La Constitución Política de Colombia sentencia como principios fundamentales en sus artículos iniciales que dicen lo siguiente: Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. (El subrayado es mío)
Como podemos darnos cuenta, en Colombia hay una Constitución que, desde el principio del articulado, define que los destinos del país deben ser definidos por los ciudadanos. No son los funcionarios por elección o designación que se creen los dueños del país y actúan como “emperadorcitos”, a los que no se les puede decir nada, quienes definan las políticas que se practiquen en el país. Además, la función del Estado es que debe estar al servicio de todos los colombianos y no al servicio de unos pocos generalmente corruptos y delincuentes. Muy pocos, por no decir ninguno, de estos artículos se ha puesto en marcha por los gobiernos desde 1.991, todo lo contrario, el señor Álvaro Uribe Vélez, muy incómodo por los beneficios que le garantiza al pueblo, la modificó, en asocio con su congreso, en varias oportunidades y en algunos casos con métodos poco claros. Solo hasta la llegada del primer gobierno realmente democrático, se ha visto en el país un camino para devolverle los derechos a los colombianos arrebatados desde hace décadas por esa camarilla dirigida por el señor Uribe. Vale recordar que, entre los derechos que no han podido quitar a pesar de todas las artimañas usadas para ello, son el de petición y el de tutela.
Pero, ¿Qué pasó? A pesar que está escrito en la Constitución y este gobierno quiere cumplirla, todos los poderes feudo-empresariales, muchos de ellos vinculados a diferentes negocios ilícitos, “han puesto el grito en el cielo” para evitar, primero, que se cumpla la Constitución y segundo, que el pueblo reciba los beneficios que le garantiza. Porque ellos no quieren, porque el dinero que se invierte en los ciudadanos no va a parar a sus bolsillos, como ha sucedido históricamente.
Los funcionarios tienen la “maña de creerse emperadorcitos” desfigurando esto que llamamos democracia, que no es más que un modelo feudal de los más atrasados, quieren perpetuarse en los cargos y no rendir cuentas reales a la sociedad. Actúan como dueños y señores de vidas y bienes, ponen placas conmemorativas, hacen libros, pagan publicidad, hacen reuniones, se echan flores unos a otros y tienen un batallón de “periodistas” que vanaglorian todo lo que hacen, los entrevistan todos los días y nunca muestran la verdad de los hechos.
Por eso el título de la columna de esta semana, dicho muy popular en esta parte del mundo, porque todos los funcionarios del ejecutivo, legislativo y ahora el judicial hacen “lo que se les da la gana” con el ciudadano y con el país. Tenemos ejemplos a montón, de los más relevantes el señor Uribe, que hizo del país la desgracia que hoy tenemos; el señor Peñalosa que no ha hecho sino mentir, inclusive de sus títulos de magister y doctorado; la señora Claudia López, que toda su alcaldía fue una eterna farsa; el señor Duque que sigue mintiendo después de que salió del cargo; parlamentarios como: JP Hernández, Katherin Juvinao, Katerine Miranda y todos los del Centro Democrático y para completar el cuadro de desgracias, la rama judicial desde las altas cortes. Es muy tiste para el país recordar lo del “cartel de la toga”, en el cual se demostró que muchos magistrados vendían sus fallos al mejor postor y a quien estuviera interesado en salir beneficiado con sus sentencias, lastimosamente, pareciera, que nunca se acabó ese «cartel». Y si esto pasa en la magistratura, en los demás renglones de la rama, es todavía más grave; hay que pagar desde el mensajero y sustanciador para que un proceso avance, porque si no, duerme el sueño de los justos en los anaqueles de los juzgados. Un país sin justicia es un país destinado al fracaso eterno. Por eso hizo carrera el sabio dicho: “la justicia es para los de ruana”, porque el pobre no tiene el dinero para que un proceso salga a su favor.
Otro ingrediente es el del nepotismo que se tomó a las cortes, los entes de investigación y control. Los magistrados tienen a esposas, hermanos u otros familiares en altos cargos de estas entidades y con unos jugosos sueldos, todos pagados con los impuestos, lo que hace muy difícil que las decisiones de los magistrados puedan ser independientes en casos en los que se involucre a quienes les otorgaron los cargos.
En este panorama no hay quién investigue ni mucho menos castigue a los funcionarios, salvo algunos casos que son tan evidentes, y la mayoría denunciados en otros países, en los que algún funcionario segundón o de medio pelo, sale pagando los “platos rotos” de la corrupción. Los verdaderos autores intelectuales nunca o casi nunca salen “untados”, todo lo contrario, terminan viviendo en otros países, comiéndose la plata que le esquilmaron al erario.
Hay que recordar que los funcionarios públicos deben cumplir una función específica y para eso se les nombra o elije, no nos están haciendo ningún favor, es su obligación porque se les paga un sueldo con los impuestos, entonces no deben salir a hacer publicidad con “sus logros”. No, no son logros, es lo que deben hacer, es su obligación que lo hagan, o si no deben renunciar o ser declarados insubsistentes. Pero ellos creen que por hacer lo que les toca debemos agradecerles, nada de eso, lo que desempeñan lo hacen con dineros públicos, no ponen de su bolsillo ni un centavo, todo lo contrario, hay que pagarles los almuerzos, la gasolina de nuestras camionetas blindadas, los celulares y hasta que las personas, empleadas del Estado, vayan a sus casas a hacerles el aseo o cuidarles sus mascotas.
Sí, el ciudadano es quien, según nuestra constitución, debe participar, decidir y definir los destinos del país y no un grupo de empresarios o políticos que se han creído (¿lo han sido?) los dueños de Colombia y por ende de toda la riqueza que tiene la nación. ¿Cuándo será que el constituyente primario, jefe de todos los funcionarios, tome las decisiones de nuestro país? Si no se decide a hacerlo el futuro será mas que oscuro, porque ellos seguirán determinándolo.
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