Por: Horacio Duque

Para entender las dimensiones y los alcances del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” que debe estar listo el próximo 9 de mayo es necesario considerar el contexto social, político y económico del mismo.

No obstante que el país registra, afirma el DNP (https://bit.ly/2R6BMrs ), un cambio social importante reflejado en una fuerte caída de la pobreza del 49,7% en 2002 a 27% en 2017, y un aumento sostenido de la clase media, que ha pasado de 16,3% a 31,0%, en la sustentación que se hace se describen un conjunto de obstáculos que deben ser sorteados como  el estancamiento de la productividad en la última década, el incremento de las economías ilegales aprovechando los espacios vacíos y la ausencia de Estado, el aumento en la corrupción y en la percepción de impunidad, las grandes disparidades regionales en particular en contra de la Colombia rural, la alta informalidad laboral y empresarial, los costos tributarios y regulatorios que desestimulan la actividad empresarial, los grandes rezagos para la transformación digital que tiene el país, y la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres y al cambio climático, entre muchas otras.

Desde una posición más radical el pensamiento crítico en la voz de Sarmiento (https://bit.ly/2Ho2eqh ) se refiere a otros elementos de contexto que deben ser considerados para determinar los potenciales de cada uno de los pactos incluidos.

Los poderes de facto, la oligarquía, mantiene intactos sus privilegios coloniales.

Por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades.

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas, captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales.

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