Foto: federacionanarquista.net

 

Está consignado en nuestra constitución Política, el derecho a la protesta social, la cual se encuentra consagrado en el Artículo 37 que reza: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. En ninguna parte de este artículo dice la formas aceptadas o prohibidas en realizar una protesta, quizá por analogía o deducción se podrá concluir algunos parámetros; pero si el pueblo protesta, es evidente que él no está conforme con el gobierno, desaprueba su forma de gobernar, reprochan sus decisiones, critican sus actuaciones, condenan sus actos, todo aquello afecten el interés de la mayoría del pueblo.

Las autoridades concluyen que la mayoría de ciudadanos en ejercicio de su derecho constitucional a expresarse mediante la protesta, (claro está, que es el inconformismo  contra del gobierno), se está ejecutando a través de las multitudinarias marchas, cacerolazos, bloqueos de vías, plantones, actos artísticos, culturales, denuncias escritas, verbales, entre otras formas legítimas de reclamar sus derechos, los gobernantes pretendes ilegitimar este mecanismo de lucha civilizada, endilgándoles hechos punibles que no son inherentes a sus demandas.

Por otra parte, aparecen algunos grupos infiltrados de dudosa procedencia, en medio de estas protestas, con un plan criminal para crear zozobra, destrucción de bienes públicos como privados, donde se vandaliza, se crea anarquía, caos etc. Las cuales es competencia del estado evitarlas conforme con el art. 2º de la constitución, que dice:  “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Es claro que el estado es inoperante con esta función constitucional, la cual se agudiza en estos momentos cruciales, donde el pías lleva a la fecha 19 días continuos de protestas, donde esta reinando la anarquía y el desgobierno en todos los rincones de la nación, con resultados espeluznantes.

Es evidente, que estamos frente a una dictadura disfrazada de democracia, donde el poder de las armas estatales, se vuelve la respuesta a toda reclamación, la censura mecanismo para tergiversar la realidad y la desinformación como un elemento para ocultar las atrocidades.

En la ciudad de Cali, como epicentro de estas protestas, se tiene la escabrosa estadística de víctimas jóvenes que hacen parte de las manifestaciones y otras ajenas a ella, pero también son damnificadas por el obrar del exceso  de la fuerza pública, donde se tiene reportados 38 homicidios, 22 personas con la pérdida de uno de sus ojos, 359 desaparecidos, 11 por violencia sexual, 1.728 denuncias penales por violación de derechos humanos debido al exceso de la fuerza policial, todas estos lamentables hechos, van dirigidos contra el estado a través de la fuerza policial. La fuente de esta información recauda al 12 de mayo de 2021, por las ONG de Indepaz y Temblores.

Dicha Información es ocultada por los medios masivos de comunicación, donde falsean y manipulación los datos reales, para aparentar una ficticia calma o una meridiana situación critica por la que atraviesa el país, en beneficio de quienes nos gobiernan.

Las píldoras metálicas no es la solución para apaliar el hambre a un pueblo sufrido, subyugado, carente de los mínimos medios de sobrevivencia, donde el ausente perenne ha sido el estado. Inyectar más fuego a las masas a través de la fuerza pública, es continuar con ese perverso baño de sangre a la nación.

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