Quedan tres semanas para que el 29 de mayo se realice la votación que determine, en primera vuelta, el próximo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026.
El contexto de la campaña incorpora varios aspectos que conviene resaltar. Me refiero a la sostenida favorabilidad (44%) del candidato Gustavo Petro en representación del Pacto Histórico, una coalición de movimientos políticos populares que se anotó una importante victoria en las votaciones del 13 de marzo para escoger los integrantes del poder legislativo, donde se ha conformado una bancada de más de 60 parlamentarios de izquierda; a la guerra sucia orquestada por la ultraderecha para enlodar a Petro con supuestos indultos a criminales asociados con la corrupción y el paramilitarismo; a la consolidación y ascenso de la candidatura del ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (24%), en representación del campo de la derecha y de sectores del centro incluyendo a los partidos liberal, conservador, Centro democrático (uribismo duro), Cambio radical (ex vicepresidente German Vargas Lleras) y cristianos, todos con una fuerte representación parlamentaria; a la permanencia de la candidatura del ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández (13%), vocero de una Liga contra la corrupción; y al declive de las candidaturas de Sergio Fajardo (6,3%) e Ingrid Betancur 0.5%); a la y a la irrelevancia de las propuestas de la ultraderecha falangista y de las iglesias protestantes, que terminaran por sumarse al candidato Gutiérrez.
Adicionalmente ayer 2 de mayo se presentó un hecho extraordinario, de extrema gravedad, pero previsible en la política colombiana. El senador Gustavo Petro debió cancelar, por serias amenazas contra su vida, la intensa agenda de manifestaciones públicas en las tres capitales del Eje cafetero (Armenia, Pereira y Manizales); un territorio cuya población es hegemonizada por el discurso de la ultra derecha, la cual controla los aparatos gubernamentales locales, las redes policiales y militares y las telarañas de la mafia del narcotráfico y el sicariato, estructuradas alrededor de la “Cordillera” y de los “Flacos”, las dos principales conglomerados del neoparamilitarismo regional, asociadas al Clan del Golfo, en calidad de franquicias criminales.
En Colombia el magnicidio de líderes políticos opositores y de izquierda ha sido una práctica recurrente en las formas del ejercicio del poder de los clanes oligárquicos dominantes en la sociedad. Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitan, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, han caído asesinados por sicarios pagados por mafias muy poderosas de la política que han utilizado desde hachas, pistolas hasta ametralladoras para sacar del juego electoral a estos representantes de coaliciones opositoras y populares.
Hay que agregar que en las décadas recientes este procedimiento violento se ha sistematizado con la masacre recurrente, el exterminio de miles de líderes sociales y ambientales y la matanza de ex combatientes guerrilleros que han negociado de buena fe con los gobiernos de turno.
De acuerdo con lo informado por la campaña de Petro, los esquemas de seguridad de la misma detectaron un plan para asesinarlo en una de las principales plazas públicas del Eje cafetero; acción que debían ejecutar pistoleros de la “Cordillera” junto los “Flacos” de Cartago, con abundantes conexiones con las camarillas políticas, policiales y del ejército en la region. Un miembro de la Sijin (Dirección regional de la inteligencia de la policía nacional), que intervino en el asesinato del líder juvenil Lucas Vila, es ficha clave en todo el plan contra Petro; al que además están asociados varios gamonales de la politiquería electoral cafetera como “Toto” en Armenia; los Merheg de Pereira, con amplio arraigo en zonas cocaleras; y Gallo, el senador liberal gavirista que ha sido vinculado por la Fiscalía con un prominente jefe mafioso de Pereira, financiador de su pasada campaña electoral al senado; y el senador Mario Castaño de Manizales, vinculado al neoparamilitarismo del Magdalena Medio y a las redes de despojo del Estado con fraudes contractuales.
Demasiado delicado lo que acaba de ocurrir. Una advertencia muy seria que se debe asumir con toda la responsabilidad del caso. El Senador Gustavo Petro debe ir con más cuidado, su trabajo ha sido titánico en los últimos 12 meses y bien se le puede recomendar un poco más de calma en sus giras programadas para las próximas dos semanas. Es mejor que no se exponga y que no le ofrezca el papayazo que está buscando la ultraderecha para liquidarlo físicamente. Ojo que este es un país de mafias muy mortíferas que integran oligarquías de todos los pelajes.
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