Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas
Editor: Francisco Cristancho R.
En la teoría el juez es un ente imparcial, quien después de escuchar las alegaciones de las partes dicta en derecho la decisión que reconoce una garantía o impone una sanción. En la práctica no siempre es así.
Las legislaciones penales colombianas parecen estar hechas para que reine la impunidad y el hampa con privilegios que permiten gozar de libertad, mamarle gallo a la opinión pública y seguir en las mismas. Veamos el caso de José Manuel Gnecco, quien está acusado de haber dado muerte a su esposa María Mercedes, hecho que ocurrió a finales de 2021 y, sin embargo, la audiencia final de juicio está en veremos por dilaciones y ‘recursitis’ de la defensa. Cuenta El Espectador en su edición dominical que el señor Gnecco está siendo juzgado por un amigo suyo, magistrado del tribunal de San Andrés que ha resuelto no declararse impedido para conocer del proceso. Es frecuente ver cómo, so pretexto de una libertad, el sub júdice escapa de la acción de la justicia. Nos dirán que somos carceleros, y no señores, todo lo contrario; pero sí queremos que se aplique la ley sin distinción de cuenta bancaria o posición social. Esta es nuestra protesta ante semejante acto de impunidad.
¿Por qué será que en cada crimen de importancia aparece el sello colombiano? En el magnicidio del presidente de Haití hubo colombianos implicados; mercenarios que otrora habían portado uniformes de las fuerzas militares y opacos empresarios que desde Miami habrían urdido el plan para desestabilizar por completo este país caribeño. Los autores materiales ya están donde deben estar: en la cárcel. Nada de casinos ni de escuelas de cadetes. ¿Y los determinadores? Hasta donde se ha conocido, sus procesos siguen en indagación por parte de las autoridades haitianas y estadounidenses. Lo cierto es que si los estuvieran juzgando en Colombia ya gozarían de libertad o estarían esperándola cómodamente en una guarnición militar.
El epítome de este fenómeno de exportación de sicarios ocurrió hace tan solo una semana, en Ecuador, donde asesinaron a un candidato presidencial y sus presuntos homicidas son seis connacionales nuestros. Por otra parte, hay casos en los que no se precisa hacer viajar a los asesinos, como con Marcelo Pecci, fiscal paraguayo de renombre quien se disponía a disfrutar en paz de sus vacaciones en Barú, hasta donde llegaron sicarios contratados por una organización criminal que perseguía en su país y le causaron la muerte. El mercado de ‘perros de guerra’ preocupa y debe ocupar la atención de las autoridades, en particular de las fuerzas militares en tanto suelen ser exmilicianos quienes lo conforman. Si no se da un tratamiento oportuno a este asunto puede convertirse en obstáculo para las relaciones con los países receptores de estos asesinos a sueldo y eventualmente afectará la política exterior de Colombia.
Galimatías han armado algunos periodistas por tratar de decir y no decir lo que ya es un decir. En las portadas y en los micrófonos de unos pocos pero poderosos medios le hicieron el quite a la noticia de que una de las empresas del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo había sido sancionada con una cuantiosa multa por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, con ocasión de las trampas que emprendieron en asocio de Odebrecht para hacerse con contratos de infraestructura vial. Por lo visto, hay quienes no quieren enfrentarse con uno de los mayores financiadores de pauta del país, incluso si ello resulta perjudicial para sus audiencias. Prevaleció el ansia de alimento al interés por informar. La cosa fue tan cómica que hubo un periodista que afirmó que habían impuesto una multa y al mismo tiempo lo habían absuelto. Si uno no estaba enterado de lo ocurrido, podía llegar a creer que el gobierno estadounidense estaba premiando al Grupo Aval por sus buenos oficios en el desarrollo de la infraestructura de Colombia.
