Desde el pasado lunes Glasgow (Escocia) acoge la celebración de la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), un encuentro anual que se produce desde 1995 en aras de alcanzar acuerdos sobre el enorme problema medioambiental que se cierne sobre el planeta. Lo que en 1995 parecía un problema menor y futuro, es en 2021 un problema dramático y presente. Un problema global, que requiere de la actuación de todos porque afecta a todos. La crisis climática es el gran reto al que se enfrenta la Humanidad porque reta, directamente, a su supervivencia. Sólo podrá superarse si se afronta con firmeza y actuaciones verdaderas.
La sensación es inevitable: parece que el cambio climático es sólo un problema que se debate en el primer mundo. Desde 1995 se han celebrado 26 convenciones, sólo faltó la de 2020 por la pandemia. Trece de ellas, la mitad, tuvieron lugar en Europa, cinco en América, cuatro en Asia y cuatro en África. Quince se hicieron en países desarrollados. Sólo en Polonia se han celebrado tres, las mismas que en toda América del Sur. Según anunciaba Forbes en abril de este año, los cuatro países más contaminantes son, por este orden, China, Estados Unidos, India y Rusia. De ellos tan sólo la India ha acogido este evento, lo hizo en 2002, en la ciudad de Nueva Delhi. De primeras ya se observan ciertas desigualdades: es un problema de todos que se ha repartido mal y del que los principales responsables apenas ejercen liderazgo. Mientras tanto las consecuencias cada vez son más graves.
Estas conferencias, a las que se les achaca a menudo que son infructuosas, tienen un impacto positivo en tanto que al menos suponen una puesta en escena. Durante ese tiempo el cambio climático es un problema que acapara pantallas, páginas y, en definitiva, atención. Al menos eso. Por eso no es ningún desvarío pensar, primero, que los principales países contaminantes debieran liderar este tipo de eventos y, segundo, que la sede fuera rotatoria e involucre a más territorios. Debe dejar de ser un problema global que se debate en esferas más limitadas.
Si uno revisa los portales digitales de los dos medios colombianos tradicionales observará que la COP26 apenas es una etiqueta en tendencias, pero con escaso contenido y sin protagonismo visual. Así, la COP26 se convierte en unas siglas para entendidos, indescifrables. Sin embargo, Colombia es un país que sufre las consecuencias del cambio climático con extrema dureza. Iota arrasó Providencia y dejó profundas heridas no sólo en los archipiélagos, sino también en la Colombia continental. Poco antes había pasado Eta. Cada vez más huracanes y más violentos que no sólo dejan víctimas mortales, sino que en el caso de Iota, la isla de Providencia quedó deteriorada o destruida en un 98%. Todo perdido, y todo por hacer, otra vez. Las inundaciones de este verano también son otra huella que deja una naturaleza cada vez más agresiva a causa del impacto del hombre.
La lucha contra el cambio climático requiere de medidas drásticas. Y hay que empezar por la premisa más básica por increíble que parezca a estas alturas: reconocer que tenemos un problema. Todos. La semana pasada, el doctor en comunicación Daniel Rodrigo-Cano, explicaba unos primeros pasos, concretamente cinco, para abordar el problema. En primer lugar, admitir que es real, que existe. En segundo, reconocer que somos nosotros los principales causantes del problema. Posteriormente, aceptar de una vez que el acuerdo científico en torno a estos dos puntos es irrefutable. No hay lugar para relativismos posmodernos. El factor humano en el cambio climático no es una creencia, es un hecho contrastado científicamente. Hechos, no ideologías. En cuarto lugar, es un problema real, provocado principalmente por el hombre, avalado por la comunidad científica, y es malo para todos, no sólo para los seres humanos. Por último, lo más importante, hay esperanza. Pero requiere actuar ya. Y de manera drástica.
El cambio climático es un problema complejo pero que requiere ser abordado. Y requiere ser abordado no sólo en los países desarrollados. El conflicto entra, sin duda, con un contexto social claramente desfavorable. Las urbes desarrolladas cuentan con un sistema de transporte público eficiente, con notables opciones de mercado para poder cumplir con actuaciones básicas en esta lucha, véase facilidad para el reciclaje u opciones alimentarias vegetarianas, y en definitiva con la mayoría de la población con sus necesidades básicas cubiertas. Pero esa realidad es a menudo una burbuja.
