A seis meses del inicio oficial de la campaña electoral, se empiezan a presentar las primeras arremetidas de la extrema derecha en contra de los sectores alternativos, con una serie de calumnias y ataques personales a las principales cabezas de la oposición en Colombia.
En estas últimas semanas se ha puesto en evidencia una agenda formada por parte del establecimiento que busca atacar desde todos los ámbitos al movimiento que representa el Senador y Candidato Presidencial Gustavo Petro. Desde el mismo Presidente de la República, hasta la Alcaldesa Mayor de Bogotá han utilizado los medios de comunicación de gran alcance para calumniar al Pacto Histórico; el primer objetivo de esta agenda que busca destruir a la oposición fue el senador Gustavo Bolívar, que recibió tres ataques en estas últimas dos semanas.
Primero: La leguleyada que le hicieron en el Congreso de la República, cuando el Partido Verde promovió el voto en blanco en contra del senador Bolívar que buscaba la segunda vicepresidencia en el recinto legislativo.
Segundo: Un vídeo del actor Bruno Díaz que acusa a Bolívar de estafar y robar a su hijo ya fallecido Diego Díaz, luego de que este último realizara un par de trabajos en el hotel paraíso estudio. Según el actor, el senador no ha cumplido con los pagos e hizo de este hecho una noticia mediática que más allá de solicitar los pagos, busca acabar con la imagen del Senador, pues Bolívar desde sus redes sociales ha demostrado la buena voluntad de pago, publicando una serie de pruebas que demuestran su interés por resarcir lo adeudado.
Tercero: La Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López utilizó el noticiero más visto en el país para señalar que Bolívar y el movimiento que representa ha promovido actos vandálicos en la ciudad de Bogotá, acusación falsa que se configura como un delito, pues la calumnia está consagrada en el código penal colombiano.
Cada día vemos como desde diferentes tribunas se establece una serie de ataques al movimiento alternativo colombiano, y estas actuaciones no son nuevas, pues la estigmatización ha sido un arma poderosa de los poderosos para acabar con todo oponente ideológico.
Estas actuaciones me recuerdan que en pleno 2019 antes de iniciar la campaña electoral a las alcaldías del país, el periodista y político Hollman Morris fue víctima de unos ataques personales que lo llevaron a los estrados judiciales, sin embargo, la Fiscalía General de la Nación archivó el caso porque no se comprobó ninguna conducta atípica.
Se necesitan medidas drásticas y de peso, y no solicitudes de retractación, pues este sería un primer paso que a mi parecer es un paso institucionalista y diplomático ya que cuando se configura un hecho punible en el código penal colombiano no hay recurso alterno a la denuncia penal.
Recordemos que la estigmatización acabó con todo un partido político en la década de los 80 y 90’s en una alianza entre el Estado Colombiano y el paramilitarismo, y pareciera que personajes como el presidente Duque y la Alcaldesa Claudia le siguen el juego a estas prácticas de antaño que solo buscan silenciar la voz de un sector del país que tiene derecho a pensar diferente y proponer ideas de gobierno alternas a las ya conocidas. Actos como estos nos indica que estos personajes quieren seguir viviendo en el país de la corrupción, en el país donde es condenable romper un vidrio y rayar una pared que robarse 70.000 millones de pesos destinados a la implementación de redes de internet para garantizar a los niños de Colombia el derecho a la educación.
La izquierda colombiana y los sectores alternos tendrán como tarea fortalecer su discurso y blindarse de los ataques personales desde un marco normativo que represente serias consecuencias jurídicas, pues hasta la fecha no existe un precedente contundente que condene las actuaciones y peroratas de estigmatización que hacen que se destruya un movimiento político, pues la campaña sucia se volvió un arma común del establecimiento para seguir acabando con los sectores alternativos.
