A menos de un mes de su posesión, el próximo 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, elevó el tono de su discurso al revelar una profunda reestructuración del Estado y un viraje en la política de paz.
El mandatario electo confirmó que impulsará la eliminación de las consejerías presidenciales y de varias dependencias que actualmente funcionan en la Casa de Nariño, con el propósito —según afirmó— de acabar con las denominadas “corbatas” y los cargos creados para pagar favores políticos.
La reforma administrativa contempla la supresión de 229 cargos, decisión que, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno entrante, representará un ahorro cercano a 10 mil millones de pesos mensuales, recursos que serían redireccionados hacia programas sociales y de inversión.
“Se eliminarán 229 cargos, lo que generará un ahorro cercano a los 10 mil millones de pesos mensuales. Esos recursos serán destinados a programas que beneficien a los colombianos”, sostuvo De La Espriella.
Reingeniería institucional
Entre las primeras dependencias que desaparecerían figuran la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Las funciones de ambas oficinas serían redistribuidas entre los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, en una apuesta por reducir la estructura administrativa de la Presidencia.
La Consejería para las Regiones, por su parte, no será eliminada. El Gobierno electo proyecta convertirla en una Gerencia para las Regiones, que actuará como puente directo entre la Casa de Nariño y gobernadores y alcaldes del país.
También desaparecerían las agencias adscritas al despacho presidencial, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el cargo de Alto Comisionado para la Paz. “Porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema que reina en este momento”, manifestó el presidente electo.
Posesión en el Cauca
Los anuncios administrativos estuvieron acompañados de un nuevo pronunciamiento sobre la ceremonia de posesión presidencial.
De La Espriella reiteró su intención de realizar el acto de investidura en una guarnición militar ubicada en el departamento del Cauca, una decisión que, según ha explicado en diferentes intervenciones, busca enviar un mensaje de respaldo a las Fuerzas Militares y de recuperación de la autoridad del Estado en una de las regiones más afectadas por la violencia de grupos armados ilegales.
La propuesta rompe con la tradición de las posesiones presidenciales – en el recinto del Congreso o en la Plaza de Bolívar — y representa una declaración política sobre las prioridades del próximo gobierno en materia de seguridad.
No más ‘paz total’
De la Espriella habló contra la política de «paz total» impulsada por el actual Gobierno, estrategia que el presidente electo calificó como un fracaso. Anunció que impartirá instrucciones a sus futuros ministros del Interior y de Defensa para desmontar lo que denominó «el espejismo de la falsa paz» y reorientar la estrategia del Estado hacia el fortalecimiento de la seguridad y el combate contra las estructuras criminales.
El nuevo mandatario también lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al referirse a la autorización concedida al excomandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como alias «Timochenko», para viajar a España en desarrollo de actividades internacionales.
“Hoy vemos al criminal de guerra alias ‘Timochenko’ en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal: la JEP. Ese bandido de ‘Timochenko’ merece estar preso de por vida”, afirmó.
La JEP autorizó la salida temporal del exjefe guerrillero, quien viajó a España tras recibir una invitación de la organización Izquierda Unida y deberá presentarse nuevamente ante ese tribunal a su regreso al país.
Cambios de fondo
De La Espriella continúa delineando una agenda que combina austeridad administrativa, reducción del tamaño del Estado, fortalecimiento de la seguridad y revisión de las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz.
Las propuestas anticipan un inicio de gobierno marcado por reformas de alto impacto político e institucional que, de concretarse, abrirán intensos debates en el Congreso, las altas cortes y distintos sectores de la sociedad.
El mensaje del mandatario electo deja ver que su intención es centrar su estrategia en un Estado más reducido, mayor control del orden público y un nuevo enfoque frente al proceso de paz y la justicia transicional.
