Por: Luis Guillermo Pérez Casas / Defensor de derechos humanos, promotor de la paz
“la niña muy simpática calculando la edad como entre 5 y 6 y el peladito también era curiosito … se les preguntó a los comandantes que se hacía con estos niños … llegaron a la conclusión que estos niños serian una amenaza en el futuro diciendo textualmente de manera que ellos crecían y se volverían guerrilleros…”
Jorge Luis Salgado David
Era medio día del 21 de febrero de 1995. Los paramilitares, acompañados de tropas de la Brigada XVII del Ejército Nacional, llegaron a una vivienda rural de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó. Mataron primero a Sandra Milena dentro de la casa. Natalia Andrea se escondió con su hermanito debajo de una cama. De allí los sacaron al exterior, donde Alfonso escondido en una cacaotera con un machete en la mano escucha que han dado la orden de matar a sus pequeños. Se entregó y de rodillas y con las manos en la nuca suplicó para que no mataran a sus niños. Alfonso le habló a sus pequeños hijos despidiéndose “los niños corrieron hacia él… y es cuando el papá, ya consciente de lo que iba a suceder, le dice al niño que ellos iban a hacer un viaje largo y que posiblemente no iban a regresar… entonces la niña le busca al niño una ropita en un taleguito, y se lo entrega diciendo adiós con la mano…” confesó Salgado David, alias “Kiko” , ataron a Alfonso a un árbol, lo golpeó alias “Poquemón” y lo degolló alias “Pirulo”, quien comandaba ordenó ejecutar a los niños porque de adultos “se convertirían en guerrilleros”. Alias “Cobra” degolló a los niños. Cerca dajaron también el cadáver de un campesino de la región,Alejandro Pérez de 30 años.
Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, tenía seis años, su hermanito Santiago 18 meses, su madre Sandra Milena Muñoz Poso tenía 24 años y su padre Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano tenía 30 años y era el lider del Consejo de Paz de la Zona Humanitaria en la vereda Mulatos.
Atrás habían dejado tres horas antes en las orilla del río Mulatos los cadáveres del fundador y lider de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Luis Eduardo Guerra Guerra de 35 años, de Bellanira Areiza Guzmán de 17 años y del niño Deiner Andrés Guerra de 11 años. Los torturaron antes de masacrarlos. Darío hermano de Luis Eduardo pudo huir y escuchó los gritos de dolor de sus familiares, murieron a garrotazosy degollados.
Conocí a Luis Eduardo Guerra en sus recorridos por Europa, ofreciendo su testimonio sobre uno de los más extraordinarios ejemplos de resistencia civil en medio de la guerra. Un joven campesino lleno de valor que se levantaba a trabajar desde las 4 am y luego de la dura jornada de agricultor, autodidacta leía historia, filosofía, literatura, se formaba para representar mejor a los suyos, se expresaba con mucha propiedad y denunciaba los crímenes que habían perpetrado en la región y contra la Comunidad de Paz, los militares y paramilitares de un lado y la guerrilla por otro.
Contribuí a organizar la pirmera visita a Colombia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional -CPI- en septiembre de 2004, se había abierto el examen preliminar sobre Colombia, por los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en nuestro país desde el 1º de noviembre de 2002, fecha en la cual el Estado colombiano habilitó a la CPI para investigar y sancionar a los máximos responsables de dichos crímenes sino fuesen sus autores sancionados. Solicité que Luis Eduardo participara para dar su testimonio, creía que sería una acción que lo protegería, como a la propia Comunidad de Paz.
Por ello cuando fui enterado de la masacre y de que en la misma se había asesinado a cuatro menores de edad, entre ellos tres pequeños niños, sentí un profundo dolor de patria ante la extrema barbarie. Lloré con la amargura que produce la impotencia del exilio y prometí en medio de mi sollozo que contribuiría para que este crimen de lesa humanidad no quedase en la impunidad.
Nos pusimos en contacto, con uno de los más eminentes defensores de derechos humanos en Colombia, el sacerdote jesuita Javier Giraldo, mentor de la Comunidad de Paz, desde la dirección general de la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH- en París y luego de un trabajo de varios meses, documentamos más de 175 crímenes contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y en mi condición de Secretario General de la FIDH y con el padre jesuita presentamos una de las primeras comunicaciones -nombre técnico para una denuncia ante la CPI- contra el Presidente de entonces Álvaro Uribe Vélez, contra el vicepresidente Francisco Santos y contra la cúpula militar por su eventual responsabilidad por acción u omisión en la masacre.
La Comunidad de Paz fue beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- desde el 17 de diciembre de 1997, a esa fecha “cuarenta y tres de sus miembros fueron asesinados desde que los miembros de dicha comunidad declararon su neutralidad en marzo del año 1997 ” luego la CIDH ante la persistencia de los asesinatos sistemáticos solicitó medidas provisionales de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien las concedió y se mantienen activas desde el 9 de octubre de 2000.
Pese a esta obligación especial y convencional del Estado para proteger a la Comunidad de Paz, la respuesta del Estado fue contraria, estigmatizarles, perseguirles, amenazarles y masacrarles. En la masacre del 21 de febrero de 2005, todos los ingredientes del terrorismo estatatal se planearon con el objetivo de destruir a la Comunidad de Paz, la difamación, el desvío de las investigaciones, la masacre de 8 personas y los niños como objetivo militar para difundir el máximo de terror, el desplazamiento, la militarización del territorio y la revictimización.
