“Durante el año 2021, Colombia contabilizó 114 masacres y al menos 198 líderes sociales asesinados, para un total de 1.284 dirigentes asesinados tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016”.
Terrible lo que acaba de suceder en la vereda el Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo.
El Ejército nacional en esa región a cuya cabeza se encuentra un alto oficial con graves y criminales antecedentes, el mayor general Edgar Alberto Rodríguez, ha ejecutado una masacre del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Remanso, Didier Hernández Rojas, de Ana María Sarria Barrera (esposa del presidente de la Junta), de Pablo Panduro Coquinche (gobernador del cabildo Kichwa, Brayan Santiago Pama), de un menor de edad de 16 años, Oscar Olivo Yela, de dos personas más conocidas como Pequeño y Cuéllar, resultando heridos Willinton Galíndez, Vanesa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade, todos estos habitantes ampliamente reconocidos en esta comunidad, que participaban de un bazar comunitario.
Todo indica que este operativo fue financiado por las mafias del narcotráfico de reconocidos criminales como la Araña (Giovany Andrés Rojas) y el Alacrán (Víctor Patiño Fomeque) con fluidas y abundantes relaciones con oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas a quienes aportan millonarias cifras de dinero y lujosas propiedades en Bogotá y Medellín. Recientemente un hermano de la Araña fue sorprendido en Bogotá en un vehículo del Ministerio de Defensa asignado a un alto general del Ejército
La demencial acción fue ejecutada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales en el Putumayo; esta operación ha sido presentada como un combate contra un grupo de las Farc organizado en el Frente 48.
La Defensoría del pueblo, la población del municipio y la vereda, y las organizaciones de los Derechos humanos están indicando que se trata de un “falso positivo” de civiles inermes presentados como guerrilleros muertos en combate.
Es una masacre cometida por el ejército y su Sexta Brigada encadenada al sistema de masacres y exterminio de líderes ejecutado por el régimen neonazi de Iván Duque y del uribismo (en los últimos 4 años), tan amigo de este tipo de limpiezas contra los campesinos y los indígenas.
El responsable de este operativo, Mayor Edgar Alberto Rodríguez, tiene acusaciones por su participación en 73 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, y aun así siempre ha tenido el apoyo de toda la camarilla política del régimen genocida para ocupar altos cargos en las Fuerzas Armadas como encargado de Educación y Doctrina del Ejército Nacional; como comandante de la IX Brigada en Neiva (Huila), donde su deporte preferido eran las ejecuciones extrajudiciales de campesinos; y como integrante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que opera en el Bajo Cauca y el Nudo del Paramillo, que fue duramente cuestionado por las organizaciones sociales debido a la presunta participación de Rodríguez en ejecuciones extrajudiciales.
En el Bajo Cauca Antioqueño los campesinos denunciaron el sitio exacto donde se encontraban mandos del frente neoparamilitar Virgilio Peralta Arenas, más conocida como los Caparrapos, alias Caín y alias Flechas, quienes se encontraban bajo los efectos del licor en un billar en el corregimiento de El Guaimaro del municipio de Taraza, tropas de la Operación Aquiles al mando del general Rodríguez extrañamente nunca buscaron capturarlos. Situación que aún no es aclarada por la Inspección general del Ejército.
La duda sobre las actuaciones del General Rodríguez son permanente en su sangriento recorrido como militar, y por esa razón esta nueva masacre ocurrida en el Putumayo en la cual el Ejército quiere hacer pasar a varios civiles como “guerrilleros muertos en combate” debe ser no solo verificada, sino que la rápida investigación de los entes del Estado debe surtir por fin una acción efectiva contra la impunidad.
A pesar de la grave denuncia, que vuelve a poner el foco sobre el dantesco capítulo de los “falsos positivos”, el Gobierno uribista de Duque descartó de inmediato cualquier irregularidad criminal. El irresponsable ministro de Defensa, el uribista Diego Molano, respondió en sus redes sociales: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”. Pero crecen las dudas sobre la versión que ha entregado la Fuerza Pública del oficial Rodríguez.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), denunció que eran “Eran civiles, no guerrilleros”, sobre la muerte de 11 personas en un operativo militar en Puerto Leguízamo (Putumayo). La comunidad dice que el Ejército irrumpió en un bazar comunitario de indígenas y campesinos asesinando a dos reconocidos líderes de la región.
