Durante toda nuestra vida republicana, la extrema derecha feudal que ha gobernado nuestro país se ha mantenido en el poder a punta de dominar a los colombianos con ignorancia, religión, sangre y fuego. Por eso no invertían en educación; los terratenientes, quienes eran dueños de las grandes haciendas, nunca quisieron que sus siervos aprendieran a leer y escribir para mantenerlos dominados con la ayuda del cura del pueblo, que les inculcaba el respeto máximo a sus patrones y muchas veces les decían que había que obedecerlos porque eran enviados de dios para dominar y mandar eternamente.
Cuando los campesinos se revelaron contra la injusticia y los estudiantes empezaron a entender que pasaba en Colombia y por ello protestaron, la represión con armas para matarlos siempre fue la herramienta perfecta de los poderosos. El uso de la violencia armada fue ejercido por los instrumentos del Estado feudal que ellos impusieron, en otros casos con ejércitos privados, conocidos en la primera mitad del siglo XX como los pájaros o los chulavitas y en la segunda mitad como paramilitares, básicamente. Un ejemplo, que por estos días hemos recordado, es la masacre de las bananeras, ocurrida en 1.928, en la que, por defender los intereses de una empresa gringa y sus abusos contra los trabajadores de las haciendas, arremetieron a sangre y fuego contra ellos con un saldo fatal de miles de colombianos, denuncia hecha en primera instancia por el joven abogado Jorge Eliecer Gaitán, en el congreso de la república y luego, descrito con lujo de detalles de realismo mágico por Gabriel García Márquez en su novela “Cien años de soledad”.
Desde el asesinato de Gaitán, esta oligarquía ha causado la muerte de 700. 000 colombianos; 120.000 desaparecidos (los datos son aproximados por la dificultad de “contar” desaparecidos, por esa misma característica); acabaron con un partido político, la UP con mas de 6.000 muertos; asesinaron a 6.402 pobres de Colombia para demostrar el éxito de una guerra, los mal llamados falsos positivos; asesinaron, las derechas o sus aliados , a 6 candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leóngomez, Bernardo Jaramillo Ossa, Alvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán Sarmiento y Miguel Uribe Turbay (1) y muchos que quisieron llegar a las instancias ejecutivas como alcaldías o gobernaciones, o al poder legislativo. Y otro número muy importante de líderes sociales, de juntas de acción comunal, ambientales y cualquier persona que se quisiera destacar en las luchas sociales de nuestra nación. Todos muertos por las balas asesinas de quienes han detentado el poder.
También han usado el fraude y/o presión electoral para mantener una “democracia”, dizque la más perfecta de América. Recordemos el robo de las elecciones de 1.970 a Gustavo Rojas Pinilla, el candidato del pueblo, a manos de Misael Pastrana Borrero, padre del hoy cuestionado Andrés Pastrana Arango, a quien impusieron por este método con la complicidad y patrocinio de Carlos Lleras Retrepo, abuelo de Germán y Enrique Vargas Lleras, inmiscuidos en la despojada y controvertida Nueva EPS. Esas familias siguen mandando a través de los años y para lo mismo, vivir a costa del Estado. En épocas más recientes, la compra de votos es el arma predilecta en la que usan la necesidad de unos colombianos para ellos salir elegidos.
Así ha sido siempre la reacción de las fuerzas oscuras de la nación para mantener sus privilegios y el poder para seguir haciéndolo. Hoy, ante la madurez política de muchos colombianos y el avance de las fuerzas progresistas, han empezado a usar otras armas igual de letales, que no acaban con la vida física de quienes están siendo protagonistas, pero sí de su vida política y social. Son lo que conocemos como instituciones del Estado. En esta contienda electoral se han visto hechos nunca antes realizados por las derechas, porque es la primera vez que un proyecto progresista tiene la posibilidad de que siga avanzando en el tiempo con sus reformas a favor de los más necesitados.
Durante el presente gobierno, hemos visto cómo esa llamada institucionalidad ha sido el “partido de oposición” más efectivo en contra del mandato de Gustavo Petro. Han sido más de tres años y medio en querer acabar con todo tipo de propuesta que beneficie a los ciudadanos llamados de a pie. En el Congreso, las fuerzas de la oposición “inteligente” se las ingeniaron para bloquear, tumbar, hundir, no pasar los proyectos de ley en favor de los colombianos. Con artimañas muy deshonestas pudieron impedir varias veces la reforma a la salud (2); hundieron dos leyes de financiamiento, la segunda en diciembre pasado (3), poniendo en grave riesgo las finanzas públicas; sabotearon la reforma pensional que, después de aprobada, Paloma Valencia demandó ante la corte Constitucional y hoy está en suspenso, casi que hundida, por parte de un “alto magistrado”, muy cuestionado él por el no reconocimiento de un hijo y violencia familiar; la declaración de inexequibilidad por esa misma corte de decretos presidenciales de emergencia que beneficiaban a la Guajira y al Catatumbo; y lo que ha hecho el magistrado Camargo de “suspender”, hecho exótico, nunca antes ocurrido en nuestro país, el decreto presidencial de emergencia social para poder atender los gastos humanitarios y sociales de nuestro país, ahondando el déficit fiscal e impidiendo el normal desempeño del gobierno. Y para rematar, el Banco de la República sube los intereses beneficiando a los banqueros y perjudicando al gobierno al tener que pagar más intereses por la deuda pública.