Los que niegan los crímenes a pesar de cometerlos, a los que en extremo cinismo se autocalifican de víctimas de difamación “ de víboras venenosas y perversas”, como el recién y cuestionable mensaje publicado por el Comandante del Ejército, a los que afirman que todo es un montaje para “mancillar sus nombres” o “acabar con las instituciones” o “guerra jurídica”, dejaremos claro en esta columna un hecho más de la historia de la infamia, como criminales sin escrúpulos actuando en contra de sus obligaciones constitucionales perpetraron uno de los peores hechos de barbaries. Hechos que mancillan al Ejército de Colombia, al Gobierno Nacional, a la Administración de Justicia, al propio Estado sacrificando los valores de la República, cometiendo, justificando y encubriendo una repudiable masacre como en las peores dictaduras del mundo.
Perpetrada la masacre del 21 de febrero, el Ejército Nacional y el Gobierno de Uribe Vélez responsabilizaron a las FARC, presentaron a dos desertores de dicha guerrilla afirmando que la misma había decidido cometer la masacre contra Luis Eduardo Guerra y contra Alfonso Tuberquia y sus familias “porque estos tenían el propósito de desertar de las FARC y denunciar a otros miembros de la Comunidad que hacían parte de dicha guerrilla”.
Así la campaña de difamación tuvo tres objetivos, privar de solidaridad nacional e internacional a la Comunidad de Paz para facilitar su exterminio, afectar la credibilidad de los líderes masacrados para que disminuyeran los reclamos de justicia y contra las propias FARC para justificar la política de tierra arrasada de la “Seguridad Democrática”.
La Comunidad de Paz desde el primer momento denunció con vehemencia la responsabilidad del Ejército Nacional y de paramilitares en la masacre. Paramilitares con los que el gobierno de Uribe Vélez negociaba su desmovlización con la promesa de que no serían extraditados ni juzgados ante la CPI. Pero la narrativa oficial se impuso por varios años.
El director seccional de Fiscalías de Antioquia, Francisco Galvis, atribuyó la matanza a las FARC y afirmó: “de vez en cuando ese grupo irregular usa la comunidad de paz como sitio de descanso y veraneo” .
El Comandante de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ospina, negó que hubiese habido despliegue militar en la zona donde se perpetró la masacre, que no hubo ningún soldado ni antes, ni durante la ocurrencia de los hechos, advirtiendo que no se toleraría que “una comunidad de paz suplante al Estado”. El ministro de defensa Jorge Alberto Uribe planteó un ultimatum o “permiten la presencia de la fuerza pública o se acaban” no podía haber lugares vedados para la presencia de la fuerza pública.
El vicepresidente Francisco Santos expresó que era “un cuento chimbo” la denuncia de la Comunidad, que acusaba al Ejército y se hizo acompañar visitando el cuerpo diplomático y la comunidad internacional, de los dos desertores de las FARC para que corroboraran que esta guerrilla había cometido la masacre.
El entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, nunca condenó la masacre pese a atribuirsela a las FARC ¿ desde el sentido común sólo hay que preguntarse por qué no la condenó? Al contrario el 20 de marzo de 2005, en Consejo de Seguridad en el Urabá con la Brigada XVII en el municipio de Carepa (Antioquia) revictimizó a la Comunidad de Paz asegurando que sus líderes tenían vínculos con las FARC “En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista” .
El 22 de mayo de 2008 se conoció la declaración del exparamilitar Ever Velosa García, alias ‘HH’, ante la Procuraduría General de la Nación, en la que denunció que en el 2005 se le acercó en Turbo, Antioquia, el coronel Néstor Iván Duque López, para la época comandante del Batallón “Bejarano Muñoz” .“Me dijo que la plata era para dársela a unos testigos desmovilizados de las Farc que iban a declarar a Bogotá y que iban a decir que la masacre de San José de Apartadó la habían cometido las Farc, no recuerdo para qué mes del 2005, pero lo que sí recuerdo es que eso fue en ese año”.
La masacre habría sido preparada en la Operación Fénix dirigida por el comandante de la I División del Ejército Mario Montoya Uribe. Ante la Juez Segunda Especializada de Antioquia tres coroneles de la Brigada XVII señalaron que “Montoya fue quien ordenó la utilización de guías en la operación militar, quienes resultaron siendo paramilitares del bloque “Héroes de Tolová” comandados por Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”. Pero el General Montoya no sería el único responsable que permanece impune, otros generales del Ejército deben rendir cuentas ante la justicia.
Entrevisté a Don Berna en su centro de reclusión en Miami en una diligencia programada por la Fiscalía General de la Nación en relación con el magnicidio de Jaime Garzón Forero, donde pidió perdón a la familia y al país por haber contribuido a ese crimen.
Al margen de la diligencia le pregunté por su responsabilidad en esta masacre y me afirmó que había contribuido con sus hombres por solicitud del Ejército y que la decisión de masacrar a los niños se tomó por petición de los militares.
Se podría decir que la justicia ha avanzado en relación con miles de crímenes de Estado porque decenas de paramilitares y unos cuantos militares han sido condenados por la masacre. En mayo de 2019 la Corte Suprema de Justicia condenó a 34 años de prisión a seis integrantes del Ejército por su participación en la masacre “El alto tribunal señaló que el coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán Ortega y Ángel María Padilla Petro; y los cabos Ricardo Bastidas Candia y Sabaraín Cruz Reina fueron responsables, junto a los paramilitares, del asesinato de ocho personas de la comunidad de paz del municipio antioqueño”.
Sin embargo el amargo sabor de la impunidad no se supera, cuando los determinadores y encubridores de la masacre siguen libres, gozan de pensión con nuestros impuestos el General Mario Montoya Uribe, Francisco Santos además sigue siendo embajador en Washington y Álvaro Uribe Vélez sigue gobernado el país desde las sombras. Apuestan a destruir el proceso de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que lograrán es acercarse más rápidamente a ser juzgados en la Haya por la Corte Penal Internacional.
