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El 10 de Octubre del presente año la Juez 30 de Control de Garantías devolvió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, aunque se esperaba que siguiera en detención domiciliaria según lo ordenado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como medida de prevención con el fin de evitar su injerencia en el desarrollo del proceso.
El estado de opinión liderado por el partido que gobierna y el mismo Presidente a través de los grandes medios de comunicación ejercieron tal presión que la Juez dió la razón a la defensa del expresidente.
Para el caso en concreto, causan gran polémica las irregularidades que se han presentado por parte de la Fiscalía: que rechazó la solicitud de recusación donde se exponía el impedimento del Fiscal Jaimes dada su cercanía al expresidente, y situaciones anteriores que ponen en duda su ética e imparcialidad; en efecto, era de esperarse su actitud equivocada en plena audiencia, en donde solicitó la libertad de Uribe extralimitando sus funciones. No cabe duda que la Fiscalía está lejos de ser un ente independiente cuando la terna la escoge el Presidente, y por esto, es indudable que puede causar problemas en desarrollo de la investigación de ciertos casos y por lo tanto precariedad del Estado de Derecho y de la Democracia.
Es claro que el expresidente acusó al Senador Iván Cepeda de delitos por los que hoy él mismo es investigado, convirtiéndose en víctima de su propio invento; el expediente del caso por supuesto fraude y soborno de testigos tiene un dosier de 1.554 páginas, lo que demuestra la seriedad y rigurosidad de las pruebas que lo acusan. Cabe recordar que su abogado Diego Cadena está privado de la libertad e irá a juicio a fin del presente mes por los mismos delitos.
Qué sigue?, el Senador Iván Cepeda presentará apelación y se espera que según la ley 906 de 2004 un Juez de segunda Instancia establezca si la investigación se archiva o si es necesario radicar escrito de acusación y solicitar imputación de cargos seguida de medida de aseguramiento.
Es posible que la defensa del expresidente busque, primero, declarar como ilegales algunas pruebas del dosier para desbaratar el proceso, y segundo, evitar llegar al momento de la imputación de cargos.
Dos preocupaciones, que se abre la ventana por donde cualquier senador investigado al renunciar al cargo pueda encontrar la impunidad y que quede demostrado que el poder está por encima de la justicia.