Desde luego un país como Colombia está lejos de dicho contexto. El transporte público es completamente ineficiente, las opciones de mercado son limitadas, no sólo por la variedad, sino por la disposición socioeconómica del colombiano medio, la recogida de basura ni siquiera es diaria. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 30% de los hogares colombianos dejó de comer durante tres veces al día en el año 2020. Es decir, tres de cada diez casas en Colombia no alcanzan el mínimo de comidas durante el día. Se trata de un agravamiento de la situación social de un país cuyas condiciones sociales ya eran alarmantes.
Esta cifra tuvo que ver, especialmente, por la pandemia causada por el coronavirus, que ahondó en unas condiciones estructurales deficientes. El cambio climático aumenta los riesgos de que las pandemias se produzcan con mayor frecuencia, entre otras cosas por el contexto de globalización actual. La pandemia no es sólo un problema de salud que ha provocado más de 127.000 muertos en Colombia, sino que tiene un impacto directo en la supervivencia de los ciudadanos: negocios que cierran, comida que no llega a los hogares, más pobreza. El cambio climático no es sólo un poco más de calor en el termómetro (0’6º en los últimos 22 años en Colombia), sino todo lo que ello origina. Problemas de salud, problemas económicos y destrucción medioambiental. Los estragos en esto último son dolorosos: Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad mundial (el segundo según WWF), ha perdido un 18% de la misma a causa de la agricultura y ganadería expansiva según el Instituto Humboldt. La agricultura y ganadería expansivas son dos de los principales causantes del cambio climático. En Colombia, informa WWF, hay 407 especies en peligro de extinción por la mano del hombre.
Todos estos son motivos más que suficientes para que como individuos se lleven cambios en nuestros hábitos de vida. No hacerlo comporta un perjuicio grave para la salud y para la supervivencia. En 2019, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, 11.000 personas se desplazaron en el país a causa del problema climático. Esta cifra aumentará con el paso de los años. Colombia, por su situación económica y social, es más vulnerable a los efectos del cambio climático: menos recursos para recuperarse de situaciones catastróficas que cada vez serán más frecuentes. El mensaje es claro y contundente. Por eso requiere ya una actuación desde todos los actores intervinientes: individuos, organizaciones e instituciones. Nadie está exento y ésa es la primera frase a grabar.
Son estas últimas las que más han de afrontar este problema porque tienen la responsabilidad de liderar estas nuevas conductas. Por dos razones: la situación socioeconómica en Colombia impide a muchos individuos modificar sus hábitos de vida; a las instituciones se les presupone la capacidad de legislar para hacer frente a un problema del que las grandes empresas son las principales responsables. Las instituciones colombianas, como las de todo el mundo, están en la obligación de legislar y hacer frente a un problema agravado por el sistema económico mundial. Rescatar la soberanía constitucional es urgente. Reducir la emisión de plásticos, mejorar la movilidad urbana, ofrecer un servicio de reciclaje eficaz, implantar modelos económicos sostenibles como la economía circular, impulsar una mejor alimentación (saludable y sostenible), o fomentar los espacios verdes, son algunas de las iniciativas que están en manos de los gobiernos.
Todo ello puede hacerse con alternativas laborales para aquellos trabajadores que pertenecen a empresas excedentes en contaminación. Las instituciones deben ser firmes y drásticas para enfrentar al principal obstáculo que impide este cambio necesario: la economía de mercado. El sistema económico actual se lucra de un modelo socioeconómico insostenible, destructivo y que amenaza a la supervivencia del planeta. La responsabilidad social de las grandes empresas es otro producto más al que sacar rentabilidad. Tampoco se espera solidaridad de multinacionales cuyo impacto medioambiental hace aún más vulnerables a países de los que extraen materiales mientras los beneficios se van de sus fronteras. El problema es mucho más complejo y las soluciones son complejas. No entrar en ello será una pérdida de tiempo. En contraste, la máxima es sencilla: un planeta agotado y en vías de extinción lo será para ricos y pobres
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