Editor: Francisco Cristancho R.
El prevaricato parece estar en boga en algunas entidades estatales. Lo hemos presenciado al menos en dos ocasiones por parte de funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, situaciones que serán puestas en conocimiento de la Fiscalía a su debido tiempo. Sin embargo, lo más llamativo no es la comisión del delito, sino el dolo con que incurren en este: en ambas oportunidades los funcionarios fueron advertidos de las irregularidades en su actuar y ni ello fue suficiente para enmendar su estupidez jurídica, con el perdón de ustedes, pero no tiene otro nombre que un abogado diga sin sonrojarse que previo a formular demanda de nulidad y restablecimiento del derecho “hay que agotar la tutela”. El desastre que a nombre de la administración se despliega en perjuicio de los ciudadanos por medio del llamado proceso de “impugnación” de comparendos ante la Secretaría Distrital de Movilidad debería preocupar al nuevo alcalde Carlos Fernando Galán, a los recién posesionados concejales de la ciudad y a quien –se supone– tiene por oficio defender los derechos de los ciudadanos y controlar los abusos de la administración distrital, a saber, el señor o la señora personero/a de Bogotá cuyo nombre desconocemos y creemos que eso lo dice todo.
Lo repetiremos hasta el cansancio: la Alcaldía Mayor de Bogotá no ha reglamentado la prohibición de parqueo mediante señal conforme a los presupuestos del artículo 112 del Código Nacional de Tránsito (modificado mediante la Ley 2252 de 2022, de la que Germán fue autor) y en consecuencia, como lo dispuso la ley, “carecerán de validez la imposición de comparendos por estacionar en zona prohibida cuando fuera de los casos previstos en el artículo 76 en el lugar no exista la señalización prevista en el presente artículo”. Obrar en contradicción o desconocimiento de esta norma es un delito, como se lee en el artículo 413 del Código Penal, referente al prevaricato por acción: “el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”. Si la cárcel no preocupa a la autoridad de tránsito, quizá una de las penas accesorias de este delito sí lo haga: “[incurrirá en] inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
Previo a redactar esta columna, los autores nos sentamos a discutir los temas de interés y en algunas ocasiones son tan absurdas las situaciones de las que queremos ocuparnos que no nos queda sino reírnos. Esta vez nos causó gracia un titular absolutamente mentiroso en el diario de Luis Carlos Sarmiento que decía que “el nuevo alcalde de Bogotá cuenta con la experiencia y el equipo para cumplirle a la ciudad”. ¿Cuál experiencia?, nos preguntamos. Quizá un par de sus secretarios, ¿pero el alcalde tiene alguna experiencia previa en la administración de la ciudad? Señores de El Tiempo, pertenecer a un cuerpo colegiado como el Concejo o el Senado, aunque valioso en sí mismo, no provee herramientas específicas de gerencia pública, menos en tratándose de un joven Galán a quien se le veía más en los corrillos del Capitolio que en la discusión en plenaria o comisión.
Una de las pocas veces en que se le vio activo e interesado al entonces senador Carlos Fernando Galán fue en una visita al pleno del señor Néstor Humberto Martínez [N.H.M.], por cuya visita solicitó el uso de la palabra para elogiarlo con las siguientes palabras: “usted [N.H.M.] fue miembro del comité ideológico de Cambio Radical en el año 97, qué bueno sería que nos ayude a recuperar el rumbo del partido en este momento”. Martínez, en una infrecuente demostración de afecto de la que no gozó su ‘amigo’ Jorge Enrique Pizano, dirigió al joven Galán un guiño y una tenue sonrisa. A tal señor tal honor, el nuevo alcalde se lleva mención de honor cuando de zalamería se trata.
Adenda: nuestro reconocimiento a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a su director, el doctor en economía Luis Carlos Reyes Hernández, por la lucha sin cuartel contra la evasión fiscal. Un propósito sin color político que pretende que cada uno asuma lo que le corresponde para ver si algún día, todos logramos vivir bien.
Adenda dos: en todo de acuerdo con la columna de Mario Fernando Prado publicada la semana pasada en El Espectador. En Cartagena están “matando la gallina de los huevos de oro”, como tituló el autor, y si nadie hace nada la mala fama va a hacerse perenne. Ojalá los interesados en el turismo en Cartagena recuerden que a pocos kilómetros –y con un tiempo de vuelo casi idéntico– está Ciudad de Panamá, con prestaciones iguales o mejores y sin los lastres que ya conocemos.
Hasta la próxima.
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