El Presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter celebró la captura del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Pretelt y aprovechó la noticia para afirmar que »Este gobierno debe colocar como prioridad de su ejercicio transformador la derrota de la impunidad».
Petro aseguró que Pretelt es »representante de la extrema derecha dentro de la justicia pero también criminal por su accionar». Pretelt fue capturado luego de que la Corte Suprema de Justicia lo ordenara al dejar en firme la condena del 18 de diciembre de 2019 proferida por la sala de primera instancia que lo encontró responsable del delito de concusión y una condena de seis años y medio de cárcel en el caso de los sobornos de Fidupetrol.
El primer mandatario de los colombianos reiteró nuevamente que »Para eso convocaremos el Consejo Nacional de Política criminal. La corrupción y su hermana gemela: la impunidad, deben ser derrotados en Colombia», antes ya lo había anunciado al solicitar que se investiguen las dudosas actuaciones del fiscal Daniel Hernández, presunto responsable por omisión de permitir al menos 200 asesinatos de personas cometidos según una investigación de La Nueva Prensa, por el Clan del Golfo; y que varios de estos crímenes estarían relacionados con el ganadero y narcotraficante José Ñeñe Hernández, presunto financiador de la campaña presidencial de su amigo de infancia Iván Duque.
Petro también retrinó una columna de opinión del ex fiscal Eduardo Montealegre en la que este plantea el escenario para resolver lo que el llama antinomia, entre Petro y Barbosa; o entre la autonomía de la justicia y la exclusividad del presidente en el restablecimiento del orden público y la consecución de La Paz, escrita para la revista digital Raya.
‘‘La supuesta vulneración del Presidente de la República, a los ámbitos de competencia de la Fiscalía General de la Nación. Resulta que, la tal actitud dictatorial que se le atribuye a Gustavo Petro, al solicitarle al ente investigador resultados en la investigación de una grave violación a los derechos humanos, no existe. En efecto: la figura que se presenta es la de una “colisión” entre las competencias del Presidente de la República en el manejo del orden público y la paz total, y, el monopolio que tiene la Fiscalía en el ejercicio de la acción penal. Cómo resolvemos entonces, esa aparente antinomia: autonomía de la justicia ( garantía institucional de independencia) y exclusividad del Presidente en el restablecimiento del orden público y la consecución de la paz? La respuesta es sencilla: armonizando las competencias en conflicto. No, como lo pretende el “prestidigitador”, socavando las facultades legítimas del jefe de Estado, quien puede solicitar-en forma legítima- información sobre avances en la lucha contra el crimen organizado, dictar medidas para el mantenimiento del orden público y la consecución de la paz: v.gr, ordenando el despeje de parte del territorio ,o, suspensión de órdenes de captura, proferidas contra integrantes de la insurgencia, o, de organizaciones que ejercen un umbral de violencia considerable sobre la población», asegura Montealegre Lynett.
