Los problemas de movilidad que presenta la ciudad de Villavicencio, la capital de los Llanos orientales de Colombia, son una muestra de las graves circunstancias sociales y territoriales en que transcurre la vida de miles de personas en condiciones de absoluta pobreza y de negación del derecho a la movilidad que es tan importante como los derechos a la salud, la educación, la democracia, el empleo, a la paz y a un medio ambiente sano.
El sistema de transporte urbano de la ciudad en el que se movilizan estudiantes, trabajadores, campesinos, víctimas, mujeres y discapacitados es uno que se caracteriza por sus condiciones aberrantes de atraso. Más parece una red de mediados del siglo XX que una estructura moderna de desplazamiento como se puede ver en otras ciudades intermedias, por ejemplo, las del Eje Cafetero.
El mercado está monopolizado por cinco pulpos del transporte que utilizan un parque automotor desvencijado, con conductores sin condiciones mínimas y en el más completo desorden, sin una autoridad que actúe para proteger el derecho ciudadano a la movilidad en condiciones de dignidad.
La autoridad del transporte de Villavicencio más parece una ficha de los empresarios del transporte afanados en acumular ganancias y enriquecerse a como dé lugar, pues la actualización del parque automotor y la prestación de un servicio decente no figura entre sus prioridades, y tal parece que en esa onda se mueve todo el sector público.
No obstante que han transcurrido dos años de la actual administración del alcalde Felipe Harman, no se han implementado medidas excepcionales o no se han organizado “pilotos” para inducir nuevos modos de movilidad como el de las bicicletas. El plan de desarrollo vigente señala que Villavicencio dispone de 100 bicicletas, pero su uso es muy limitado o clandestino. Mientras Montería ha logrado masificar el uso de la bicicleta favoreciendo los grupos sociales más pobres, en Villavicencio la gente tiene que padecer una escoria absoluta de busetas con fallas de todo orden que ponen en peligro la vida de mujeres, niños, ancianos y discapacitados.
Ahora que se inicia el tercer año del actual periodo de Harman, éste y su Secretario de Movilidad, Mauricio Frías, han anunciado, con bombos y platillos, la adjudicación de un contrato de consultoría por un valor cercano a los 100 mil millones de pesos, con una empresa japonesa radicada en Medellín (Nippon Koei) y otra de Bogotá (SAIP) para actualizar el Plan Maestro de Movilidad y organizar el Sistema Estratégico de Transporte, todo con apoyo financiero de Findeter y del gobierno de Gran Bretaña.
Estas firmas (con sus 180 asesores) serán las grandes beneficiadas con esta gigantesca partida presupuestal, mientras tanto el ciudadano del común deberá esperar varios años más para que su derecho a la movilidad sea garantizado en condiciones de dignidad.
Un grupo de ciudadanos ha constituido una Veeduría ciudadana “Villavicencio: el derecho a la movilidad”, debidamente registrada en la Personería municipal para promover el control y la auditoría social sobre este proyecto (que seguramente terminará con cientos de folios archivados) con el objetivo de demandar resultados inmediatos y concretos en el mejoramiento de las condiciones de movilidad de casi 600 mil ciudadanos.
Villavicencio y sus habitantes demandan soluciones puntuales a sus problemas y menos carreta de la burocracia que se montó en una retórica plagada de sofismas con el fin de dilatar la solución de los fenómenos más graves de la ciudad.
Hay un Programa de manifestaciones y plantones para exigir de manera pacífica hechos concretos en este campo, como por ejemplo instalar “puntos de bicicletas” que la gente utilice para su desplazamiento a los sitios de trabajo, de estudio y hacia el centro de la ciudad.
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