¡Vergüenza¡
Otro macro escándalo de corrupción en el Departamento para la Prosperidad Social DPS encargado de dar cumplimiento a la Ley 1448 del 2011 en lo relacionado con la reparación social de las victimas del conflicto armado. Ocurre justo el día en que se dio a conocer el informe de una corporación global dedicada al tema de corrupción y transparencia en el funcionamiento de los estados (https://
El evento dado a conocer por los medios de comunicación (ver https://www.infobae.com/
Este hecho lo que está indicando es que el DPS -institución clave en la política social del actual gobierno- sigue funcionado en “modo de corrupción uribista”, no obstante las advertencias que, como Auditoria social, hemos hecho a los altos funcionarios de esta entidad -como el señor Carlos Chinchilla, responsable de los proyectos estratégicos allí- desde finales de noviembre del año anterior, a quien le indicamos, de manera puntual, el papel oscuro y delincuencial de Operadores como Diego Moreno (Terrazul y UT Familias 2021), Alejandro Cárdenas (y su esposa Andrea Pinzón Agudelo, jefe de la Asociación Colombiana de Innovación), Andes (RGualdron), Andrea Santos (Fundación nuevos Libertadores), Angela Garzón ( Consorcio Escalando Futuro Corprogreso), Gloria Esther Añez Martínez ( UT Alianza Fest IV) y José Enrique Herrera Jiménez (Consorcio Fest Caribe).
Los anteriores conforman una red de operadores, beneficiarios de contratos multimillonarios -más de un billón de pesos- en los programas FEST, Iraca, Familias en Acción, Adulto mayor e Ingreso solidario, en los que hemos detectado centenares de irregularidades en la entrega de los incentivos monetarios a los hogares focalizados en líneas como la seguridad alimentaria, los proyectos productivos, el mejoramiento de vivienda, el fortalecimiento comunitario, las compras de insumos, los atropellos a los gestores sociales, la gestión del cuerpo de supervisores del DPS y los desembolsos a los intermediarios y comisionistas que han tramitado la adjudicación fraudulenta de los contratos.
Irregularidades que la Oficina de control interno de la entidad, en cabeza de la señora Ingrid Milay Leon Tovar (herencia uribista del gobierno de Duque), se ha negado a examinar tercamente desde hace 2 años, dada su funcionalidad con el ejercicio corrupto de Susana Correa (ingenio Mayagüez) y su sucesor Pierre García (ficha del impúdico clan Barreto del Tolima) en la dirección general del DPS a lo largo del gobierno del señor Ivan Duque.
Los nuevos funcionarios del DPS, designados con la mayor buena fe por el presidente Gustavo Petro, tienen una enorme responsabilidad con la administración de esta entidad estratégica del actual gobierno; de su compromiso ético y voluntad de cambio depende que se actúe con fuerza frente a la corrupción que campea ahí; no puede ser que la frivolidad y la indiferencia se impongan facilitando la acción criminal de los Operadores -bien conocidos-.
La vía más adecuada para dar transparencia a la contratación y a la escogencia de los operadores de cada uno de estos programas, es permitiendo la intervención y el control, constitucional y legal, de las Veedurias y auditorias sociales independientes -no las pagadas por los contratistas señalados- en coordinación con la Contraloría General de la Republica, que en cabeza del actual jefe de esa entidad, Dr. Rodríguez, ha mostrado toda su disposición para reabrir los procesos de investigación sobre los contratos y operadores de las anteriores administraciones que presentan manifiestas manchas de corrupción y saqueo de los dineros de las comunidades como lo pudimos constatar en Quibdó, Meta, Tumaco, Pizarro, Alto Baudó, Docordo, Yuto, Rio Quito, Bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca, Nechi, Arboletes, Urabá, Necoclí, Carmen de Bolívar, Zambrano, Puerto Concordia.
Si la señora Cielo Rusinque -y su flamante equipo de asesores- quiere en verdad dar un vuelco al DPS para erradicar la corrupción en esa entidad, lo primero que debe hacer es poner a funcionar la Oficina de participación ciudadana -en cabeza de otra herencia uribista- de esa entidad, para que la sociedad civil, las Veedurias y auditorias ciudadanas colaboren en la erradicación de la criminalidad que tiene secuestrada dicha institución.
Un primer paso es echar a rodar cuanto antes las Mesas de articulación entre las Veedurias ciudadanas y la Oficina de Control interno.
De haber echo eso desde los primeros días de este gobierno, no se habría cometido el error de nombrar a ese Secretario General Jonathan Ramírez, destituido rápidamente por el presidente Petro; o a la directora del DPS en el Quindío -Luz Elena Forero (cuota de Barreras), quien convirtió esa entidad allí en un nido de politiqueros y de manipuladores de las partidas presupuestales para los programas de ejecución regional con el fin de favorecer las pretensiones electorales de su compañero marital. Igual a lo que ocurre en el Valle del Cauca, en el Meta, en el Cauca, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Nariño. ¡Qué falta de ética y de criterio petrista en estas designaciones¡
