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El drama de los casi 9 millones de víctimas del desplazamiento y el conflicto armado colombiano no para y se profundiza con el incremento de la violencia en las regiones. Tumaco, Ituango y el Catatumbo son los más recientes casos de desplazamientos masivos de campesinos presionados por los actos de violencia de actores empeñados en imponer sus pretensiones políticas e ilegales.
Lo más complejo de este drama humanitario, completamente ignorado por los grandes conglomerados mediáticos, es la irresponsabilidad del Estado y el gobierno en el reconocimiento de los derechos de los colombianos afectados por el desplazamiento.
Desde 1997 existe una amplia legislación y jurisprudencia sobre las víctimas, una de cuyas normas destacadas es la Ley 1448 del 2011 y la organización del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición representada por la Jep. Pero todo este cumulo de disposiciones e interpretaciones jurisprudenciales prácticamente se han convertido en letra muerta frente a la desgarradora situación de los hogares afectados por esta terrible situación.
Peor, la corrupción con los recursos presupuestales asignados para las víctimas es una lacra que vulnera profundamente a dicha población en condiciones de vulnerabilidad.
Municipios, departamentos y Unidad Nacional de Victimas manejan a su antojo y con fines politiqueros los recursos fiscales para las víctimas.
El más reciente informe de la Contraloría General de la Republica así lo pone en evidencia.
Una Auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) destapo tres hallazgos fiscales por 2 mil 509 millones de pesos.
La Contraloría identifico retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado.
Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevarse a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?”, indica el informe de la Contraloría.
En la auditoría realizada, se detectó la inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de un millón 140 mil 145 pagos pendientes por realizar, a 31 de diciembre de 2018.
De igual forma, se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización de las víctimas.
Igualmente en el programa de reparación colectiva sólo seis sujetos, de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), han sido reparados de manera integral y completa, de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2019.
En relación con las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado en las medidas de reparación, la Contraloría señala que no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad.
Así y contra lo esperado en la gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los integrantes de estas comunidades no son reparados de manera pronta, oportuna y eficaz, resultando revictimizados y atropelladas en sus derechos esenciales.
Teniendo en cuenta estas irregularidades, la Contraloría determinó que los bienes administrados por el Fondo no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente.
De acuerdo con la Contraloría, en la auditoría realizada se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%, lo que significa un grave incumplimiento de la orden judicial de la Corte Constitucional que desde el 2002 ha expedido varios autos al respecto.
De igual forma, se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa y no hay reparación pronta y oportuna para las comunidades étnicas, es la conclusión de esta investigación de la Contraloría General de la Republica.
La organización y movilización de las víctimas es la única opción válida frente a esta catástrofe institucional y social.
Parte de esa movilización debería ser la intervención de los parlamentarios de oposición democrática promoviendo audiencias públicas, debates de control político y señalamientos precisos por lo que está sucediendo con las políticas gubernamentales para las víctimas.
Allí hay muchas cosas para destapar pero los supuestos representantes de las víctimas en el ámbito parlamentario muestran poco interés por abordar la problemática de 9 millones de colombianos en condición de desplazados y afectados por la ausencia de una Estado garantista.
