“Ojalá que el espíritu nos guíe y nos cuida para que podamos
Sobrevivir y crear un mundo nuevo”
Lucas Villa
Hay una fuerza telúrica que sacude Colombia desde hace tres semanas, no es la madre tierra que se sacude ante tanto abuso contra ella, es el pueblo, es la juventud indignada que se moviliza desde el 28 de abril contra tanta iniquidad social, contra tanta corrupción, contra tanta violencia, contra tanta mentira, contra las estrategias de terror que cobran vidas y libertades todos los días sin vencer la resistencia civil que crece en el alma de un pueblo que no volverá a ser el mismo.
Ayer en Popayán, antes en Pereira, en Cali, en Buga, en Bogotá o en Yumbo el 17 de mayo, mientras el Gobierno anuncia su voluntad de negociar, siguen los crímenes de Estado a manos del Esmad, sometidos a una estrategia militar, conducidos por el gobierno que espera a través de la represión indiscriminada debilitar el paro nacional y a los representantes de los mismos en la mesa de diálogo para no generar negociación alguna que pueda afectar el statu quo. El presidente anuncia que por la fuerza se desbloqueará las vías y para pretender evitar su eventual responsabilidad penal por los crímenes que se cometan, dice deben hacerlo con el principio de proporcionalidad, respeto de la Constitución y de los Derechos Humanos. Orientaciones que, al no traducirse en responsabilidades políticas frente a los abusos y crímenes de la fuerza pública cometidos, lo hacen también responsable.
Sin embargo, Colombia despierta del letargo que le impuso la pandemia, porque ha comprendido que el virus más peligroso es el que desde el poder le cercena cotidianamente sus derechos.
En esta columna me referiré a decisiones gubernamentales y problemas estructurales que son la fuente de los estallidos sociales, confrontados con las obligaciones que se desprenden del Estado Social de Derecho por las cuales debe regirse nuestra República desde 1991, columna vertebral de los fines de la institucionalidad que el presidente de la República ha violentado permanentemente. En otro escrito subsiguiente desarrollaré la importancia de las movilizaciones pacíficas y de la resistencia civil frente a la necesidad de poner freno a quienes hablan de “guerra civil” frente a la estrategia de destruir cualquier vestigio de democracia en Colombia.
La estrategia gubernamental, reproducida por el partido de gobierno, de que todo esto no es más que el resultado de un complot de Venezuela, del “castrochavismo”, del principal líder de la oposición, del comunismo internacional, del terrorismo, del narcotráfico y que el vandalismo y las movilizaciones hacen parte de la estrategia de la “Revolución Molecular Disipada” [1. https://elpais.com/internacional/2021-05-07/la-revolucion-molecular-disipada-la-ultima-estrategia-de-alvaro-uribe.html] vendida a la fuerza pública por un neonazi, discípulo de Pinochet, se cae por su propio peso, manipulación tan enorme que no tiene eco, sino en aquellos que renunciaron a pensar por sí mismos, los que se autodenominan “gente de bien” o de una fuerza pública adoctrinada para ver enemigos en la juventud, en la diversidad y en la pluralidad democrática.
En respuesta a ello, ha nacido una proclama al unísono entre la indignación y el repudio a las decisiones u omisiones gubernamentales, el inconformismo social es una bomba de tiempo: ¡Ciao Duque, Ciao! Recuperada de una canción partisana contra el fascismo de la Italia de Mussolini. También se habla de la posibilidad de un golpe de Estado ante la pérdida de respaldo de su propio partido, otros reclaman que se anticipe las elecciones o que se convoque una asamblea nacional constituyente, o peor aún se llega al extremo de promover una guerra civil.
¿Pero qué es lo más conveniente? ¿Cómo salir de esta crisis? ¿Qué es lo que más le conviene al país, a la población que se moviliza, a la democracia ¿Se quiere generar un vacío de poder para evitar que las elecciones se produzcan el año próximo ante las encuestas que auguran un cambio profundo en la conducción del Estado? ¿Puede este Paro Nacional resolverse dentro de la institucionalidad?
