La Silla Vacía busca establecer una supuesta relación entre el candidato presidencial Iván Cepeda Castro y las FARC, con el evidente propósito de difamarlo en el contexto de la campaña electoral. No hay periodismo crítico, ni investigación rigurosa, una sola aseveración sin ningún respaldo probatorio que le hace perder credibilidad no al candidato, sino al medio de comunicación que divulga una falacia, seleccionando un dato y omitiendo deliberadamente aquellos que lo contradicen. La Silla Vacía manipula la información para hacerle daño a la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro.
La columna se basa en un mensaje supuestamente encontrado en los dispositivos electrónicos de Raúl Reyes, donde se menciona a una persona alias «Ingrid Storgen» coordinando con «el compañero Iván Cepeda». Sin embargo, esto no es más que una alegación sin verificación independiente. No hay evidencia directa de que Iván Cepeda haya tenido conocimiento o participación en tal comunicación. El propio artículo admite que es «la única mención» en cientos de archivos, lo que subraya su fragilidad como «prueba». Iván Cepeda ha negado conocer a esta persona y ha insistido en que la marcha fue organizada por víctimas y organizaciones de derechos humanos, no por actores armados. Atribuir una relación basada en un mensaje unilateral es especulativo y no resiste un escrutinio serio.
Desde el anuncio de la marcha, Iván Cepeda dejó claro el propósito del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE- y el suyo que era homenajear a las víctimas de paramilitares y crímenes de Estado, sin conexión con movimiento guerrillero alguno. En entrevistas como la de Revista Semana del 6 de febrero de 2008, Iván Cepeda enfatizó que no era una «contramarcha» contra la del 4 de febrero, sino un llamado independiente a la justicia.
Iván Cepeda públicamente rechazó cualquier vinculación con las FARC, como se evidencia en sus columnas y declaraciones posteriores, donde criticó los intentos de estigmatización por parte del uribismo. El artículo ignora este rechazo consistente, prefiriendo enfocarse en interpretaciones sesgadas de un archivo, supuestamente incautado en el bombardeo contra Rául Reyes en el Ecuador, para insinuar lo contrario.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia declaró en 2011 que los archivos de los «computadores de Reyes» son ilegales como evidencia judicial, no solo por la violación de la soberanía ecuatoriana durante la Operación Fénix (un bombardeo transfronterizo sin autorización que cobró la vida de 25 personas, entre ellas cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de México y un cerrajero ecuatorinao), sino porque se incumplieron protocolos internacionales y no se garantizó una cadena de custodia adecuada. Los dispositivos estuvieron en manos de la fuerza pública colombiana por muchos días sin supervisión independiente, lo que abre la puerta a manipulaciones. Aunque Interpol habría certificado que no hubo alteraciones post-incautación, esto no valida el contenido original ni descarta vulnerabilidades previas. Mas además hay que tener en cuenta que uno de los responsables de la Interpol Colombia, era el general Óscar Naranjo, quien no era precisamente imparcial frente al operativo cuando fue uno de los planificadores principales de la Operación Fénix.
Debemos además enfatizar que la columna minimiza la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia, presentándola como irrelevante, pero es un hecho jurídico vinculante que invalida su uso para cualquier tipo de acusación. Sobre los archivos incautados se pretendió condenar a Piedad Córdoba, a Wilson Borja, a Gloria Inés Ramírez entre otros, mas no hubo más que especulaciones que se filtraron a la prensa, sin que existiera ningún sustento probatorio legítimo.
El artículo mismo reconoce la «Operación Estímulo» del DAS, donde se diseñaron e imprimieron panfletos falsos atribuidos a las FARC para infiltrar y deslegitimar la marcha. De las imprentas del organismo de seguridad del Estado se imprimió la propaganda de la guerrilla. Documentos del DAS, revelados en 2009 tras “el escándalo de las chuzadas”, confirman que el objetivo era relacionar artificialmente la movilización con «organizaciones terroristas». Esto formaba parte de una estrategia sistemática del gobierno Uribe para perseguir defensores de derechos humanos, como Iván Cepeda, etiquetándolos como aliados de las guerrillas o del terrorismo.
Iván Cepeda fue víctima de esta persecución del DAS, con amenazas, chuzadas y perfilamientos ilegales, de los que también fueron víctimas Gustavo Petro Urrego, Hollman Morris, Daniel Coronel, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y muchos otros, que por su labor incomodaban al entonces Presidente Uribe Vélez.
Ignorar este contexto histórico equivale a blanquear una operación de inteligencia ilegal destinada a criminalizar la oposición y las víctimas.
A pesar de invocar una «metodología» que incluye revisión de archivos del DAS, informes de inteligencia y el procesamiento de la ONG International Institute for Strategic Studies, interpreta intereses de las FARC en la marcha del 6 de marzo como «coordinación» con Cepeda, sin evidencia de interacción directa. Omite el contexto de persecución política y minimiza fallos judiciales. Esta aproximación no cumple estándares periodísticos éticos, constituyendo una pieza de campaña contra un candidato que una investigación imparcial, especialmente en un medio que se presenta como independiente. El texto incurre en una falacia selectiva al concentrarse en un solo dato, que apoya una narrativa proyectada políticamente y no periodísticamente. La especulación sin pruebas no informa, desinforma y para ello se presta la Silla Vacía.
Como defensor de derechos humanos y como congresista, Iván Cepeda ha sido un promotor clave de la paz en Colombia, participando en diálogos con diversos actores bajo el amparo constitucional de su rol legislativo. Su trabajo en el Acuerdo de Paz de 2016, la Comisión de la Verdad y la defensa de víctimas es ampliamente reconocido internacionalmente, sin cuestionamientos éticos. Cualquier «contacto» alegado en contextos pasados debe verse en el marco de su labor humanitaria, no como vínculos ilícitos. El artículo intenta revivir acusaciones desmentidas para erosionar su credibilidad, ignorando su trayectoria impecable en la promoción de soluciones pacíficas, respaldada por organismos como la ONU y la CIDH.
Dado que el artículo difunde información especulativa y difamatoria, sin base probatoria sólida, que busca dañar la reputación de Iván Cepeda en plena campaña presidencial, La Silla Vacía debería retractarse ofreciendo disculpas públicas al candidato. Iván Cepeda Castro, el MOVICE, quienes apoyamos la protección de su derecho al buen nombre, repudiamos esta desinformación que pretende afectar la voluntad popular y el mismo proceso democrático, la publicación estimula el sectarismo y la violencia política, por tanto rechazamos este tipo de narrativas que reviven tácticas de persecución del pasado.
Esta respuesta a La Silla Vacía no pretende sólo defender la imagen de un hombre intachable, sino la necesidad de resaltar la importancia de un periodismo responsable en tiempos electorales, donde la difamación alienta la violencia política.
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