o lo inviertan en cosas de beneficio a la comunidad? Es su OBLIGACION, no es un favor. Ellos dicen que son favores, pero todo es con el dinero que pagamos todos los colombianos por los impuestos. Es INICUO que un servidor público esté exigiendo aplausos y agradecimientos por cumplir con su deber; y además cobrando por ello, no lo hacen gratis y en algunos casos cobran mas de lo que debe ser y eso sin contar con otros ingresos, que no son su salario, sino es de hacer favores, conseguir contratos, en síntesis, corrupción.
A los funcionarios públicos hay que exigirles rendición de cuentas, en todos los aspectos. Debería ser obligatorio que ellos le informaran a la ciudadanía el cómo están cumpliendo sus promesas de campaña, cómo están invirtiendo los dineros públicos, cómo están llevando sus agendas legislativas, ejecutivas o administrativas, según el caso y que sus electores puedan evaluar si su representante está cumpliendo, o no, con el mandato ciudadano.