Para absolver estos interrogantes, resulta ineludible resumir las causas del estallido social ante el incumplimiento del Gobierno frente al Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho, la afectación de la democracia y la necesidad de evitar que la salida de esta crisis sea una mayor violencia que ya hemos padecido a lo largo de dos siglos en la historia republicana.
El sacrificio del Estado de Derecho, del Estado Social de Derecho y de la democracia
El objeto de los siguientes acápites se concentra en establecer la posibilidad dentro del marco constitucional de acceder a un gobierno que se transforme en gobierno de transición y se llegue a un pacto social que evite el derrumbe del país.
Dicho esto, debemos interpretar cuál es el marco constitucional que nos rige para la defensa de la vida humana, de las libertades, de la nación y la democracia mismas. Hay tres elementos vitales como Estado frente al análisis que nos ocupa:
- Estado de Derecho. Toda la función pública y el ejercicio de la misma debe estar en función de cumplir la Constitución y las leyes, toda persona o comunidad debe sentirse protegida por ella, sino es así deben operar los organismos de control y la justicia debe ser garante, cuando hay vulneración de derechos, de que los responsables de delitos, sin importar el cargo que ocupen o la fortuna que tengan serán sancionados. El presidente Duque ha vulnerado el Estado de Derecho, ha ultrajado la independencia del poder judicial, desde el cuestionamiento a las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, las descalificaciones y presiones a la Jurisdicción Especial para la Paz, hasta el copamiento progresivo y concentración de todo el poder del Estado en sus manos. Al haber menoscabado permanentemente el Estado de Derecho la ciudadanía pierde confianza en su presidente y en la institucionalidad.
Todos los funcionarios deben ser garantes del Estado de Derecho, son responsables por acción y por omisión. Los ciudadanos y ciudadanas, debemos contribuir a respetar y a que se respete la Constitución y la ley, a actuar con solidaridad social, a defender y promover los derechos humanos, a contribuir a la paz y hace lo necesario para mantenerla y a colaborar por el buen funcionamiento de la administración de justicia, entre otros deberes que nos impone la Constitución Política en su art. 95.
Este es un Estado presidencialista, lo que conlleva a que el presidente de la república sea Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. El Congreso es el primer escenario de control político sobre los hechos del Gobierno y puede aplicar la censura y obligar a renunciar a los ministros que no cumplan sus obligaciones, pero no se puede censurar al presidente. El presidente sólo puede ser investigado penal y disciplinariamente por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y acusado ante el Senado de la República y si éste así lo decide pedir que sea juzgado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia. Lo cual genera el hecho político de la impunidad, cuando a través de coaliciones, a base de contratos y nombramientos, asegura las mayorías en ambas cámaras.
Cuando se legitima el trato como enemigo, a la ciudadanía que se moviliza, se renuncia al principio del Estado de Derecho y con ello se da espacio al crecimiento del autoritarismo y la represión que conduce a graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Ahora, en contravía del Estado de Derecho, hemos observado con mayor frecuencia situaciones que lo deslegitiman al permitir que, bajo la represión estatal, se presenten excesos y crímenes que ante la abrumadora ola de videograbaciones echan al traste la exculpación de la cadena de mando. Hay evidencia reiterada de civiles armados disparando o destruyendo bienes públicos amparados por miembros de la Policía o del Ejército. El caos provocado como pretexto para generar más represión y con la represión más caos, mientras el presidente reduce él mismo sus márgenes de gobernabilidad.
A pesar de la Sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, que emitió un fallo histórico respecto al derecho a la protesta social en Colombia, ordenando al gobierno nacional garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y ofrecer disculpas por los abusos del Esmad, la sentencia lejos de ser aplicada aumenta la represión ilegitima y criminalización de la protesta social, provocadas por el gobierno y sus aliados a través de los siguientes patrones:
- Uso irregular de armas no convencionales por parte de la policía para causar lesiones y asesinatos, mutilaciones de ojos y homicidios indiscriminados para generar terror.
