El pasado 11 de febrero, se realizó el primer Consejo Local de Gobierno del año, desde la localidad de Puente Aranda, al que asistieron, la alcalde mayor Claudia López, el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, el secretario de seguridad Hugo Acero, la alcalde local Rosa Montero (encargada) y varios ciudadanos de la localidad.

Trataron varios temas, entre ellos los presupuestos participativos, la reactivación económica y la seguridad de la localidad que, como en todo Bogotá está muy deteriorada.

Al finalizar la reunión, y dentro de las preguntas de los ciudadanos, el ultimo participante, quien no fue identificado, después de describir el estado de la seguridad hizo una pregunta que dejó a muchos ciudadanos perplejos, ante la gravedad de la misma, interrogó:

“Últimamente ha rondado en la localidad de que se va a construir en la Avenida calle 6 con carrera 42 un sitio de reclusión de menores.” Claudia López dice: “Que, al contrario, que se quiere sacar la Cárcel Modelo que yo sepa no se va a construir ningún sitio para menores”, el secretario de seguridad Hugo Acero llega a la mesa, la interrumpe para decirle que es un CTP, la alcalde le cede la palabra para que aclarara el tema.

Acero dice que “a raíz del hacinamiento (de las URI y estaciones de policía) y decretos nacionales se crearon centros transitorios de privación de la libertad, centros intermedios, y uno de ello es para poder des hacinar estaciones y URIS”, relata que buscaron en arrendamiento bodegas en toda la ciudad y que no encontraron y que al final localizaron, para compra, la bodega en Puente Aranda. Y que para poder comprarla tuvieron que modificar el plan maestro de equipamiento.

Los asistentes, en un momento determinado, le preguntan a la alcalde que ¿Por qué tenían oculto el proceso?, la alcalde respondió que no estaban negando nada y que ahí estaban. Aunque el tema solo se tocó cuando se presentó la inquietud del ciudadano. También dejó aclaró que ese establecimiento no se iba de Puente Aranda. Igualmente se fijó para el lunes siguiente, la realización de una mesa presencial en la sede de la alcaldía local, el lunes 15 de febrero.

Con sorpresa vimos como el secretario de seguridad Hugo Acero, unilateralmente, varió la modalidad de la reunión de presencial a virtual, aduciendo problemas de seguridad, no dejaron entrar sino a unas pocas personas, ni siquiera la prensa pudo asistir y se notó como si se quisiera que no trascendieran los resultados de la misma. Los asistentes de la ciudadanía, dejaron muy en claro que “no era una mesa de concertación, que allí no se llegaría a acuerdos” afuera de la sede de la alcaldía se manifestaron en contra del centro reclusorio unas 200 personas. Es de anotar que, como siempre, además de los mas de 50 gestores de convivencia, la alcaldía mandó más de 30 miembros del ESMAD. No se presentó ningún incidente.

A partir de ese momento ciudadanos acuciosos, empezaron a investigar y localizar los documentos en los que se basó la administración para hacer realidad este centro reclusorio.

Lo primero que se supo es que no es solo ese predio en el que se va a construir un centro carcelario, o reclusorio temporal como lo quieren llamar, sino son dos: La construcción de este centro Especial de Reclusión, de la Cra. 41 con Avenida 6, y la ampliación de la URI, con un predio comprado en la calle 10 No. 38 – 75 Bodega 2.

Encontraron también, que desde julio del año 2.020 ya tenían el estudio jurídico de la compra del predio de la Calle 10 # 38 – 75 Bodega 2 con un avalúo de $2.830’402.000,oo.

Igualmente hallaron un documento del 17 de diciembre del 2.020, el Certificado de disponibilidad presupuestal pata la compra de un predio cuyo objeto es: ADQUISICION DE UN INMUEBLE PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO ESPECIAL DE RECLUSION, por un valor de $7.144’435.966,oo. Igualmente dieron a conocer el texto de la modificación Parcial al Plan Maestro de Equipamiento de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia, que hicieron con el decreto 261 del 20 de noviembre del año 2.020.

En los últimos días se conoció un documento de respuesta del Secretario de Seguridad Hugo Acero, dirigido al presidente de la JAL Puente Aranda, Jaime Camargo Molina, fechada el 19 de febrero, en la cual ratifica su decisión de seguir adelante con el proyecto de la Avenida Calle 6 con Cra. 41 y da los detalles del mismo.

En primera instancia detalla las características que tendrá este centro de reclusión: Alojamientos, celdas, cocina, Áreas de salud, visitas, depósitos y todo lo que debe tener un centro de este tipo.