El periodista Gerardo Reyes, a quien tomamos de su cuenta de Twitter, resumió el problema así: “Un titular nada complicado y honesto en el que se informara que el Grupo Aval fue sancionado con una multa de 40 millones de dólares por los sobornos de Odebrecht, lo convirtió sin escrúpulos El Tiempo en una absolución”. Acompañaba su comentario un titular que aparece en la página web de El Tiempo y que se lee “Justicia de EE.UU. deja libre de investigaciones a Grupo Aval por caso Odebrecht”. Con el valor y la independencia que lo caracterizan, el primero en informar la decisión de las autoridades gringas como correspondía fue Daniel Coronell, quien publicó en su cuenta de Twitter: “La SEC de Estados Unidos multa al grupo Aval de Colombia por prácticas corruptas relacionadas con Odebrecht…”
Destacamos por extraño y preocupante lo reportado por Noticias Uno tras la decisión de las autoridades estadounidenses: en Colombia, el Grupo Aval fue multado por haber pagado sobornos por el orden de los 6.5 millones de dólares, pero en Estados Unidos admitió haber sufragado 23 millones de dólares en coimas. Nos preguntamos, ¿esta discrepancia no es un patente fraude procesal? De lo que sí estamos seguros es del poder de vidente, que no bidente, del ahora presidente de la República y entonces senador, Gustavo Petro. Lo que dijo Petro en relación a esta trama criminal fue predicción de lo que efectivamente ocurrió: desde la indagación que tenía que iniciar la autoridad estadounidense al estar listado en bolsa el Grupo Aval, hasta la posibilidad de negociar una eventual condena y la casi garantizada impunidad en las instancias nacionales. Escúchenlo por ustedes mismos dando clic acá.
Hay gente que nos presta toda credibilidad al momento de acusar a alguien, por su experiencia y capacidad investigativa. Es el caso de Gonzalo Guillén, conocido con el hipocorístico Heliodoptero, quien venía anticipando desde hace mucho rato que a los partícipes del piquete de Odebrecht-Sarmiento les aplicarían las cuarenta, permitiendo que muchos le dijeran fantasioso, insidioso y de plano mentiroso. Hoy vemos que Guillén no estaba poniendo las cartas sino su granito de arena para que hubiese justicia. No nos queda más que aplaudir su trabajo y el de varios periodistas que se ocuparon desde el primer momento de este caso.
Notas varias:
Apuntes buenos se ven ocasionalmente en Twitter, como el de este internauta en el que se refiere al hipotético atentado contra el fiscal Barbosa –cuya credibilidad ha sido puesta en entredicho– y que en opinión suya no sería con criptonita sino con el artefacto que verán a continuación:
Ingenioso y perspicaz nos pareció este tuit de Diana López Zuleta: “Nunca se me había pasado por la cabeza que innumerables asesinatos, incluido el de mi papá, fueran motivo de aplauso y recurso para adquirir votos. A Juana Gómez Bacci, hija del asesino Kiko Gómez, no le da vergüenza y dice: “tengo que cumplirle a mi papá”. […] Cuando ella dice que va a cumplirle al asesino, las víctimas nos preguntamos cuántos homicidios hacen falta”. Oportuna y justa descripción de la mentalidad de ese personaje. Estará en la puerta del horno el aval de los partidos de la derecha para la señora Juana Gómez, sucesora del clan.
Adenda: si quieren entretenerse en medio de todas nuestras desgracias, tienen que escuchar la más reciente conversación entre Urías Velásquez y uno de los coautores de esta columna en “La Hora del Terror”, segmento en el que hacen sorna del acontecer nacional. Dé clic acá para ver el video, espiche duro. En esta conversación no hay lugar a mentiras ni a silencios pagos.
Adenda dos: esta columna, para satisfacción nuestra, es reproducida en varios medios de comunicación, entre otros uno denominado La Conversa. Los invitamos a que si por algún motivo no pueden acceder a la columna por los medios habituales, se dirijan a ese medio a leer lo aquí escrito. Gracias a su director, Otto Hernán Riaño, y a sus lectores.
¡Nos leemos en la próxima!