- Uso de la violencia sexual contra las jóvenes que protestan, expresada en violaciones, lenguaje obsceno, amenazas de muerte, golpizas, torturas y detenciones arbitrarias. Arrestos producidos incluso en las viviendas de los jóvenes donde sin orden judicial y por tanto arbitrariamente, se les priva de la libertad.
- Desapariciones sistemáticas de centenares de jóvenes en distintas regiones del país para sembrar el máximo terror, facilitadas por los arrestos arbitrarios.
- Mediante falsos positivos judiciales se busca inducir en error a la autoridad judicial con la presentación de falsos informes para imputar a ciudadanos inocentes; 2. La infiltración de agentes del Estado en la movilización social que provocan hechos vandálicos, reseñando a quienes son inducidos a la comisión de delitos;
- Alocuciones de miembros del gobierno y organismos que deben ser independientes, como los entes de control o judiciales felicitando al gobierno y respaldando acciones policiales y militares, condenando actos vandálicos sin preservar el principio de neutralidad que impone actuar basado en el respeto a la libertad de expresión, la independencia y el debido proceso.
- Entregando el control de la protesta al mando del Ejército quien asume una posición bélica y de tratamiento de enemigo interno contra los manifestantes;
- Estableciendo una matriz mediática que no muestra en su real dimensión las multitudinarias marchas pacíficas, dándole más espacio a hechos vandálicos para deslegitimar la lucha popular;
- Impidiendo la difusión de información de actos graves y en tiempo real cortando el fluido eléctrico y de internet propiciando los ataques nocturnos;
- Atacando las misiones de verificación, de derechos humanos y de prensa, y restándoles credibilidad a su labor independiente;
- Garantizando la impunidad frente a graves hechos de violencia en los cuales sujetos armados vestidos de civil, acompañados por la Policía, disparan contra los manifestantes. La tentativa de masacre contra la MINGA que dejó 12 indígenas heridos de bala, sin que se haya detenido a nadie aunque los propios atacantes filmaron su acción criminal, es la evidencia de la complicidad del Estado con los crímenes cometidos por estos civiles armados;
- Adoptando un lenguaje abiertamente racista, aporofóbico y xenófobo que da apertura a un discurso de odio y revictimiza a quienes exigen un trato digno en la reclamación de sus derechos.
A lo anterior hay que sumar la violencia y la inseguridad provocada por el propio gobierno en su decisión de destruir el Acuerdo de Paz, impulsando a través de montajes las disidencias y exponiendo la vida de quienes cambiaron la lucha armada por la lucha política en democracia. Desde el Acuerdo 273 firmantes del mismo han sido asesinados,1180 líderes sociales y defensores de derechos humanos desde la firma del Acuerdo y 126 masacres desde 2020 a la fecha. De igual manera 78 personas perdieron la vida a manos de agentes estatales durante manifestaciones en el 2020 y más de 50 este año, además de centenares de personas desaparecidas en el marco del Paro Nacional, 18 víctimas de violencia sexual, 30 personas mutiladas en uno de sus ojos y más de 1500 personas detenidas arbitrariamente según cifras de Indepaz [2. www.indepaz.org.co] y la ONG Temblores [3. https://www.temblores.org/].
El terror como estrategia, la criminalización de la protesta como complemento, no han contenido la movilización social. Un pueblo que no tiene nada que perder se vuelca a las calles para hacerse escuchar, para que se produzcan cambios estructurales en el rumbo del Estado.
Así que desde esta perspectiva Iván Duque como presidente ni cumple el Estado de Derecho ni se le puede aplicar las reglas del mismo Estado para sancionar sus abusos y/u omisiones porque controla a sus jueces.
- Estado Social de Derecho. Art. 1. establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República …democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. El Estado Social no puede ser retórica, es un mandato constitucional para asegurar la dignidad de todas las personas, su bienestar y para ello debe garantizarse la prevalencia del interés general. La sentencia T-406 de 1992 de la Corte Constitucional concreta la evolución del Estado de Derecho hacia el Estado Social de Derecho en los siguientes términos: “pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos”.
