Por Hernán Riaño
La propuesta de las diferentes reformas que necesita el país, además de demostrar la urgencia de esos cambios para lograr una mejor calidad de vida para los colombianos, ha dejado a la luz pública una forma de negocios inventada desde el ascenso al poder de Álvaro Uribe Vélez: los negocios privados con dinero público.
Los corruptos y el “ex” implantaron el neoliberalismo, que es quitarle al Estado los servicios que debe prestar y entregárselos a los privados sin ninguna compensación para el país. Se dieron cuenta que volver negocios estos servicios es muy rentable, y aún más hacerlos con el dinero de los impuestos sin aportar un solo peso, pero eso sí, quedándose con el cien por ciento de las utilidades, y en caso de haber pérdidas, que las asuman los colombianos. Así las cosas, se fueron adueñando de todas estas actividades, la salud, las pensiones, las cesantías, el transporte, las carreteras, los peajes, las represas, las hidroeléctricas y todo lo que pudieran convertir en negocio. Esto lo lograron con una guerra sucia, desacreditando, calificando de inepto y corrupto al Estado con campañas llevadas a cabo por los medios de comunicación de su propiedad y con periodistas que sirvieron a este propósito. Todavía se escuchan voces en esos medios que dicen que los servicios inherentes al Estado no los debe prestar éste, porque no es eficiente, que hay un alto riesgo de corrupción y que mejor se los entreguen a los privados.
Pero esta imagen que presentaron y con la que convencieron a un alto número de colombianos, solamente la utilizaron para adueñarse mas rápido de todo lo que implicaba manejo de dineros públicos. Como consecuencia, la ultraderecha se fue apoderando del país en asocio con varios empresarios a los que les entregaron todas estas actividades. Hasta la implantación de la “apertura económica” de su cómplice César Gaviria, los dineros de los impuestos de los colombianos eran administrados por el Estado para darle salud, administrar sus pensiones, prestar los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado y aseo entre muchos.
Así comenzó la expropiación que le hicieron y siguen haciendo, la extrema derecha y sus negociantes, a los colombianos.
El abuso de los empresarios de los servicios públicos es total, desde que empezaron a ser “sus dueños”, y los convirtieron en sus negocios. Se apoderaron de las comisiones reguladoras de tarifas y por ende las aumentan cuando “se les da la gana”. Hacen leyes, con parlamentarios a su servicio, a los que les financian las campañas, invirtiendo miles de millones de pesos, para que, cuando llegue el momento hagan lo que los empresarios les exigen y saquen adelante las normas que a ellos les favorecen. Además no hay ente que se atreva a controlarlos porque es tanto su poder que amenazan o compran funcionarios; a los usuarios les hacen cobros injustificados y les expropian sus inmuebles o terrenos cuando ya no pueden pagar.
De otro lado, las pensiones, las han utilizado para enviarlos a fondos de inversión del extranjero corriendo un gran riesgo de pérdida. Con ellas financian obras como puentes que se caen y hasta los hijos del “ex” los usaron para expandir uno de sus negocios como los centros comerciales (dicho por ellos mismos (1)) y quien sabe cuántos mas. Los dineros de la salud enriquecen a personas, vinculadas siempre a la extrema derecha, son dineros públicos con los que no les dan la salud a los colombianos y por el contrario no se sabe (o ¿sí?), a que bolsillo han ido a parar. Dejan deudas billonarias con los hospitales públicos, que generalmente nadie paga, pero eso sí, ellos reciben “su platica” por anticipado.
En todos los casos el “paganini” siempre es el pueblo, el usuario; y no hay poder humano que los defienda del espíritu depredador de estos empresarios que “cartelizaron” todas estas actividades para el enriquecimiento de sus propietarios y los políticos que los defienden.
El gobierno de Gustavo Petro, coherente con sus promesas de campaña, presentó las reformas pertinentes para todos estos sectores, ¿y quién dijo miedo?; saltaron al unísono los empresarios y políticos que se verán afectados al ver que no podrían seguir enriqueciéndose a costa de los impuestos de los colombianos.
La ultra derecha no tiene argumentos para atacar las reformas, ya que cuando les entregaron estas actividades, lo hicieron sin consultar, a espaldas del pueblo, sin enterarlo y, como dije antes, con una campaña de desprestigio al Estado, además con la “promesa” de que sí serían eficientes. El tiempo demostró lo contrario y ni eficiencia ni nada, solo el desvío del erario a los bolsillos de unos pocos.
Estas reformas y su debate para lo que han servido es para saber cómo fue que se apoderaron y convirtieron en “negocios” estas actividades inherentes a un Estado social. Hoy, ya muchos saben los que han hecho las EPS, los fondos de pensiones, los concesionarios de los servicios públicos, la construcción de vivienda de interés social con la que que se lucran de los subsidios del Estado, los que construyen vías y cobran peajes, y todo con lo que se han enriquecido desde la apertura económica de Gaviria y Uribe. Descubrieron el negocio más lucrativo, apoderarse del país y sus finanzas. Y no solamente se adueñaron, sino que con el sofisma de que “son negocios privados”, no dan información, no permiten que se les controle, audite ni fiscalice, no le rinden cuantas a nadie. Son negocios que se rigen por el derecho privado, dicen, pero no aclaran que con dinero público.
Por eso no quieren las reformas, porque pierden la oportunidad del siglo, negociar con los dineros públicos para beneficio personal, en donde las utilidades son para los privados y que debieran ser para la nación. Si el dinero es del Estado…
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