La corrupción permeó el Estado colombiano en niveles descomunales, especialmente durante los gobiernos de Uribe Vélez, Santos e Iván Duque.
El robo a los gobiernos, por parte de las redes de la ultraderecha y la derecha uribista y santista, enquistada en los gobiernos, alcanzó una cifra superior a los 50 billones de pesos anuales (15 mil millones de dólares), un infierno de plata con el que se pudieron resolver muchos problemas sociales de millones de personas golpeadas por la pobreza multidimensional.
Esa plata esta en los bolsillos y los bancos (suizos y de la Florida) de reconocidos cacaos de la oligarquía burocrática enchufada por distintas vías a los presupuestos estatales.
En el 2018 se hizo un referendo anticorrupción, con millones de votos (más de 13 millones) para establecer un mecanismo de intervención de este fenómeno, pero la cosa no paró en nada; los efectos fueron nulos porque el problema sigue tal cual.
En el 2022 se destapo un escándalo del robo a los dineros de la paz, que algunos estimaron en más de medio billón de pesos, en el cual aparecen involucrados altos funcionarios del gobierno de Iván Duque, parlamentarios y delegados de la Contraloría general de la república (Ver https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-escandalo-de-ocad-paz-en-que-consiste-que-evidencia-hay-y-que-huecos-tiene/ ).
Con la presencia, desde el 7 de agosto, de un nuevo gobierno encabezado por el ex senador Gustavo Petro y de una fuerte bancada del Pacto Histórico en las cámaras legislativas se realizó un debate de control político para determinar responsables, montos del despojo y procesos judiciales a incoar, pero las cosas no fueron tan contundentes como lo demanda esta aberrante situación que golpea los procesos de implementación de la paz.
Desde finales del año anterior, la nueva administración del Pacto Histórico inicio, desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz, un proceso de reorganización del Ocad paz y para el efecto se designó a la doctora Gloria Cuartas como presidenta del Ocad paz, quien es la encargada en presidencia de la republica de toda la estrategia de implementación de los acuerdos de paz con las Farc, firmados en el segundo semestre del 2016.
Gloria Cuartas es una prestante líder social del Urabá antioqueño, ex alcaldesa del municipio de Apartado y víctima de la acción terrorista de los grupos paramilitares orquestados por el ex presidente Uribe Vélez y los generales que están procesados por la JEP por los “falsos positivos”.
Como presidenta del Ocad paz ha realizado una encomiable, férrea y transparente gestión para determinar cuál fue la trazabilidad –en los últimos 72 meses- del despojo de los dineros del Sistema General de Regalías, mediante maniobras contractuales, desvío de dineros, complicidades internas de funcionarios del DNP (ST) y de la ART, del Ministerio de Hacienda y otros Ministerios, el pago de comisiones y sobornos, falsas certificaciones de supervisores y otros procedimientos porosos que es necesario caracterizar porque la corrupción es un monstruo que utiliza procedimientos muy difíciles de detectar.
En esa dirección, las 4 sesiones (Ver https://www.sgr.gov.co/Inversi%C3%B3n/OCADPAZ/SesionesOCADPAZ.aspx ) adelantadas hasta la fecha (65, 66, 67 y 68), bajo la presidencia de Gloria Cuartas, han significado un manejo cargado de amplia transparencia para atender los proyectos represados –heredados del gobierno de Duque- y consolidar un “estado del arte” sobre los hechos asociados con la gestión del difuso Emilio Archila y la enmarañada Secretaria Técnica de dicha entidad.
Han sido aprobados proyectos muy importantes como el Acueducto regional del Cauca (por casi 90 mil millones de pesos), que comprende los municipios de Balboa, Mercaderes y Patía, curiosamente e inapropiadamente presionado por el gobernador de ese departamento con visitas a las sesiones del Ocad paz –señor Elías Larrahondo de la cuerda de los clanes corruptos regionales-, frente a lo cual Gloria Cuartas ha pedido la intervención de la Secretaria de Transparencia de la presidencia de la república y de las Auditorias y Veedurías sociales reguladas por la Constitución de 1991, la ley 850 del 2003 y la Ley 1474 del 2011 que establece instrumentos y mecanismos para la lucha contra la corrupción.
También se ha pedido la acción de control social de las Veedurías ciudadanas para proyectos como el de la construcción de vías en Puerto Gaitán (por un valor cercano a los 40 mil millones de pesos); la instalación de plantas fotovoltaicas en veredas del Retorno y Calamar (por más de 15 mil millones de pesos); y otros proyectos de envergadura en Yopal, Sucre, Chaparral, Prado, Cantagallo, que bien pueden consultarse en las actas del Ocad 66 y 68 (Ver https://www.sgr.gov.co/Inversi%C3%B3n/OCADPAZ/SesionesOCADPAZ.aspx ) y en el Banco de proyectos del DNP.
Todos los esfuerzos de la gestión de Gloria Cuartas se han focalizado en la expedición de un nuevo Reglamento (Ver…..) para la selección y adjudicación de nuevos proyectos con los recursos del presupuesto bianual (2023-2024), aprobado desde hace algunos meses, que fueron recortados por las vigencias futuras autorizadas por Emilio Archila y los miembros del Ocad, en ese momento (primer semestre del 2022).
Esta Reglamentación tiene como objetivo central corregir las inequidades en la distribución de los recursos que fueron concentrados en varios municipios Pdet (Guaviare, Caquetá, Macarena, Patía, Catatumbo) como resultado de su oscura conexión con las redes y telarañas del clientelismo de la ultraderecha uribista.
La nueva reglamentación que debe consolidarse será la base de las convocatorias que se hagan por estos días, y el marco de acción de las Auditorias sociales y Veedurías que Gloria Cuartas, de acuerdo con la Ley, considera centrales en el fortalecimiento institucional y de la reputación de esta entidad afectada por los escándalos y la criminalidad de cuello blanco que aún se mueve en la impunidad, como ocurre con el ex Jefe de Planeación Nacional, señor Rodríguez.
La Veeduría ciudadana “Ocad paz con transparencia” (organizada en San José del Guaviare) está adelantando todas las gestiones para que el nuevo Reglamente incluya claramente el papel de las Auditorias sociales en los procesos de transparencia en la escogencia de los proyectos de inversión y su ejecución. Este es un compromiso del presidente Gustavo Petro que algunos funcionarios heredados de anteriores gobiernos enquistados allí, quieren anular o entrabar, con oscuros procedimientos administrativos y maniobras burocráticas que las veedurías denunciaran sin restricciones de ningún orden o por amenazas de grupos criminales muy poderosos que se mueven en la penumbra del Ocad Paz y el DNP.
Aún falta mucho para que el Ocad paz supere el nefasto capítulo de la masiva corrupción que afecta a los dineros de la implementación de la paz. Esperemos que el liderazgo de Gloria Cuartas alcance sus objetivos en favor de los sectores más débiles de los 170 municipios Pdet que, después de 9 años, no ven los resultados prometidos, pues los procesos territoriales de la reconciliación están en el aire no obstante que hay una entidad como la Agencia de Renovación del Territorio ART, escogida funcionalmente para tal menester, pero burocratizada y enmarañada por el clientelismo devastador.