Este propósito se materializa en muchos artículos de la carta magna, cito en particular el art. 13 que establece el derecho a una igualdad real y efectiva y, por tanto el Estado debe adoptar todas las medidas en favor de grupos discriminados o marginados, agregando “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Complementado con la garantía de los derechos humanos fundamentales y de su materialización en el artículo 366 de la Carta Política que consagra la prioridad del gasto público social:
«El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. Obligaciones estatales incumplidas reiteradamente por el gobierno de Iván Duque.
Recién fuimos impactados, en medio de la fallida reforma tributaria, con el hecho de que en pleno año de pandemia el gobierno realizó unos de los gastos militares más grande del mundo, en relación a su población y a sus ingresos. Se destinaron para la guerra 9.200 millones de dólares [4. https://www.elespectador.com/politica/colombia-entre-los-30-paises-con-mayor-gasto-militar-en-2020-pese-a-pandemia-article/] que se hubiesen podido destinar para ayudar a más de un millón de pequeñas y medianas empresas, que son la principal fuente de trabajo en el país, al no hacerse se perdieron millones de empleos.
Mas el gobierno si destinó recursos extraordinarios para salvar el sistema financiero, que tuvo utilidades por 55 billones de pesos [5. https://www.elespectador.com/economia/utilidades-del-sector-financiero-llegaron-a-los-55-billones-en-2020-cayeron-41-article/], como a los más grandes grupos empresariales del país.
El gobierno giró en los primeros siete meses de crisis por la pandemia, recursos por 5 billones de pesos: $2.3 billones para el 80% de las empresas grandes y muy grandes y $2.6 billones para el 9% de las pequeñas y medianas empresas. La pandemia condujo a que más de 500 mil pequeñas empresas quebraran, con la perdida de millones de puestos de trabajo. El gobierno no congeló el pago de hipotecas, ni de servicios públicos, ni de arriendos, ni impidió el lanzamiento de familias que no tenían cómo pagar el arriendo o las cuotas de sus casas, se negó a establecer una renta universal para millones de familias que hubiesen reactivado a través de la demanda, la producción. Se impuso la educación virtual sin que millones de estudiantes en campos y ciudades hubiesen sido provistos de internet y de computadoras.
Entre los grupos económicos o empresarios más ricos de Colombia que recibieron subsidios del gobierno, a través de sus empresas, están Luis Carlos Sarmiento Ángulo, Jaime Gilinski Bacal, Carlos Ardila Lulle, Alejandro Santo Domingo y la familia Echavarría. Además de otras empresas y multinacionales como Avianca, Easyfly, Carbones del Cerrejón, Drummond, Cementos Argos, Agencia de Viajes Aviatur de Jean Claude Bessudo, Organización Terpel, Prodeco – la empresa minera que anunció cierre de operaciones en Colombia-, Cemex y hasta la empresa China Harbour Engineering Company [6. https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/los-grandes-grupos-economicos-que-recibieron-ayudas-durante-la-pandemia/20210222/nota/4111515.aspx].
Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. En la región, tenemos uno de los peores indicadores en materia socio-económica, de conformidad con el informe del índice de Desarrollo Regional para América Latina de 2020, nuestro país ofrece cifras con la más baja distribución de su desarrollo regional interno. Le siguen consecuencias ineludibles como la caída del PIB, que arrojó un resultado del -6,8% para el mismo año. [7. Informe DANE 2020.]
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- Los pobres (extremos y moderados) más los vulnerables (que están a punto de caer en pobreza) son el 72,9% de la población. Es decir, 35 millones de personas en esa condición, quienes tienen ingresos mensuales en promedio menores a los $700 mil, es decir menos que un Salario mínimo.
