Gobierno rechaza señalamientos sobre presunta intervención en política

Gobierno rechaza señalamientos sobre presunta intervención en política

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El Gobierno nacional lideró en Manizales una nueva sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, espacio de articulación institucional en el que fueron evaluadas las condiciones de seguridad electoral, las alertas territoriales y las medidas adoptadas para garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Durante la sesión, se anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad dirigidas a las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, así como el aumento de las capacidades institucionales de monitoreo y reacción frente a posibles riesgos electorales.

El ministro Armando Benedetti, destacó el despliegue operativo adelantado por el Gobierno para proteger el proceso democrático
y garantizar la seguridad de los candidatos “El Gobierno nacional dispuso el CORMPE para buscar la seguridad de todos los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia. Desde el 8 de marzo se han fortalecido los esquemas de protección con más de 460 policías, más de 260 hombres de la UNP y 94 vehículos blindados”, afirmó.

En el marco del proceso electoral, se han desarrollado cerca de 450 actividades y dispositivos de acompañamiento en distintos departamentos del país, con un despliegue superior a los 11.400 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad.

Frente a los señalamientos sobre una presunta intervención del Gobierno en política, el ministro Benedetti reiteró que el Ejecutivo mantiene una posición de respeto absoluto por las garantías democráticas y el equilibrio electoral “El Gobierno no está haciendo campaña. Nadie puede decir que se hayan utilizado recursos públicos para constreñir el voto o favorecer candidaturas. No hemos presionado alcaldes, gobernadores ni funcionarios públicos, ni hemos pedido el voto por nadie”, señaló.

La Comisión reiteró además el llamado a todas las campañas y actores políticos para respaldar el pacto promovido por la Defensoría del Pueblo, orientado a rechazar la violencia política y promover un debate democrático basado en el
respeto y las garantías electorales.

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