Caminando por las calles del centro histórico de Bogotá, me doy cuenta del escenario en que me encuentro: un marco ambientado similar a una escena de posguerra, donde las calles alegres y coloridas que son características de este sector, hoy son grises y opacos; las rejas a bajo de algunos locales y las láminas de madera que hacen de escudo de algunos establecimientos me hace cuestionar ¿Quién está detrás de todo esto? y ¿Qué sacan con destruir lo que es nuestro?
Cuando hay manifestaciones en la ciudad, los comerciantes del centro de Bogotá están alerta porque cuando se desarrollan estas movilizaciones los locales de la zona siempre terminan afectados. Desde láminas de madera, hasta tejas de zinc hacen las veces de escudos, pues los comerciantes no saben cómo más proteger sus establecimientos. Pero, ¿Quién está detrás de los actos vandálicos en medio de las protestas? Seguramente nadie tiene certeza de lo que sucede, sin embargo, en las redes sociales se ha visto como algunos encapuchados operan al lado de la Policía Nacional y estos no actúan, pues la omisión de la Policía los convierte en cómplices de los hechos vandálicos por parte de estos encapuchados.
Con lo anterior no quiero decir que la Policía de los colombianos tenga incidencia en estos acontecimientos, sin embargo, estos agentes policiales que ven como destruyen un establecimiento están cometiendo el delito de omisión estipulado en el artículo 25 del código penal colombiano que señala así: “Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal (…)”, y es ahí donde surge varias interrogantes ¿Por qué no ejercen su labor si la ley y la constitución los faculta para actuar?
Otra de las teorías que enmarcan los acontecimientos vandálicos es la del oficialismo que incriminan a los grupos armados ilegales de hacer tomas urbanas en las ciudades principales del país. A pesar de los diferentes señalamientos por parte del Gobierno Nacional en contra del ELN, Disidencias FARC, EPL, entre otros, nunca han publicado pruebas contundentes en contra de estos, pues pareciera que al Gobierno no le interesara dar con los actores intelectuales de estos acontecimientos vandálicos, pero si hay capturas a personajes que no tienen nada que ver con estos hechos, como lo fue el caso del joven artista Álvaro Hernán Melo quien fue capturado e incriminado como actor vandálico durante un concierto sinfónico en la ciudad de Cali. Gracias al trabajo de la denominada Primera Línea Jurídica se pudo demostrar que Álvaro no tenía nada que ver con ningún acontecimiento criminal y fue dejado en libertad. Y es allí donde surge otra interrogante ¿Hay una nueva versión de los falsos positivos, esta vez judiciales?
Son preguntas que quedan en el aire a la espera de un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, que ve como el país se destruye día a día y al Gobierno pareciera no querer dar con los actores intelectuales de estos acontecimientos. Pues la Fiscalía General de la Nación está más preocupada por expropiar camiones y carros que por investigar los presuntos delitos en medio de las manifestaciones, y ni hablar de los paramilitares que salen a disparar en contra de los manifestantes en la ciudad de Cali.
Darle alguna explicación al ciudadano de a pie o al vecino dueño de un pequeño local en el centro de la ciudad es irrelevante, explicarle todas las teorías que hay detrás de esto es desgastante, pues para ellos los culpables son los manifestantes que según ellos salen en masa con el objetivo de destruir, pese a todos los señalamientos y el estigma social a la protesta se sabe que el fin no es destruir sino construir un país desde la democracia y la pluralidad.