El DANE señala que hay un 42,5% de pobreza monetaria y, que las mujeres que asumen la cabeza del hogar tienen mayor índice de pobreza que los hombres con un 46,7%, además que ahora unos 3,6 millones de personas entraron a las estadísticas de pobreza, mientras que la pobreza extrema en el país alcanzó un 15,1%, es decir 5,5 puntos más que en el 2019.Otra cifra alarmante es la de los 179.174 hogares que se alimentan con una sola comida al día [8. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad].
A ello hay que agregar las reformas fiscales impulsadas por Iván Duque orientadas a descargar el peso tributario del Estado sobre las clases medias y populares, mientras con exenciones tributarias se ha favorecido a los más ricos del país produciendo la desfinanciación progresiva del Estado.
Otro problema estructural, es la corrupción, que según el Contralor General podría ascender a 23 billones de pesos sólo en obras inconclusas o elefantes blancos [9. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad], sin contar porque no se investiga ni se sanciona como corresponde, toda la contratación estatal del orden nacional o municipal que afecta los intereses públicos.
Por otra parte, la deuda externa asciende al 51,8% del PIB cuya principal distribución va enfocada en el gasto, esto quiere decir, que el país se endeuda no para invertir y generar riqueza o desarrollo económico sostenible y capitalización de activos propios que permitan una mayor autonomía económica -o cuanto menos como un factor con tendencia a estabilizarla, sin ningún interés gubernamental en renegociarla, pese a los efectos de la pandemia.
Lo anterior, solamente es un bosquejo de una realidad económica que el colombiano del común puede que no comprenda en cifras, empero que sí padece sus consecuencias a diario, como un efecto dominó que demarca la ruptura social que hoy se expresa en la resistencia social sin precedentes.
El presidente Iván Duque no ha cumplido su obligación constitucional de cumplir con el Estado Social de Derecho.
- Un Estado democrático. En principio, es necesario separar la definición de democracia con el ejercicio puramente electoral. La democracia no se limita a elegir representantes cada cuatro años, la democracia es un ejercicio de poder que garantiza los derechos humanos, el bienestar social, la tranquilidad pública, la movilización y la protesta social. La democracia en suma es la garantía de que todos los seres humanos sean tratados con dignidad e igualdad y la excepción son las medidas afirmativas para garantizar que la población en condición de vulnerabilidad o marginalidad pueda potenciar su participación y derechos para que sean incluidos en la democracia (art. 13 de la CP), en el orden económico y social. La democracia se resume en nuestra Constitución en el Estado Social de Derecho.
En Colombia, la democracia se ejerce dentro de la definición de “democracia participativa” contrario a lo expuesto por la Constitución de 1886, en la que esta se materializaba de manera “representativa”, la diferencia entre una y otra, es que la primera está provista de mayores elementos para no sólo elegir a los representantes políticos de los asociados, sino también, para ejercer un control sobre las actuaciones del poder público. No puede dejarse sin mención, que la democracia demarca el régimen político de nuestro país, basado en la soberanía popular.
Si el Congreso no ejerce su mandato con independencia, si la justicia no actúa con independencia, si los órganos de control no cumplen sus obligaciones constitucionales, si la prensa deja de ser libre para convertirse en amplificadores de las “verdades” oficiales, al pueblo sólo le queda la protesta, la resistencia pacífica, la movilización social, la desobediencia civil, la libertad de expresión y de conciencia.
Nuestra Constitución Política, como lo hemos visto, sentó las bases para la ampliación de una democracia participativa e implementó los derechos a la inclusión social, para eliminar las causas de muchas violencias, en particular de la violencia política, por eso estableció la paz como derecho que debe garantizar el Estado y como obligación social que debe respaldar y reclamar el pueblo. Pero nunca hemos tenido el Estado de Bienestar que consagra la Carta Política, todos los gobiernos desde 1991, han impulsado una economía neoliberal contraria al Estado Social de Derecho
Ante la acelerada privatización de recursos estratégicos del Estado, la privatización de muchos servicios y de empresas públicas, el aumento desmesurado de la deuda externa, el sostenimiento de una enorme burocracia gubernamental, el derroche ilimitado del gasto militar y la incontenible corrupción estatal, el sacrificio de la soberanía y la aprobación de muchos tratados de libre comercio, el Estado Social de Derecho ha sido sacrificado.