Pero eso no es todo, ante la alta popularidad del gobierno, a pesar de todos los obstáculos que le ha puesto la ultraderecha, las fuerzas progresistas se proyectan como los sucesores de Petro, en cabeza de Iván Cepeda, la ultraderecha decidió una ofensiva dizque “legal” usando la Registraduría y el CNE como armas, para frenar tanto la precandidatura de Cepeda como el bloqueo a las listas a cámara de diferentes departamentos, 15 en total, aduciendo la superación de porcentajes para poder hacer alianzas y/o participar con lista única. Los obligó a reconstruir esas listas para poderlas inscribir, después de muchos ajustes pudieron hacerlo ante las autoridades electorales. Con respecto a la consulta del pacto por la paz, decidió y no dio su brazo a torcer, que el candidato progresista no podía participar debido a que la realizada el 26 de octubre había sido interpartidista y eso lo inhabilitaba para la del 8 de marzo. Casi que le decretaron la muerte política, ya que al no poder participar no tendrá ingresos por el reintegro de valor por votos, y todos esos recursos los destinó el CNE a los candidatos de derecha incluida Claudia López.
En parte lograron su objetivo, aunque aquí hubo o ingenuidad, o ignorancia, o pereza, o hasta mala fe, o todas las anteriores, de directivos del Pacto Histórico, que han creído, creen y supongo seguirán creyendo que esa oligarquía que ha hecho tantos despropósitos con los pobres de nuestro país, como lo describí anteriormente, va a respetar la Constitución y las leyes. No se detuvieron para asesinar tantos colombianos o dejar en la miseria a la mayoría de los habitantes del país, ¿se va a detener por una norma que permite o no tomar determinadas decisiones?
No señores (as). Ellos seguirán siendo lo mismo. Tan es así, que, en la votación para excluir a Cepeda de la consulta interpartidista, votaron dos “magistrados” que estaban abiertamente impedidos: Álvaro Hernán Prada a quien el 12 de febrero le inicia juicio la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de testigos (4) y Hollman Ibáñez, quien trabajó, o trabaja, para la firma de de La Espriella (5), contendor de Iván Cepeda en esta campaña electoral. Ya lo había advertido en octubre el CNE, esa fue una consulta interpartidista y no partidista. Los mandamases del progresismo se conformaron con el envío de sendas comunicaciones “aclarando” el carácter de esa consulta según su concepto, declaraciones juramentadas, misivas que el CNE nunca respondió, como muchas otras cosas, y que esa absurda ingenuidad de pensar que ellos cumplirán con la ley y la constitución, les hizo creer que esa entidad convertida en arma mortal les hubiera hecho caso, pero no, se mantuvo en su decisión de octubre. Esto fue ratificado con el retiro de Quintero, ya que él, para separarse, argumentó que no quería inhabilitarse para el 8 de marzo (6).
Como dice el adagio popular, se juntaron el hambre con las ganas de comer, unas instituciones tomadas por la extrema derecha dispuestas a disparar contra todo lo que parezca progresismo y una ingenuidad tal del progresismo, que raya en lo sublime, como dice un abogado amigo.
Ojalá los progresistas hayan aprendido de esta experiencia, que no se puede confiar en la ultraderecha y estar atentos a nuevas incursiones que quieren evitar que se consigan las mayorías en el congreso y que Iván Cepeda sea presidente.
No se detendrán, utilizarán hasta armas de fuego mortales para lograr sus objetivos. Cambio Radical el partido de propiedad de Germán Vargas Lleras, decidió entutelar la inscripción de las listas al congreso, pidiendo de paso, que el Pacto Histórico no pueda hacerlo y por tanto no pueda participar en las elecciones del 8 de marzo (7).
https://www.wradio.com.co/2025/08/11/los-6-candidatos-presidenciales-asesinados-en-los-ultimos-40-anos-en-colombia/
Última carta tras el hundimiento la reforma a la salud: radican apelación para revivirla
https://www.elcolombiano.com/colombia/inicia-el-juicio-al-magistrado-alvaro-hernan-prada-soborno-a-testigos-alvaro-uribe-GL24492433
https://caracol.com.co/2026/02/04/nuevo-conjuez-del-cne-en-caso-ivan-cepeda-ha-trabajado-con-firma-de-abelardo-de-la-espriella/
https://caracol.com.co/2025/10/15/cne-y-la-registraduria-mataron-la-consulta-del-pacto-historico-por-eso-renuncio-daniel-quintero/
