En días pasados, y después haber sido “aprobado” por Camacol y otros interesados, Claudia López le entrega al Concejo de Bogotá, el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial que regirá en Bogotá los próximos 12 años, y más.
Ella esperaba y quería que fuera aprobado básicamente sin discusión, aprovechando que una bancada “aplanadora” lo hicieran a “pupitrazo”, que es un término utilizado en el poder legislativo para pasar los proyectos sin debate.
Pero lo sucedido en el Consejo Territorial de Planeación Distrital, dejaron percibir el talante, tanto de la administración, como el de algunos partidos que han cerrado filas en la defensa de Claudia López. Ante las inconsistencias del texto del POT, los consejeros acordaron hacer un documento crítico y con recomendaciones para que la administración resolviera todos los problemas que allí encontraron. Los días previos a la votación donde se preveía que fuera negado el POT, por todas las inconsistencias encontradas, con el documento de recomendaciones y críticas construido por todos, Liliana Castañeda, militante activa de un nuevo partido político afectó a Claudia López, junto con otras personas decidieron que ese documento sería el de “aprobación” y se llamaría “Concepto integral”, violando las críticas y posiciones de los consejeros. Muchos se opusieron, pero la disyuntiva que encontraron, es que no podían votar por algo que ellos habían construido, la discusión duró hasta casi las 4 de la mañana con una votación de 29 a favor del documento de recomendaciones, 27 en contra, 5 votos en blanco y 2 abstenciones. Varios que habían colaborado con el documento, ante la manipulación manifiesta, y con una declaración de protesta votaron en contra. Lo aprobado no fue el POT, fue una relación de críticas, eso sí constructivas, pero nunca una validación. Este hecho fue aprovechado por López para decir que el CTPD, lo había aprobado.
Los días previos a la presentación del proyecto al cabildo distrital muchos concejales manifestaron su inconformidad afirmando que Claudia López quería “someter” al Concejo obligándolo a ir al Palacio Liévano, sede de la alcaldía, para entregarles allá el documento. Al final la presentación la hizo, como debía ser, en la sede del cabildo distrital. Ante la queja de los ciudadanos de que este plan no había sido conocido ni discutido por los habitantes de la capital, hizo que la presidente del cabildo, planteara una serie de encuentros de “ilustración” de más de 600 páginas, no se cuantos anexos y mapas. Hasta el momento, las clases, como las han llamado, no han sido todo lo claras que se deseara y los más preocupante es que no profundiza en los intríngulis del POT, sino que se queda en la parte meramente “académica”, como si los ciudadanos no tuvieran la capacidad de análisis y discernimiento para crearse un concepto y hacer las críticas respectivas. Daría la impresión que no quieren que haya críticas y que este es solo un procedimiento de “trámite”, para aprobarlo como sea.
Lo poco que se conoce del POT, a ciencia cierta, es que se proyectará la construcción de metros cuadrados de vivienda, 413 millones de metros cuadrados en los próximos años, ¡una barbaridad!, como lo manifestó el doctor Noriega, experto urbanista en un conversatorio de twitter space, auspiciado por la concejal Heidy Sánchez, el pasado 20 de septiembre.
Todas estas viviendas, que serían, en su mayoría, para la llamada clase media, tendrían un área, entre 24 y 36 metros cuadrados, que es el tipo de vivienda que se está ofreciendo y vendiendo hoy en día, de pronto hasta menos, dependiendo de las normas y las conveniencias de los constructores. Todas en el régimen de propiedad horizontal, que implica que el estado, o sea Bogotá, no volverá a invertir ni pagar, la seguridad, el aseo, mantenimiento de vías internas de los conjuntos, mantenimiento de andenes, servicios de alcantarillado e iluminación de las áreas comunes ni ningún tipo de mantenimiento, porque se convierten en bienes privados, así los define la ley, y en consecuencia todos los gastos de esos conjuntos correrán por esos nuevos copropietarios, como ocurre hoy en la propiedad horizontal, librando al distrito de cualquier inversión al respecto. Pero eso sí, el cobro y recaudo del impuesto predial, valorizaciones y otros impuestos, se multiplicará exponencialmente, ya que hoy una casa paga un solo predial y si en ese lote construyen un edificio, cada apartamento, oficina o local pagará su propio impuesto. Hoy Bogotá no reinvierte ni un peso en la propiedad horizontal, solo les da un papel, generalmente cada año, que corresponde a la certificación de representación legal del administrador, y eso que con la virtualidad ya ni el papel, pues la certificación la envía por correo electrónico.
En consecuencia, es un gran negocio para el distrito, porque acaba con las responsabilidades que este tiene en una cantidad de costos que genera la ciudad y se las endosa a los residentes de esos conjuntos, como sucede hoy en día, pero multiplicado no se sabe por cuanto. Los barrios tradicionales se acabarán para dar paso a edificios multifamiliares con todos los problemas que hoy tienen y más, y la administración distrital se desentenderá totalmente de los problemas de los ciudadanos destinando los dineros de esos impuestos nuevos a otros menesteres como el pago de deuda, 5 líneas de metros elevados, 17 troncales de Transmilenio, eliminación de los humedales y otras “maravillas” que trae este proyecto.
Este es el oscuro panorama que le espera a la ciudad, y los que la aprueben, o sea, la bancada irrestricta del gobierno en el concejo será cómplice de esta cantidad de desafueros, que no tendrán remedio cuando sean una realidad. Ya empezaron las protestas en varios sectores de la capital, como el caso específico del barrio Santa Isabel, que sería destruido casi en su totalidad, por el cambio de trazado del metro elevado, que iría por la Avenida calle octava sur, de la carrera 30, NQS, hacia el oriente, hasta la Avenida Caracas, según denuncia de la comunidad del sector, el 25 de septiembre en un plantón que realizaron en protesta al proyecto.
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