Hoy la autodenominada “gente de bien”, que ve bandoleros y terroristas en todos los que protestan, que se llaman a armarse para masacrar indígenas y asesinar a mansalva a los manifestantes, piden la declaratoria de la Conmoción Interior, llaman “ante la ausencia de autoridad” a la guerra civil, piden asegurar el orden público a través de las armas e impedir que las elecciones libres permitan otra opción de poder que afecte estructuralmente el statu quo. Acuden al fantasma del “castrochavismo” para que la gente tenga miedo del cambio, llegando al extremo cinismo de descargar sus propias responsabilidades frente a esta crisis en el principal líder de la oposición.
Debemos en todo caso recordarle al presidente Iván Duque, al que sus propios aliados están dispuestos a sacrificar, que la propia Corte Constitucional mediante sentencia C-453 de 2013, dejó claros los límites y presupuestos del pretendido orden público al mencionar que: “En una democracia constitucional, fundada en el respeto de los derechos y de la dignidad de las personas (CP arts 1º, 3 º y 5º), el orden público no es un valor en sí mismo, es un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo que “la preservación del orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es entonces compatible con el ideal democrático”.
El pueblo en las calles en función de sus derechos constitucionales a la movilización y la protesta -art. 37 de la CP-, art. 18 libertad de conciencia, art. 20 libertad de expresión y otros derechos fundamentales, ejerce la democracia participativa y el control soberano frente a los abusos del Estado y en particular de su gobierno. El pueblo en las calles también defiende el derecho a la paz, porque la guerra sólo sirve para impedir los cambios democráticos que la voluntad popular puede materializar a través de sus derechos políticos
Concluimos en este aparte que Iván Duque no ha cumplido con la democracia, ni con el Estado de Derecho y menos con el Estado Social de Derecho, ni con el derecho colectivo del pueblo colombiano a la paz. Esto explica el estallido social.
Hacia el rescate de la Democracia
El panorama tiende a agravarse porque Iván Duque tiene la presión de su mentor y del partido de gobierno para incrementar la represión y ahogar en sangre la protesta social y, de la propia fuerza pública que con la violencia refuerza su poder armado y, la presión para que no ceda en el diálogo social. Si se debilita lo amenazan con un golpe de Estado. Y ante la barbarie en curso, desde la resistencia se advierte que se puede llevar el país a una nueva guerra civil.
No habrá golpe de Estado, porque no sería sostenible, se incrementaría la resistencia civil en millones de personas que pronto derrumbarían las tentativas autoritarias. En Birmania la Junta Militar que dio el golpe de Estado el pasado 1º de febrero no se ha caído ante las manifestaciones de repudio multitudinarias y el nacimiento de una nueva resistencia armada porque cuenta con el apoyo de China y de Rusia, pero la dictadura caerá y los militares responderán por sus crímenes ante la justicia. Y Colombia no cuenta con ningún aliado en el concierto de las naciones para una aventura militar de ese propósito y se caería muy rápidamente. Estados Unidos que ha sido el aliado tradicional de Colombia, no respalda ni respaldaría un regimen de extrema derecha, que además se inmiscuyó en la elecciones presidenciales de ese país a favor de Donald Trump.
Tampoco habrá guerra civil, aunque se incremente la violencia estatal y paramilitar, porque la respuesta violenta de la población agobiada por la represión sólo generaría más violencia. El pueblo humilde sólo tiene la resistencia y la desobediencia civil como su principal método para alcanzar los cambios que requiere. Aunque algunos pueden ver en la efervescencia de la movilización popular una posible insurrección que derribe el establecimiento y el propio Estado, lo cierto es que sólo se generaría más anarquía y muerte al promoverla, la población civil sería masacrada. Y si hipotéticamente el pueblo pudiese tener sus generales y las armas para hacer frente a la guerra que provoque el propio Estado, incluso si se llegase a ganar, sería sobre el costo de cientos de miles de vidas y un país totalmente arruinado, lo que sería una victoria pírrica, que por inhuma debe ser totalmente descartada. Queda entonces respaldar las movilizaciones pacíficas y la resistencia civil.
