Varias organizaciones sociales, populares y organismos de carácter privado y del sector público respaldan la gestión del Super Intendente de Subsidio Familia Luis Guillermo Perez Casas, ante la suspensión provisional de tres meses impuesta por la Procuraduría General de la Nación.
Para varias organizaciones esta medida al parecer se interpuso por que el funcionario del gobierno de Gustavo Petro ha demostrado durante su vida publica, un ferreo compromiso por defender los derechos humanos, la paz y sobre todo la política del actual gobierno, basada en la necesidad de volver a Colombia en potencia mundial de la vida. Esto al parecer va en contravía de los intereses de la actual procuradora y ultima ficha del uribismo; con un cargo que como el del Fiscal General han utilizado para torpedear la paz.
Son varias las voces que ven en esta decisión como excesiva e improcedente e incluso evidenciaría una persecución política amañada.
La Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar “FEDECAJAS”, una agremiación que agrupa a por lo menos 31 cajas de compensación por medio de un comunicado expreso su solidaridad con el Super Subsidio
El Ministerio Público indicó como posible falta disciplinaria y formuló pliego de cargos contra del funcionario, según ellos; por realizar modificaciones a una lista de elegibles . Pero lo que no considera la Procuraduría es que a tan solo tres semanas de culminar su cargo el Superintendente del Subsidio Familiar, Julián Molina Gómez designado por el expresidente Iván Duque Márquez y con la Resolución 0498 del 05 de agosto de 2022 conformó lista cerrada de elegibles a Director Administrativo y Agente Especial de Intervención, sin que existiera mandato legal para poder hacerlo.
Desde varios sectores se escuchan las voces de respaldo a Pérez.
Incluso las organizaciones sociales han dado a conocer internacionalmente la situación que se presenta con el ente de control y como la Procuraduría estaría actuando como un actor político en favor de la corrupción. También hacen un llamado a más organizaciones para que se respete el Estado Social de Derecho y no se vulneren los derechos fundamentales de un funcionario que promueve la paz yv las politicas publicas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Varios medios de comunicación han dado a conocer la denuncia pública que hace el funcionario, para que la Corte Suprema de Justicia investigue a Margarita Cabello en sus funciones como Procuradora
