La llegada del nuevo Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, a la cabeza de esa entidad, encargada de auditar y hacer control fiscal a los billonarios recursos que se mueven anualmente en las 43 cajas de compensación, ha puesto a temblar a más de uno.
Uno de los primeros hallazgos fiscales con incidencia penal y disciplinaria, que ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría por la Supersubsidio es el caso relacionado con Comfacor, que obligó a la salida de su directora Martha Saenz Correa el pasado mes de diciembre, por la celebración de dudosos contratos.
Saenz, cuota del partido liberal, había llegado en 2021 y ese mismo año declaró a Comfacor en ‘desequilibrio financiero’ y aseguró que tenía un pasivo por 350 mil millones de pesos, pero pese a eso celebró contratos hoy en la lupa de los entes de control; y luego procedió a pedir una indemnización por 700 millones al asegurar que hubo presiones políticas para su repentina salida.
No obstante a la realidad financiera de Comfacar la hoy ex directora celebró un contrato por 10.033 millones de pesos para la administración de un saldo que apenas era de 3.084 millones, como resultado de la liquidación del programa de salud de esa Caja, es decir de su EPS.
Question Resolution Solution Consultants & Legal SAS, representada por Juan Gabriel Espitia Medina fue la seleccionada por Martha Sáenz. Esta firma a su vez tercerizó los objetos del contrato, y contrató a Documenta, Logística-Documental S.A.S. por un monto de 2.682 millones de pesos para la gestión administrativa y de cartera.
Otra de las firmas beneficiadas fue la del reconocido abogado uribista Abelardo De la Espriella, De la Espriella Lawyers Enterprise S.A. que obtuvo un contrato por 3.725 millones de pesos, para la defensa jurídica de la entidad.
Otro contrato de Comfacor, adjudicado al consorcio Construparque Tacasán en octubre de 2022 se habría auditado por los 5.026 millones de pesos que se entregaron como anticipo de un total de 12.565 millones para la adecuación y supuesta ampliación del parque de la caja llamado Tacasuán, en Montería. Veedores de la Supersubsidio visitaron las obras en terreno hace un mes y concluyeron que la obra solo llevaba un 1 por ciento de ejecución.
Otras Cajas en la Mira
La OtraVoz conoció que las denuncias por irregularidades en estas cajas ya han sido presentadas en los entes de control por presunta corrupción en la Cajas de Compensación localizadas en Huila, Barrancabermeja y Guajira.
El superintendente Luis Guillermo Pérez, le aseguró a este portal de noticias que Las Cajas, no deben ser instrumentalízadas por intereses partidistas o caudillistas porque se afecta la democracia. Las cajas intervenidas tienen serios problemas financieros, sus acreencias en salud superan los 600 mil millones de pesos, es deber de la SSF recordar que los recursos e inmuebles de las cajas son inembargables.
Pérez, quien antes de llegar a la Supersubsidio se desempeñó como magistrado del CNE, Consejo Nacional Electoral, añadió que las 43 Cajas de Compensación han recibido 10 billones de pesos en 2022, y que es misión de la superintendencia auditar el destino de esos fondos, que por ser recursos públicos deben cumplir con la misionalidad para los que están destinados.
Las denuncias en Cafaba (Barrancabermeja) tiene que ver con la pérdida de 480 millones de pesos de un CDT de 1.000 millones que arrojó la auditoría de la Supersubsidio y cuya directora Judith Moreno Tellez no ha podido explicar.
En La Guajira la respectiva auditoría arrojó que la situación financiera de Comfaguajira tenía activos por 30.020 millones y pasivos por 56.067 millones hasta agosto de 2022. También se detectó el presunto uso irregular de una tarjeta de crédito corporativa cuya actividad no ha podido ser justificada y aparentemente no tiene nada que ver con las compras aceptadas para el cumplimiento de la misión y los objetivos de esa caja.
Las denuncias contra la administración de Comfahuila tienen que ver con el nivel de endeudamiento de la misma que pasó del 87 % en 2021 al 96 % en 2022 y por gastos inexplicables en camionetas lujosas por encima de 250 millones de pesos, como la Toyota Prado modelo 2021, plata metálico.
Por estas denuncias, y para muchos analistas políticos, es curioso que la Procuraduría General le abriera a Pérez una investigación hace dos semanas por solicitarle a las Cajas de Compensación información para cumplir su misión como ente de control y vigilancia.
Pérez no había terminado de pronunciarse públicamente sobre esta situación, cuando la Procuraduría, días después, le abrió una segunda investigación por nombrar como secretario general de la Superintendencia de Subsidio Familiar a una persona de 70 años.
El Superintendente frente a lo que varios ciudadanos ya califican como persecución a un funcionario y al gobierno del presidente Gustavo Petro, indicó que para los cargos de secretario privado o secretario general la ley no tenía límite de edad, que es una excepción a la norma; y así se lo hizo saber a la Presidencia de la República y a la misma Procuraduría.
Desde varios sectores sociales, políticos y ciudadanos se manifiesta en redes sociales acompañando a Pérez y rechazan la persecución como mecanismo político de la actual procuradora
Para Luis Guillermo Pérez, es claro que Las Cajas hacen parte de un sistema que cumplido 65 años y que a lo largo de décadas han generado bienestar para millones de familias en el país, sus centros de recreación, sus escuelas deportivas, de música, de cultura, los subsidios adjudicados para vivienda, para los menores hijos o personas con discapacidad, sus teatros y centros de convenciones son mejores que muchas instalaciones públicas; por tanto el interés de la SSF es contribuir al saneamiento de las Cajas Intervenidas y el de contribuir a proteger sus recursos para el mejor bienestar de los trabajadores y sus familias.
