Más de 100 víctimas de falsos positivos acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzaron sus testimonios en el municipio de Granada, Antioquia, sobre más de 160 ejecuciones extrajudiciales cometidas en la jurisdicción de la Cuarta Brigada del Nacional entre 2002 y 2003 cuando el comandante era el general Mario Montoya y así arrancaban los ocho años de la política estatal denominada como ‘Seguridad Democrática’ del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Los familiares de las víctimas en el macro caso número 03 donde se investigan desapariciones forzadas y asesinatos presentados como bajas en combate por militares de esa unidad operativa menor, presentaron sus demandas de verdad y responsabilidad sobre los testimonios ofrecidos por 60 integrantes de la Cuarta Brigada y su comandante, el general Mario Montoya, vinculados a 161 ejecuciones extrajudiciales.
General Mario Montoya ante la JEP
El nombre del general (r) Montoya ha sido mencionado en al menos 24 versiones ofrecidas por comparecientes vinculados al Caso 03. Los familiares de las víctimas se pronunciarán sobre otros 60 relatos de militares subalternos al mando Montoya. Durante la audiencia, que avanza en el municipio de Granada, Antioquia, la totalidad de las víctimas coincidieron en afirmar que Montoya y sus hombres no han dicho la verdad sobre los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Esta primera audiencia se focaliza en el papel del general Montoya como comandante de la Cuarta Brigada. Simultaneamente la Sala de Reconocimiento avanza en la documentación del periodo priorizado 2004-2006, con información aportada por las víctimas y la Fiscalía General de la Nación.
“Granada fue un epicentro de ‘falsos positivos’. Hoy vinimos a escuchar y tenemos a más de 100 víctimas participantes que nos van a presentar sus apreciaciones, expectativas y demandas de verdad. De las 6402 víctimas de homicidios y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate, identificadas por la Sala entre 2002 y 2008, 1.613 ocurrieron en Antioquia. El 25,19% del fenómeno se concentró en este departamento”, aseguró lamagistrada Catalina Díaz.
La Sala de Reconocimiento de la JEP preciso que al inicio de ese lapso, la participación de Antioquia en el total nacional estuvo por encima del promedio global de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ocurridas durante el primer gobierno de Uribe Vélez y la mitad del segundo, en el marco de la ‘Seguridad Democrática’.
En 2002 Antioquia tuvo el 31,07 % del total de casos; en 2003, el 25,41 %; y en 2004, el 34,51 %. Desde 2002 hasta 2008, 501 de los 1.611 casos de los que se tiene información por municipios ocurrieron en el oriente antioqueño.