¿La renuncia del gobierno de Iván Duque podría ser una solución a la crisis? Si renuncia Duque asumiría la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, lo que tampoco sería una solución y si a ella se le exigiese también la renuncia o ella renunciara la misma tendría que ser aceptada por el Senado de la República, art. 295 de la CP y Ley 5° de 1993 y el Congreso en pleno tendría que elegir Vicepresidente en los 30 días siguientes, en su ausencia asume el ministro del Interior. El nuevo vicepresidente, quien asumiría la presidencia, debería ser del mismo partido político de la vicepresidenta. Lo cual en últimas sería más de lo mismo. Tampoco lo es la propuesta de anticipar elecciones porque se rompería el orden constitucional, sentando un pésimo precedente que en el futuro abriría la puerta a arbitrariedades sin fin.
El Congreso puede ejercer la moción de censura sobre los ministros que una vez aprobada les obliga a dimitir, pero no puede alterar el período constitucional del presidente electo. La revocatoria del mandato sólo opera como mecanismo de participación y control ciudadano para los cargos de alcaldes y gobernadores. Frente al incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Ejecutivo, nos corresponde defender el principio democrático y de legalidad, un mayor caos institucional sólo le favorece a la facción política en el poder que puede pretender cambiar las reglas de juego democráticas para quedarse en el gobierno más allá de lo posible institucionalmente, negar los derechos políticos de la población y de las demás fuerzas políticas.
Nuestra tarea, como ciudadanos que debemos defender y difundir los derechos humanos, la paz, la justicia y el Estado Social de Derecho es el de multiplicar nuestra voz para ponerle límites a un desbocado poder represor y evitar que la democracia ya herida, colapse.
Tampoco lo es la propuesta de una asamblea nacional constituyente, pese al atractivo que representa el éxito de la movilización popular chilena que por fin puede librarse de la Constitución heredada del dictador Pinochet, con una elección popular que no sólo ha asegurado la mitad paritaria en la participación femenina y la participación de los pueblos étnicos, sino de las fuerzas progresistas que lograron una gran victoria en las elecciones del 16 de mayo que por sus mayorías permitirán el cambio estructural del Estado chileno. Pero la asamblea constituyente no es la mejor opción para nosotros, porque como ya vimos uno de los problemas centrales es que no se cumple con los fines de la Constitución y, porque su convocatoria es un proceso complejo e incierto, que podría prestarse para romper el orden constitucional en provecho de la clase política tradicional y del partido en el poder.
No debemos olvidar que estamos ad portas de la elección de un nuevo poder legislativo y un nuevo gobierno, donde debe centrarse la apuesta política de cambio, liberar el Estado de las mafias y de la corrupción que lo han cooptado es un inmenso reto y se puede lograr a través del pleno ejercicio de los derechos políticos de la población, ejerciendo el derecho al voto y salvando la democracia.
Sin embargo, en este plano, es preciso preguntar ¿Si el pueblo es soberano, si la mejor forma de control de los abusos de poder y de defensa de la democracia es la movilización popular, qué sentido tiene negociar con un gobierno que pierde progresivamente la gobernabilidad, qué sentido tiene pactar con un Ejecutivo en crisis que viene dando palos de ciego?
¿Cómo dialogar mientras siguen desapareciendo jóvenes, siendo el reclamo esencial que se establezca el paradero de cada persona reportada como desaparecida desde el inicio del paro el 28 de abril? ¿Cómo dialogar sin que el gobierno reconozca las violaciones de derechos humanos cometidas durante el paro nacional?
