Después de dos meses de investigación, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por el presunto nombramiento irregular del secretario de la entidad, Freddy Abelardo Castro Victoria, quien también se encuentra investigado presuntamente por tener la edad tope o máxima para ocupar cargos públicos al momento del nombramiento; la medida adoptada por la Procuraduría también afectaría al entonces coordinador de Gestión del Talento Humano, Fernando Villalobos Gaitán.
Pérez Casas, dice la Procuraduría, habría firmado y aprobado la resolución por la que posesionó el 26 de septiembre de 2022 a Castro Victoria en la Secretaria General de la Supersubsidio; desconociendo presuntamente los términos de la Ley 1821 de 2016, sobre edad máxima para ejercer cargos públicos.
Desde su llegada a la Superintendencia de Subsidio familiar Luis Guillermo Pérez ha sido blanco de varias denuncias en su contra y de la apertura investigaciones por cumplir con su función de vigilancia de los recursos de las Cajas de Compensación familiar en Colombia.
Según el ente de control disciplinario el nombramiento no podía efectuarse por cuanto el cargo de secretario general de superintendencia no está excepto del límite de edad para la vinculación al servicio público, pero Pérez ya se había referido en febrero de 2023 cuando se le abrió la investigación: »
La Procuraduría formuló cargos al entonces coordinador de Gestión del Talento Humano, Fernando Villalobos, quien presuntamente habría obviado verificar y certificar que Freddy Castro cumpliera con los todos los requisitos para ser nombrado, posesionado en la Secretaría General de la entidad.
Las posibles conductas atribuidas a Pérez Casas y Villalobos Gaitán fueron calificadas provisionalmente como graves a título de culpa gravísima. En el caso del exsecretario general, Castro Victoria, quien renunció al cargo el pasado 14 de febrero, se atribuyó como falta grave a título de dolo.
“Es responsabilidad de los titulares de las entidades públicas y sus oficinas de personal asegurar que el requisito de edad para desempeñar un cargo público se cumpla, con el fin de ser un mecanismo idóneo para garantizar oportunidades laborales a otras personas que tienen derecho a relevar a quienes ya han cumplido una etapa en la vida«, agregó el Ministerio Público.