Luego informa la inversión que se necesita:

ÍTEM VALOR
Adquisición de inmueble $10.652.836.920
Adecuación de infraestructura Fase 1 $ 2.000.000.000
Fase 2 Por definir
Planta 2021 $ 3.100.000.000
Contratos de prestación de servicios 2021 $ 508.000.000
Armamento $ 1.070.000.000
Logística para atención de detenidos $ 6.802.000.000

Total $ 24.132.836.920

En la misiva también responde a varias inquietudes de ciudadanos de las que resalto dos:

Cómo se va a evitar la desvalorización? La reducción de los cánones de arrendamiento? (pero sí cobraron valorización)
(Inquietud de Ernesto Cortés, Luz Marina, Edil Ángel Manzano)
La operación del centro la hará directamente la Ciudad y no el INPEC por lo cual las expectativas sobre la operación se deben hacer en función de lo que desde el 2001 hasta la fecha ha demostrado la Carcel Distrital y no la Cárcel Modelo o el Buen Pastor, que son cárceles nacionales que no administra Bogotá sino el INPEC.
El modelo de la Cárcel Distrital ha puesto de presente que, aun cuando esta se encuentra localizada en una zona eminentemente residencial, no se han generado efectos negativos en su entorno en relación con el tráfico, ni con la comisión de delitos, ni con la marginalización,
O sea que la desvalorización de los predios solo se evitará con buenas intenciones y la seguridad la garantiza el Distrito, de la misma forma como ahora lo está haciendo.

POT (¿cumple uso del suelo?) Si el POT no permitía este equipamiento por qué ahora si se puede.
(Inquietud de Julián Lozano, Albeiro Camacho, Ernesto Cortés, Edilesa Gloria Pino)
El Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia (PMESDJ), es el instrumento que tiene la posibilidad regulatoria para habilitar suelo para este tipo de equipamientos.
En su momento, tanto el POT como el PMESDJ reconocieron el suelo para las cárceles existentes, pero no se habilitó suelo adicional para equipamientos destinados a la privación de la libertad.
Con fundamento en lo ordenado por los Decretos Legislativos 546 y 804 de 2020, se destinaron las instalaciones del Centro de Traslado por Protección -CTP- a partir del 27 de mayo de 2020 al albergue de personas privadas de la libertad de manera temporal, para contribuir a la disminución de hacinamiento en las URI y las Estaciones de Policía en la ciudad, así como también se habilitaron espacios en la Cárcel Distrital para el mismo propósito, sin que con ello se haya superado la problemática en las URI y Estaciones de policía. Por ello, se hizo necesario habilitar suelo en la ciudad para los centros ordenados por las normas citadas en concordancia con el mandato de la Corte Constitucional contenido en la sentencia T-151 de 2016 y que fueron recogidos en el Decreto Distrital 261 de 2020.
De esta respuesta nace una pregunta: El uso del suelo en Puente Aranda no es para centros de reclusión, según el POT actual, que no ha sido reformado. Con la modificación al decreto 563 de 2.007, con el decreto 261 de 2.020, ¿El secretario de seguridad Hugo Acero, la ex secretaria de planeación, Adriana Córdoba y Claudia López, modificaron el POT actual, para poder hacer este tipo de proyectos y además lo justifican? Los planes de ordenamiento Territorial solo los pueden modificar los concejos municipales o distritales.

A partir del 11 de febrero la comunidad empezó a hacer movilizaciones ciudadanas para manifestar su rechazo a este proyecto de centros de reclusión en la localidad, máxime cuando esta tiene la mayor concentración de centros de este tipo:
CÁRCEL MODELO
URI DE PUENTE ARANDA
UPJ
CARCEL DE MENORES
4 HOGARES DE PASO PARA HABITANTES DE CALLE
UPJ DE MENORES
COMEDORES PARA HABITANTES DE CALLE

Menos la cárcel Modelo, los demás se encuentran en un área que va desde la Carrera 30 (Avenida NQS) hasta la Carera 46 y entre las Calles 13 y Avenida 6

Los residentes de la zona ya no aguantan que su localidad y sector sean los únicos de la ciudad con este tipo de centros para el tratamiento de la delincuencia, a todo nivel y que se deteriore el valor de sus predios y sobre todo se agrave la seguridad de esta zona importante de la capital. Además reclaman que no hay estación de Bomberos, el hospital lo acabó Enrique Peñalosa par convertirlo en un CAMI que hora de llama CAP, no hay casa de justicia y adolece de muchas de las entidades de tipo social para el bienestar de sus habitantes. Han adelantado varias protestas, plantones e iniciado acciones judiciales para tratar de parar este nefasto proyecto del gobierno distrital.

Quedan varias preguntas en el aire:

¿Por qué no se había informado a la comunidad de este proyecto?
Hay una diferencia entre el Certificado de disponibilidad presupuestal y la respuesta de Hugo Acero en el valor del predio, ¿Se trata de dos predios diferentes?, si es del mismo predio, ¿Por qué aumentó el valor en cerca de 3 mil millones de pesos?
¿Por qué se invierte todo este dinero, si se tiene el proyecto de sacar la cárcel Modelo hacia otro sitio, según lo informó Claudia López?
¿Por qué siendo 20 localidades tienen que escoger unicamente a Puente Aranda para este tipo de sitios?
¿No es más equitativo que cada localidad tenga su URI, suUPJ, Etc.?
¿Claudia López conocía este proceso?
¿Hugo Acero lo está manejando solo?
¿Este tipo de proyectos, por ser de alto impacto social, no requieren de una consulta previa con la comunidad afectada?

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