Mientras subsista este escenario de represión ilegitima del Estado, dialogar no solamente es inane sino contraproducente. Iván Duque debe liberarse de una buena vez del yugo de su mentor y facilitar el cambio de rumbo de la nación, ejercer un gobierno de transición con personas de irreprochable vida pública en los ministerios y que puedan interpretar y ser reconocidos desde el movimiento social como interlocutores respetables que permitan las reformas urgentes que el país requiere tanto en la conducción del gasto público como en las nuevas leyes que aún pueden aprobarse para ayudar a superar la crisis.
La única respuesta viable en las condiciones actuales implica un pacto social con todas las expresiones juveniles y fuerzas sociales que jalonan las movilizaciones y el paro nacional. Pero para que ello sea posible el gobierno debe asumir sus responsabilidades políticas, separar de inmediato al ministro de la Defensa, a la cúpula de la Fuerza Pública y a todos los comandantes operativos de la misma que han conducido al país a la grave crisis de derechos humanos por sus operaciones ilegales de represión, que han suscitado el repudio de la sociedad en general y condena unánime de la comunidad internacional. Y por supuesto se deben establecer las responsabilidades penales.
Para generar las condiciones que permitan un genuino diálogo y un pacto social, además de lo ya mencionado, Duque debería suspender las aspersiones con glifosato, implementar con responsabilidad el Acuerdo de Paz, proteger a los firmantes del mismo, reconocer la legitimidad e importancia de los liderazgos sociales, de la defensa de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente, iniciar desde ya una profunda reforma de la Policía e impulsar la formación en democracia de toda la Fuerza Pública. Y debe reconocer que detrás de las movilizaciones ciudadanas hay una inconformidad legítima de la población y su gobierno debe dejar de estigmatizar el paro nacional, reconocer que esta movilización popular sin precedentes no obedece a orientaciones de un personaje, o de una fuerza política, que es plural, que es diversa, que es espontánea, que es democrática.
Como conclusión Iván Duque debería impulsar un pacto social que comience por remediar el hambre que padecen millones de personas, implementar con seriedad el Acuerdo de Paz, crear fuentes de trabajo para la juventud, oportunidades reales de educación y pactar las demandas principales de la ciudadanía movilizada. Duque tiene aún la opción de ser repudiado y perseguido el resto de su vida por haber conducido el país al caos, al abismo o, de rectificar en el último año de su mandato siendo capaz de escuchar las demandas populares e implementarlas de buena fe.
Llamo por último a todas las personas que impulsan y se movilizan para reclamar sus derechos, a los que han hecho del Paro Nacional una consigna de amor social y de resistencia civil, que lo sigan haciendo de manera pacífica, que sigan creciendo las primeras líneas de los jóvenes y de las madres y de los indígenas, evitando hasta donde les sea posible las infiltraciones y los hechos vandálicos. La violencia sólo le sirve a la extrema derecha que quiere pretextos para la declaratoria de la Conmoción Interior y la ruptura de lo que queda del orden constitucional para impedir o aplazar las elecciones del año próximo ante la inminencia de su derrota electoral.
También llamo a quienes compartan nuestras profundas convicciones democráticas para congregarnos en una primera línea en defensa de la vida y de la democracia, para evitar el vacío de poder que quiere como pretexto los extremistas argumentando “falta de autoridad” gubernamental para provocar un mayor caos y el colapso de la república. La única salida posible es permitir que además del pacto social, la democracia se renueve y se fortalezca en unas elecciones libres y transparentes. La alternancia de poder puede detener esta bomba de tiempo de impredecibles consecuencias, por tanto, es nuestra obligación defender la movilización social pacífica, promover el pacto social y asegurar que se cumpla con el calendario electoral en curso.
La juventud salvó la democracia chilena, la voluntad popular expresada en las urnas este domingo 16 de mayo logró una composición mayoritariamente progresista en la asamblea nacional constituyente que renovará la institucionalidad y la democracia chilena para bien de su pueblo y de toda la región. Este es el ejemplo chileno que debemos seguir, el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, no el de los herederos ideológicos de Pinochet ni de los nazis agiotistas que han traído como docentes para adoctrinar a una fuerza pública dispuesta a masacrar a su pueblo. Es la hora de la palabra, no de las balas.
