Colombia, como estado social y de derecho, tiene sus tres poderes separados, en la teoría, el ejecutivo, representado por el presidente de la república, gobernadores y alcaldes; el legislativo, por el congreso, asambleas departamentales y concejos municipales; y el judicial que está representado por las altas cortes, juzgados departamentales y municipales, con todas sus variaciones dependiendo del aspecto judicial al que tengan que referirse.
Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó al poder, dentro de los planes que traía estaba el de cooptar el Estado para su beneficio y el de sus amigos. Decidió poner en cada uno de los poderes públicos nacionales, departamentales y municipales a personas que garantizaran su ideología y de paso defendieran los negocios tanto propios como los de todos los que lo subieron, no solo al gobierno, sino al poder. Sus dos sucesores hicieron lo mismo, agravado por el último expresidente Iván Duque Márquez.
Las gobernaciones y alcaldías fueron tomadas por los gamonales regionales de su corriente ideológica y en muchos casos de grupos paramilitares y narcotraficantes que los pusieron en esos cargos, saqueando el erario y robándose los recursos que eran destinados a la población mas vulnerable especialmente los de la niñez.
El Congreso aprobó leyes que solo beneficiaban a unos pocos empresarios y personas de dudosa conducta, nunca hicieron alguna ley que beneficiara al pueblo y en las épocas de Uribe presidente, el 35% del congreso fue puesto por el “narcoparamilitarismo”, hecho confesado por Mancuso en varias oportunidades.
En los últimos años, los entes de control no escaparon al asedio y apropiación de Uribe y su combo. Recordemos una procuraduría como la del “obispo” Ordoñez y la de la actual Cabello Blanco. Además la fiscalía sí que ha sido una herramienta de los presidentes para ejercer su control sobre los colombianos y taparle a sus asociados todos los delitos que han cometido. Solo nombraremos los más nefastos: Humberto Martínez Neira (su padre, el gran periodista y humorista Humberto Martínez Salcedo, estará revolcándose en su tumba) y el que está de salida, el compañero y amigo del alma de Iván Duque, Francisco Barbosa.
Pero lo más grave es lo que ha pasado en el poder judicial incluidas sus altas cortes. En los últimos años, el país ha asistido a unos hechos, que más que bochornosos, son de una gravedad inusitada por lo que representan para el pueblo colombiano. Desde hace muchos años, los colombianos acuñaron la frase de “la justicia es para los de ruana”, cuando quienes usaban esa gran prenda nacional, eran los campesino y la gente pobre. Esta frase quiere significar que el que tiene dinero puede burlar la ley y no ser condenado por ningún delito, por grave que este sea, lo que demostraría que la corrupción en esta rama judicial data de hace muchos años.
Lo que han mostrado las llamadas altas cortes en los últimos tiempos deja mucho que pensar; la Corte Constitucional expidiendo sentencias que atentan contra el medio ambiente derogando anteriores solo para beneficiar a unas multinacionales corruptas y depredadoras y a unos interesados nacionales que obtienen pingües ganancias con estas decisiones. Declaró inexequible el decreto de emergencia económica para la guajira (1), como si el beneficiado con esos decretos fuera el propio Petro y no las habitantes, sobre todo los niños, de la Guajira. En las últimas horas, también, declaró la inexequibilidad al decreto de subsidios para los pobres de ese mismo departamento.
Un Concejo de Estado que se dedicó a perseguir a los parlamentarios elegidos libremente por los colombianos para que los representaran (casualmente todos afectos al gobierno del Pacto Histórico), quitándoles sus investiduras de senadores o representantes, para evitar que aprueben las reformas que tanto están necesitando los colombianos. No se ve esa misma diligencia y severidad con parlamentarios sub judice de partidos afectos a Uribe.
Pero lo que ha rebasado la confianza en estas instancias judiciales es lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia en los últimos años: El cartel de la Toga en el que vendían fallos o los evitaban, un magistrado presidente de ese tribunal con agencia de empleo para sus amigos y familiares, magistrados con confesas posiciones sobre aspectos de la vida nacional y no se declararon impedidos en los fallos que tenían que ver con esos casos, decisiones que benefician a personas que no las merecen, son solo algunos ejemplos (2).
Lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia con la elección del Fiscal General de la Nación, quien debe ser reemplazado por el vencimiento del período, después de haber anunciado que el 7 de diciembre elegirían, al funcionario que dirigirá la fiscalía por los próximos 4 años, sin ninguna razón convincente, decidieron aplazar esa decisión para el 25 de enero de 2.024, dejando el espacio abierto para que haya una interinidad en el cargo que usufructuará la vicefiscal, ha dejado preocupados a muchos colombianos, por lo que esto representa para el país. Se ha llegado a tal punto que un magistrado ha insistido, sin argumentos legales, que el presidente debe incluir un hombre en la terna para dirigir la fiscalía y pone tutelas solo para retrasar la decisión. Es necesario recordar que las actuaciones de los dos funcionarios están bajo un manto de duda por sus resultados y sus íntimas relaciones personales con el «ex» y su pupilo Iván Duque.
Un país decente y moderno no puede subsistir si sus entes que administran justicia no son confiables y no trabajan por el bien del Estado. En otros países, los jueces y magistrados son personas de una conducta y ética intachables que les da la confianza que sus conciudadanos necesitan y para que el país no se derrumbe. La justicia colombiana debe tomar el rumbo para la cual fue creada, no se puede dar el lujo de estar en el ojo del huracán por estos hechos y muchos más que no hemos mencionado. Si la Corte Suprema quiere ser respetable y respetada debe hacer todo lo necesario para que ello ocurra, deslindándose de hechos oscuros del pasado. Solo así se puede garantizar un futuro para los colombianos.
La conclusión clara que queda es que esas altas cortes con sesgo uribista, no están a favor del pueblo. No es entendible que, sobre sus decisiones, pese más la animadversión al presidente que las necesidades de los más pobres del país y la garantía de la democracia.
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