Desde el pasado lunes las vías que comunican la Guajira con Cesar y el interior de Colombia fueron bloqueadas por varias comunidades Wayuu, que le reclaman al gobierno que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que les garantiza los derechos al agua potable, la salud y la alimentación para los niños indígenas. El Pueblo wayuu además busca que se instale una mesa de la comunidad donde ellos puedan participar en los diferentes puntos del Plan Nacional de Desarrollo.
Las protestas iniciaron en Mayapo y Manaure, y se han ido ampliando a otras vías como la que conecta a Riohacha con Santa Marta y con Valledupar, y en los últimos dos días las manifestaciones se ampliaron en el puente de Arroyo Pozondo, entre Barrancas y Hatonuevo; y en el sur de La Guajira.
La Secretaría de Salud de La Guajira tuvo que hacer un llamado a los Wayuu para que dejaran transitar los vehículos de los servicios médicos del departamento tras varios episodios que no permitieron el paso de ambulancias con pacientes. Como respuesta, los promotores del paro pidieron a los marchantes permitir el paso de las misiones médicas ante la posibilidad de la presencia de una comitiva del Gobierno Nacional
Desde el Congreso, la senadora Wayuu Martha Peralta anunció que habló con el Gobierno Nacional para que se priorice la situación en su departamento. “Hay que tener en cuenta que por primera vez en la historia se priorizó en el Presupuesto Nacional el dinero para cumplir la Sentencia T-302, que ordena salud, agua y alimentación para la niñez de La Guajira. Ningún otro gobierno lo hizo. Esto apenas está comenzando”, dijo a través de sus redes.
Por otro lado, la administración departamental expresó que apoyan las solicitudes del pueblo Wayuu, que respetan las protestas pero no estan de acuerdo con los bloqueos. De igual forma el secretario de Salud de La Guajira le dijo a El Pilón que han invertido más 32 mil millones de pesos en programas para atender la desnutrición de los niños indígenas especialmente atendiendo la sentencia de la Corte pero que no era suficiente y estaban a la espera de una reunión con Astrid Cáceres, la nueva directora del ICBF.
Por su parte la Corte Constitucional realizó una inspección judicial, alrededor del arroyo Bruno, para verificar el cumplimiento de la sentencia que amparó los derechos fundamentales a la salud, el agua y la seguridad alimentaria de las comunidades wayuu ante el desvío de este rio.
También la Procuraduría abrió indagación contra el gobernador de La Guajira, José Jaime Vega Vence, y los alcaldes de Riohacha, José Bermúdez Cotes; y de Uribia, Bonifacio Henríquez, por presuntas demoras evidenciadas en el inicio y aplicación del programa de Alimentación Escolar, PAE.