La OPIAC recuperó los relatos de la comunidad, los cuales apuntan a que no hubo ningún tipo de enfrentamiento armado. “El Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona, realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos”, señaló un indígena de la región a una emisora comunitaria. Aseguraron que dicha actividad era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda. En este espacio se encontraban el señor Divier Hernández y su mujer, padres de dos menores de edad de 6 y 2 años”. Eran personas que estaban en una reunión con la comunidad para reunir dinero y así construir unas ‘placas huellas’ que les sirvieran a los campesinos.
La comunidad señaló que el bazar era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda y que se recolectaron once millones de pesos, los cuales desaparecieron en manos de los soldados durante los hechos. En el pronunciamiento, la organización señaló que estos ataques contra las comunidades indígenas en esta zona del país no son hechos aislados y que en meses pasados también se han presentado asesinatos de sus integrantes.
Ni desde el Ejército ni en el Gobierno han explicado por qué los campesinos y los indígenas fueron masacrados en este operativo de Rodríguez.
La Opiac (organización indígena) ha dicho que fue el Ejército el que hizo el levantamiento y que no tienen claro su paradero. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Putumayo dijo a las emisoras comunitarias que los 13 cuerpos están en Mocoa, en poder de Medicina Legal, con una frágil cadena de custodia por el interés del Ejército en alterar la escena del crimen.
Una fuente indicó que quienes hicieron el levantamiento de los cuerpos fueron agentes del CTI de la Fiscalía que acompañaron el operativo militar que buscaba capturar a alias Bruno. El lío sería que esos investigadores no estarían autorizados para hacerlo.
De acuerdo con Opiac, el Ministerio Público debe dirigirse de manera inmediata al lugar de los hechos y garantizar la protección de la escena de los hechos. La comisión de derechos indígenas solicitó que fuerzas como el Ejército Nacional frenen el asesinato por mediación de la modalidad de falsos positivos, contra la población de Puerto Leguízamo.
La Opiac enfatizo que es deber del Ministerio de Defensa de Colombia retirar las declaraciones estigmatizadoras, donde justificaron el asesinato de civiles a manos de militares aludiendo que «pertenecían a grupos guerrilleros» sin evidenciar ninguna prueba de tal acusación.
La Opiac solicita a la Procuraduría General de la Nación que, en el marco de sus funciones legales, haga uso del poder preferente e investigue disciplinariamente a todos los funcionarios que participaron en este falso positivo, incluyendo al ministro de Defensa, Diego Molano.
Ante los nefastos acontecimientos, la organización indígena instó a los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos, incluir los homicidios denunciados en el Putumayo en los informes sobre la crítica situación que atraviesa Colombia en cuestión de derechos humanos e internacional humanitario.
La Opiac exigió el desarrollo de una investigación con el objetivo de que se analicen judicialmente los sucesos reportados en el área, además del enjuiciamiento de los autores de estos hechos criminales.
Un actor de Derechos Humanos de entidades extranjeras ha dicho que es urgente que las autoridades aclaren estos hechos y que desempeñen su tarea con profesionalismo. No es responsable, a cuatro días de los hechos, estar llegando a conclusiones de estar asumiendo que se trataba de miembros de las disidencias o que se trató de falsos positivos. Se debe investigar, y si hubo irregularidades o crímenes, los responsables deben ser llevados ante la justicia.
La Defensoría del Pueblo acompañó ese llamado. El organismo informó que ha venido asistiendo a las familias afectadas y que les brindará la asesoría necesaria. En concreto, se brindará el servicio de representación judicial a través de un defensor público de víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos, que ojalá sea cierto dada la politiquería uribista de la Defensoría de Camargo, la ficha de las mafias de Montería.
Las familias de Divier Hernández y Ana María Sarria anunciaron que demandarán al Estado, pues sostienen que no eran “bandidos”, como ha asegurado el ministro Molano. Recién inicia este episodio que vuelve a enlodar el actuar del Ejército en una región profundamente afectada por el conflicto y los cultivos de uso ilícito.
Exigimos el castigo de los funcionarios comprometidos en este genocidio contra las comunidades indígenas y campesinas del Putumayo.
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